Javier de Haedo es un economista de larga trayectoria, graduado en la Universidad de la República en 1986, que ocupó el cargo de subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue vicepresidente del Banco Central del Uruguay y luego de la OPP durante el gobierno de Lacalle Herrera.
“Está bien que exista la Regla Fiscal, pero habría que mejorarla”
De Haedo es director del Observatorio de Coyuntura Económica y docente de la UCU, participa en diferentes medios de prensa, donde ha sido crítico en materia de política fiscal, expresando que “más allá de lo que digan, la regla fiscal en sus tres pilares no se cumplió”. En diálogo con La Mañana, se refirió a la política económica actual, mencionando los aspectos positivos y negativos de la gestión.
¿Cuál es su opinión sobre la política económica actual?
Diría, a modo de resumen, que como en toda gestión humana hay luces y sombras. Destacaría entre lo positivo la gestión del mercado de trabajo y de la inflación, que, aunque no haya reportado una gran baja, lo hizo desde el 8%, que era el entorno de las expectativas históricas, al 6%. En lo negativo señalaría la situación fiscal, con un déficit similar al recibido por este gobierno, 4,4% del PBI, sumado al atraso cambiario, que no tiene fundamentos lógicos, o los tiene muy parcialmente, puesto que el atraso cambiario real es mayormente autoinfligido.
¿Por qué dice que es autoinfligido? ¿Qué se persigue con ello?
No quiero decir que sea deliberado o consciente, sino que es un daño colateral de una política antinflacionaria que es resultado de una combinación de política monetaria contractiva con una política fiscal y salarial expansiva. Esa inconsistencia entre las distintas políticas genera el encarecimiento de nuestra moneda. Eso ha ocurrido muy claramente durante 2022 y buena parte de 2023. No comparo ese deterioro cambiario con Argentina y Brasil, sino con la región y más ampliamente. Es posible decir que hay pérdida de competitividad en comparación con Estados Unidos, Europa, China o México, por ejemplo, que son los distintos mercados con los que el Banco Central [BCU] hace sus estimativos. Ese deterioro del orden del 25% en el periodo referido no admite ninguna justificación con fundamentos razonables. El propio BCU habla de un 15% de atraso cambiario, aunque las series históricas apuntan más arriba. En todo caso, es un hecho inobjetable e indudable, nadie en su sano juicio puede negar el atraso cambiario. Eso tiene un costo muy grande para los sectores exportador y competidor con bienes importados, ya que estos se abaratan en relación con la producción nacional, en un contexto, además, en el que los precios de nuestros bienes de exportación han caído. Normalmente, cuando caen los precios de exportación la moneda tiende a depreciarse, pero aquí sucede lo contrario, a contramano de la lógica y de los fundamentos. Eso significa que quien exporta recibe menos pesos por cada dólar o euro, y eso afecta su capacidad de competir. Agregar valor en Uruguay hoy es muy caro y esos nos aleja de la competencia.
¿Cómo se corrige el atraso cambiario? Y en caso de no hacerlo, ¿qué efectos tiene en la economía?
La forma de corregirlo es haciendo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, siguiendo una política fiscal más contractiva, una política salarial también más cuidadosa y una política monetaria más suelta, más expansiva. Exactamente lo opuesto de lo que se ha estado haciendo.
Usted ha sido muy crítico al referirse a la Regla Fiscal y menciona que impactará en el próximo gobierno, ¿cuáles son las razones de su análisis?
Está bien que exista la Regla Fiscal, que haya una institucionalidad fiscal como la que este gobierno creó en la Ley de Urgente Consideración. Lo que haría falta es ir mejorándola con base en la experiencia de su funcionamiento. Pero es una regla que no se corresponde con el conjunto del sector público, sino que abarca solo al gobierno central y al BPS, y deja afuera muchas cosas. En los hechos, es una regla fiscal que ya fue incumplida el año pasado, por más que formalmente se diga que se cumplió. En el suplemento Economía & Mercado, de El País, hace unas semanas escribí un artículo en el que muestro que el año pasado los tres pilares de la Regla Fiscal, claramente, no se cumplieron. En el caso del pilar del endeudamiento, por ejemplo, se pidió al Parlamento un aumento del 30% del tope de endeudamiento en el año por la sequía, lo que equivalía a 660.000.000 de dólares. Sin embargo, según el gobierno, la crisis hídrica costó 52.000.000, pero la deuda aumentó no menos de 240.000.000 de dólares. Claro, formalmente se cumplió con la regla porque se pidió un aumento del tope de endeudamiento, pero fue un tope absurdamente alto el que se concedió. En los hechos no se cumplió con el pilar del endeudamiento.
Hace tiempo usted expresaba que el Estado necesitaba preparar a los empresarios para que tomaran la posta y el presidente habló en su momento de apostar por los malla oro. ¿Es más o menos lo mismo?
Durante la pandemia tenía sentido. Ciertamente, el gobierno, de alguna manera y como en todo el mundo, se había hecho cargo de sacar al país adelante, y después de la crisis sanitaria había que dejar que el sector privado se hiciera cargo, como efectivamente se hizo, ya que hubo un aumento considerable del empleo. Vuelvo a lo dicho antes, destaco positivamente el manejo del mercado de trabajo. En ese año tan difícil el gobierno acordó con las partes hacer un año puente en las negociaciones colectivas con el propósito de conservar el empleo, sacrificando salario real. Pero desde 2021 y hasta ahora el empleo aumentó de forma vertiginosa. De ese modo, la masa salarial ha acumulado mucho, por encima de la variación del PBI.
Se dice que Uruguay es un país caro desde lo impositivo, ¿es esa la realidad, está bien así o debemos aumentar impuestos?
Uruguay es caro no solo por los impuestos, sino también por las regulaciones y el atraso cambiario. Hace poco una consultora marcaba que nuestro combustible es el más caro de América, y es así por los impuestos, pero también se cargan costos ajenos a los combustibles, como, por ejemplo, los costos de ALUR o la producción de cemento a pérdida. También están las regulaciones en materia de distribución y comercialización de combustible, que lo encarecen en el surtidor. A todo esto se suma el dólar más barato de la región. Cualquier cosa que se compare en dólares entre Uruguay y otros países del área, da que nuestro país es el más caro. Nuestro ingreso per cápita en dólares es el más alto, sin embargo, si lo ajustamos por poder de compra ya no es tan alto. Uruguay es caro por muchas razones, por tener un Estado grande e ineficiente, por falta de competitividad y exceso de regulaciones.
¿Qué opinión le merece la Rendición de Cuentas presentada por la ministra Arbeleche?
La Rendición de Cuentas, en el último año no permite gastos, fue la que tenía que ser. Lo que hay que tener en cuenta es que el gasto de 2024 no viene dado por esta rendición solamente, sino por la Ley de Presupuesto quinquenal, que a su vez es modificada par las diferentes rendiciones.
¿Qué puede pasar si se aprueba el plebiscito sobre la seguridad social?
Hay muchas personas que son más conocedoras del tema que yo. Siguiendo al Dr. Saldain y a otros especialistas desde distintas ópticas, el consenso es que de concretarse será dramático. Hace años se enfrentó el plebiscito 1989, que no fue tan grave como este, por el cual se puso en la Constitución la indexación de las jubilaciones. Eso tuvo un impactó de dos puntos del PBI. Fue muy costoso eso, fueron necesarias muchas reformas que implicaron sacrificios de personas que percibían salarios en ese momento. No existen cosas gratis, alguien paga las cuentas. Es un riesgo muy grande, con consecuencias muy graves en la sociedad.
¿Cuál puede ser el impacto en caso de aprobarse?
El impacto es fiscal, básicamente, más allá de las consecuencias distributivas negativas. Desde el punto de vista de los números tiene consecuencias fiscales muy grandes que obligarían a buscar financiamiento para la seguridad social. La aprobación del plebiscito tendría consecuencias fiscales y extrafiscales. Las primeras son, básicamente, distributivas, generando ganadores y perdedores de manera espuria: las consecuencias estrictamente fiscales son que alguien debe pagar la cuenta, y no veo a la clase política con voluntad de bajar el presupuesto, aunque sería lo deseable. Es un escenario que asusta por sus consecuencias.
TE PUEDE INTERESAR:
