Un mercado imperfecto

La propuesta de Cabildo Abierto busca crear un proceso judicial que permita a miles de familias uruguayas reestructurar sus pasivos y emerger de la cárcel digital de deudores que simbolizan el “clearing” y los burós de crédito. Pero el origen del problema no desaparecerá sin cambios profundos en los mercados de crédito que logren bajar las tasas de interés a niveles más acordes con las demás variables económicas. Como regulador de los mercados financieros, el Banco Central (BCU) debería intervenir enérgicamente en este segmento del mercado para cumplir con su responsabilidad social.

El sobreendeudamiento no es un tema ajeno a la economía, hecho comprobado por las innumerables ocasiones en que países (incluso el nuestro) han debido reestructurar sus deudas mediante acuerdos con sus acreedores. A pesar de la frecuencia, no existe a nivel internacional una normativa que establezca procederes de las partes deudoras y acreedoras bajo estas circunstancias. Ellas se guían por una usanza que se desprende de antecedentes.

No así dentro de cada país, donde las instancias de incumplimiento y los procedimientos de resolución de quiebra están claramente tipificados por la ley nacional. En muchos países, sin embargo, esta legislación solo alcanza a las personas jurídicas. Existe un claro vacío legal en cuanto a las personas físicas, tanto en lo que refiere a la conducta de los acreedores como a los derechos de los endeudados.

Un proyecto de ley presentado por el partido Cabildo Abierto (CA) apunta a remediar esta situación en Uruguay, donde la explosión del crédito a todos los niveles de ingreso en décadas recientes ha resultado en notorios abusos en cuanto al nivel de las tasas de interés aplicadas y un gran aumento en el número de familias altamente endeudadas.

Tasas tóxicas

El cuadro adjunto presenta las tasas topes que estableció el BCU para préstamos de consumo familiar a sola firma inferiores a $54.288 (10.000 unidades indexadas) vigentes a partir del mes de julio. Es ilegal prestar para estos fines a una tasa superior, configurándose en tal caso un delito de usura según la normativa del Banco Central del Uruguay y la ley N° 18.212 del 19/12/07.

Estas tasas originan de la información que envían al BCU los intermediarios financieros (bancos) y empresas administradoras de crédito bajo su supervisión. El BCU luego publica en base a este relevamiento las tasas medias de interés del mercado y les aplica un aumento proporcional en esta categoría de 55% para establecer la tasa tope y 80% para la tasa de mora. Los aumentos proporcionales son menores para operaciones con garantías (crédito de nómina y retención de haberes).

La propia magnitud de las tasas es lo primero que llama la atención, pero lo más inverosímil es la relación entre los topes de las tres “monedas”. Si el mercado realmente tuviese la opción de endeudarse en pesos, unidades indexadas o dólares a las tasas publicadas, es evidente que habría una estampida hacia el dólar. Sólo un despistado optaría por pesos.

Las cifras que publica (e implícitamente convalida) el BCU están sugiriendo una expectativa de inflación del 46% para los próximos 12 meses, algo desalineada con la desprestigiada meta oficial. Asimismo, si hubiese realmente arbitraje entre las tres opciones, solo tendría sentido endeudarse en pesos si la devaluación esperada fuera del 60% en los próximos 12 meses. Obviamente la gente en este segmento no elige la opción en pesos; es lo que hay.

La propuesta y las reacciones

Según cifras de la Comisión de Hacienda del Senado, el Clearing reúne información de 2,7 millones de personas (físicas y jurídicas). De ese total, el 37% reporta incumplimientos en sus pagos. De esa cifra, el 26% ya canceló su deuda o la refinanció, es decir que está corrigiendo la situación. O sea que quedan 740 mil uruguayos con problemas de endeudamiento, con todo lo que ello implica en angustia familiar, acoso de acreedores y perspectivas de regularización. El BCU convalida esta cifra informando de 633 mil deudores en su categoría 5 de “irrecuperables”.

Lo que propone el proyecto de ley es crear un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas, a iniciativa de la parte deudora o acreedora toda vez agotadas las instancias de conciliación. Dicho procedimiento incorpora recaudos que buscan evitar su abuso por cualquiera de las partes, protegiendo sus legítimos intereses. Propone que el ámbito de acción administrativa competa al Área de Defensa del Consumidor en el Ministerio de Economía y Finanzas.

A pesar de la evidente gravedad del problema, a su más alto nivel el BCU advierte ante la iniciativa legislativa por “cambios en las reglas del juego” e indica que “en los hechos es meterse en contratos entre privados”. Uno se pregunta ¿cuál, si no esa, es la función de un regulador? Un regulador que no admite cambios en las reglas del juego ni está dispuesto a intervenir entre privados, ¿para qué sirve? Es de lamentar que el BCU no asuma enteramente sus responsabilidades y caiga en el viejo esquema de sentirse protector de sus regulados.

Los números hablan por sí solos

Si uno pregunta por qué las tasas para estos préstamos son tan altas, seguramente la respuesta será que son muy riesgosos. Y si uno pregunta por qué son tan riesgosos, se le dirá que los prestamistas no invierten suficientes recursos en evaluar la calidad de los créditos. Entonces el modelo de negocios parece ser subir la tasa para compensar el alto nivel de morosidad, lo cual a su vez eleva las tasas medias, topes y de mora. Un claro ejemplo de una estructura de incentivos perversa que alimenta rendimientos espectaculares.

Y así terminamos en una situación donde la tasa aplicable no guarda relación alguna con la inflación (la tasa real de interés para este segmento es astronómica, cerca del 80%). Estas son tasas de casino, que nunca debieran ser oficializadas. Es hora de poner la casa en orden.

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