A pocos meses de la asunción de Gabriel Boric como presidente de Chile, el panorama económico que atraviesa ese país es “desalentador” y las perspectivas para el futuro no son favorables. Así lo dijo a La Mañana Paula Schmidt, quien se desempeña como analista política y docente en la Universidad de los Andes. Además, alertó que, de ser aprobado el nuevo texto constitucional, “generará más incertidumbres que certezas para el normal desarrollo de la economía”.
En una entrevista con La Mañana hace un año, usted dijo: “El desarrollo económico de Chile no se tradujo en igualdad de condiciones para la población”. ¿Cree que ahora puede ser un momento propicio para cultivar un camino hacia una mayor equidad y cohesión social, tal como se lo propone el gobierno?
Chile atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia republicana. A partir de las revueltas de 2019, el descontento social, especialmente hacia la clase política, sigue impactando fuertemente sobre la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y quienes las encabezan. Es por eso que veo muy complejo el mandato del presidente Gabriel Boric para cultivar mayor equidad y cohesión social. En parte, porque su coalición política ha estado muy desarticulada demostrando incapacidad para establecer una hoja de ruta clara sobre los temas que más preocupan a los chilenos, tales como restablecer el orden, disminuir los índices de inseguridad e instaurar medidas que impulsen la economía por sobre aumentar el gasto fiscal.
¿Qué análisis hace sobre el panorama económico actual de Chile? ¿Preocupa la alta inflación que azota al país?
El panorama económico es más bien desalentador, especialmente por motivos internos. Podríamos definir la crisis económica como una herida autoinfligida agudizada de la peor manera por los retiros de los fondos de pensiones. Una muy mala política pública que fue auspiciada por legisladores populistas tanto de derecha como de izquierda, quienes mermaron una de las principales fortalezas de Chile en comparación al resto de los países de la región: no recurrir al endeudamiento ni depender de organismos externos para financiar su economía. Esto último, además de comprometer nuestra futura capacidad de crecer —acorde al Banco Mundial, el PIB será de 1,9% este año; 1,5% en 2023 y 2% en 2024—, será una espina en el zapato para consolidar las 21 medidas del primer plan económico del presidente Boric, cuya inversión requerirá de US$ 3.700 millones.
¿Cuáles son los desafíos más urgentes en ese contexto?
En materia económica, los desafíos del gobierno son de corto y mediano plazo. Lo urgente será recuperar el empleo formal por medio de iniciativas laborales y el fomento a la inversión.
Por otra parte, aunque el Banco Central es el responsable de manejar la inflación, lo que haga —o más bien deje de hacer— el Ejecutivo, impactará de manera directa sobre la sostenibilidad fiscal. Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene la delicada tarea de financiar los derechos sociales comprometidos en el programa de gobierno junto a navegar en aguas turbulentas, debido a una caída histórica del peso chileno respecto al dólar y la inflación acumulada de un 12,5%, acompañada por la lenta recuperación mundial pospandemia y las tensiones asociadas a la guerra entre Rusia y Ucrania.
A la vez, la solvencia económica de largo plazo no solo depende de un responsable manejo fiscal interno, también se relaciona con entregar señales claras a nuestros socios comerciales de que seguiremos trabajando de manera rigurosa y transparente para sostener la reputación a nivel internacional como un socio fiable, abierto a estrechar lazos comerciales no solo en búsqueda de bienes de capital, sino también de intercambio de tecnologías y nuevas áreas de inversión que diversifiquen las capacidades de nuestro mercado haciéndolo más eficiente.
¿En qué medida el proceso constituyente ha impactado en la situación económica?
Desde su inicio, el proceso constituyente —que finalizó el pasado 4 de julio— fue demostrando una capacidad insólita para horadar sin necesidad el futuro de nuestra situación económica. La propuesta de la nueva constitución carece de una arquitectura normativa pensada a largo plazo y acorde a las necesidades del país. Más bien, se parece a un proyecto político representativo de un grupo reducido de la sociedad que se arrogó la facultad de plasmar en un texto maximalista 388 normas por medio de un lenguaje muy impreciso jurídicamente, pero sí muy ideologizado, que impone un cambio de paradigma total que no solo abarca la economía.
El texto, de ser aprobado, generará más incertidumbres que certezas para el normal desarrollo de la economía, arriesgando inestabilidad macroeconómica y desincentivos para futura inversión. En parte, por el excesivo protagonismo que los convencionales le entregan al Estado para incidir sobre áreas estratégicas de desarrollo, tales como la minería o la agricultura, las que bajo la nueva constitución quedan supeditadas a una nueva burocracia estatal con la creación de entidades como la Defensoría de la Naturaleza, pensada no solo para reducir significativamente la participación del sector privado, sino también para administrar recursos tan básicos como el agua, que se convierte en un bien común natural inapropiable.
¿Cuál es su lectura sobre el proceso constituyente en términos generales?
La idea de una nueva constitución nace desde la frustración y el descontento social de 2019, por lo que había muchas esperanzas de que el proceso se haría cargo de idear un set de reglas capaces de entregarle gobernabilidad al país y de cohesionarnos como sociedad. No obstante, hizo todo lo contrario, por lo que no es de extrañar que exista una desconexión total entre el trabajo de los convencionales y las expectativas de la ciudadanía.
¿Qué perspectivas maneja para el futuro de Chile?
Me atrevo a decir que nuestro futuro, por un buen tiempo, será más bien opaco o, por lo menos, muy distinto al que construimos con mucho esfuerzo durante los últimos 30 años. El proceso constituyente era una gran oportunidad que fracasó no solo para modernizar al Estado, sino también para entregarles a los chilenos herramientas que los convirtieran en los gestores principales de sus proyectos de vida. Si se aprueba el nuevo texto, nada de eso será posible, ya que la Convención quiso dejar de lado no solo los aciertos en materia económica; además, estableció un nuevo modelo de sociedad apartado de nuestros valores e identidad histórica.
¿Qué opinión tiene sobre la reforma tributaria que Boric presentó recientemente? ¿Son viables los objetivos marcados?
Mayor inclusión y una mejor distribución de la riqueza —las dos razones principales del gobierno para su reforma— no se alcanzarán por varios motivos, sobresaliendo la ralentización de la economía, pero, sobre todo, la incertidumbre económica del nuevo texto constitucional, que no ofrece garantías para futuras inversiones o proyectos de desarrollo. No obstante, incluso si no es aprobado, la mejor forma de alcanzar los objetivos del gobierno no es con una mayor carga impositiva, sino haciendo que la economía sea más dinámica a través de una mayor flexibilidad laboral que beneficie la contratación en la pequeña y mediana industria, invirtiendo en educación desde la cuna para disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades o invirtiendo a largo plazo para atraer talento e innovación desde el extranjero.
¿Cuáles diría que son los errores que ha cometido este gobierno? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo en lo que refiere a los cambios de la política económica chilena?
La principal fortaleza que hizo ganar al presidente Boric es justamente lo que se ha convertido en su mayor debilidad: su juventud, que se traduce en inexperiencia para gobernar. A pesar de ser un político talentoso, no ha sido fácil para él y su gabinete asentarse en el poder de manera coordinada, lo que ha provocado contradicciones no solo entre sus ministros, sino también en la conducción política. La presencia del Partido Comunista como actor relevante de la coalición de gobierno es otro factor que ha entorpecido —y lo seguirá haciendo— la fluidez entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
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