Una nueva crisis política sacude a Perú. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 por estar acusado de estar involucrado en una trama de corrupción vinculado a Odebrecht, su sucesor Martín Vizcarra no pudo encaminar una serie de reformas que fueron rechazadas por el Congreso. “Asumí con la convicción de que sería posible generar una nueva etapa de transformaciones que condujeran a nuestro país al futuro que se merece. Ya desde mi discurso de investidura planteé las líneas de mi plan de gobierno, de la lucha anti-corrupción y el fortalecimiento institucional como sus dos primeros pilares”, explicó Vizcarra en conferencia de prensa. “Sabíamos que ese camino urgente para el Perú no sería fácil si no contábamos con el apoyo del Congreso. Pero este se volvió aún más complejo ante una oposición sistemática al desarrollo de la reforma de justicia, a la reforma política y a cualquier medida que vaya contra los esquemas de impunidad y de protección de intereses subalternos”, agregó. “Aún más cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno sino a la sociedad en su conjunto”, subrayó el presidente.
Los últimos mandatarios de Perú no han tenido un buen destino. Kuczynski, Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori tuvieron sendos procesos judiciales, en varios casos con condena de prisión o pedidos de extradición y hasta la propia muerte por suicidio de García el 17 de abril del corriente año. Luego de una nueva gestión fracasada frente a los congresistas, Vizcarra tomó una decisión que provocó reacciones. “Ante esta situación presentamos el proyecto de reforma de adelanto de elecciones como una salida al evidente entrampamiento político, dejando en manos de la ciudadanía la definición de cuál es el Perú que quieren para el futuro y acortando los mandatos del Congreso y del presidente de la República”, indicó Vizcarra.
Entonces, la mayoría fujimorista del Congreso acusó al presidente de violar la Constitución y resolvieron suspenderlo por “incapacidad moral”, designando a Mercedes Aráoz en su lugar. Una situación de dualidad de poderes insólita, que muchos analistas compararon con lo que sucede en Venezuela con Nicolás Maduro y el proclamado opositor Juan Guaidó. Una paradoja teniendo en cuenta que el Grupo de Lima, fundado durante la presidencia de Kuczynski, justamente fue organizado para ejercer presión contra el gobierno venezolano para devolver la democracia y terminar la corrupción.
Sin embargo, el martes la congresista Aráoz difundió una carta de renuncia a la proclamación como presidente interina. “A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de Segunda Vicepresidenta Constitucional de la República, al que accedí desde julio de 2016 por elección popular. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú”, señaló. “Respecto a la suspensión en el cargo del Sr. Martín Alberto Vizcarra como Presidente Constitucional (…) así como la encargatura de las mismas funciones a la suscrita, cumplo con declinar el encargo conferido al renunciar al cargo de Vicepresidenta”, añadió. “Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el Sr. Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso”, subrayó Aráoz.
