Ante una situación fiscal comprometida como la actual, es necesario llevar adelante reformas profundas, aseguró el economista y exsubsecretario de Economía, quien destacó los cambios estructurales “exitosos” realizados en los 90. “Se habla de austeridad, pero nada importante se ha hecho” para resolver el problema del déficit en lo que va del período, afirmó en entrevista con La Mañana.
Después del primer año de gobierno, ¿cómo ve la situación económica del país en términos generales?
El lugar común para responder esta pregunta es invocar la pandemia como responsable de los problemas crecientes que tiene el país. Pero el origen de las dificultades no está ahí. Está, básicamente, en una situación fiscal fuera de control que heredó la actual administración y en un mercado laboral tremendamente rígido, luego de tres períodos de avance del sindicalismo sobre la sociedad.
Sobre lo primero, la administración multicolor ha hecho muy poco. Se habla de austeridad, pero nada importante se ha hecho. La negociación salarial con los empleados públicos ha instalado la indexación y el compromiso de mantener el salario real. Por otro lado, se creó un ministerio de manera absolutamente innecesaria, se crearon oficinas con cometidos varios. Y nada se hizo con la estructura del sector público, en particular con las remuneraciones de sus funcionarios. El gasto público creció 10 puntos del PIB en los 15 años pasados y todo indica que ese camino no llegó a su fin.
Sobre la materia laboral, lo resuelto y acordado a mitad del año pasado respecto a los Consejos de Salarios fue muy claro. Y equivocado en mi opinión. Se acordó una fórmula que incluye indexación y pérdida/ganancia de salario real según la evolución del PIB del año anterior. Esta es una decisión con indexación que compromete el empleo, indudablemente. Por algo los sindicalistas aplaudieron antes que nadie, algo mal hay en esa decisión.
Si el mercado, sometido al estrés de una mala situación como la actual con una caída del PIB de casi 5%, no puede ajustar el valor de los salarios mediante la negociación de las partes, no queda otra alternativa que una caída del empleo. Eso ya se dio en 2020 y posiblemente lo veamos en 2021. Vamos a una tasa de desempleo del orden del 15%, lo que es preocupante. El discurso político muestra preocupación, pero los hechos demuestran que el prejuicio instalado en defensa de los Consejos de Salarios es muy potente.
¿Ve alguna acción para abrir más la economía?
No, ninguna. El discurso instalado habla solo de los acuerdos comerciales como solución para evitar el pago de aranceles cuando los productos uruguayos son importados en el resto del mundo. Eso es una barbaridad. No es así siempre porque hay muchos casos, la mayoría, en que los aranceles de importación afectan a los consumidores del país importador, no a los exportadores uruguayos, en general, tomadores de precios.
Necesitamos acuerdos comerciales, apertura unilateral y que caigan los monopolios y mercados regulados en Uruguay.
¿Cómo evalúa el tipo de cambio real? ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación cambiaria?
Uruguay es un país de tipo real de cambio bajo. Como Israel o Singapur y otros tantos, es un país con ingreso de capitales en términos netos y ello se refleja en un saldo negativo en la cuenta corriente del balance de pagos. Es un país que naturalmente es poco competitivo y su nivel de vida es superior a lo que produce, porque toma ahorro del resto del mundo.
El problema es que aquí exacerbamos ese perfil. Con un alto gasto público que se manifiesta en déficit fiscal que se debe financiar con emisión de deuda, ello implica ingreso de dólares que deben venderse para lograr los pesos para financiar gasto público, lo que se traduce en un dólar bajo.
Por otro lado, el mercado laboral rígido impide que sea el mercado el que determine los salarios. Ello implica que la menor competitividad se refleja en menos puestos de trabajo, se destruye trabajo.
Finalmente, los monopolios públicos para producción de bienes y servicios tan importantes implican precios elevados y baja competitividad frente al exterior.
¿Qué perspectivas tiene para los próximos años en ese sentido?
Como entiendo que la situación fiscal no mejorará como se ha anunciado, y mucho menos se realizarán reformas estructurales de fondo, entonces creo que la competitividad del país seguirá comprometida en los próximos años. Nada diferente a lo que observamos en el período de Mujica Cordano.
Además, con la fuerte liquidez inyectada en Estados Unidos, China y Europa, las expectativas de precios de commodities han mejorado y mucho. Lo mismo que los precios de aquellos bienes que no tienen reposición y usualmente son reserva de valor y dan protección ante procesos inflacionarios. Esto será un analgésico al creciente atraso cambiario en Uruguay, que permitirá a la administración esquivar medidas más profundas.
Se ha hablado mucho del grado inversor, que Uruguay lo está priorizando. ¿Es posible que el país tome un poquito más de riesgo de perder el grado inversor para, por otro lado, estimular más la economía? ¿Eso podría llevar a una ecuación favorable?
Eso ya lo está haciendo la administración multicolor. La restricción que enfrenta la administración deriva del escaso o nulo ajuste de gasto público que ha hecho en 2020. Entonces, el incremento del gasto para paliar el impacto del virus chino es menor al que todos reclaman. Pero no se puede estar en misa y procesión al mismo tiempo. Optaron por no tocar a los funcionarios y eso limita los recursos para paliar el daño provocado por la menor actividad económica.
Cualquier incremento de gasto público se reflejará en mayor endeudamiento público. ¿Eso es viable? Hoy sí. Mucha liquidez en el mundo y tasas de interés nulas, posiblemente por bastante tiempo más, permitirán a Uruguay colocar deuda pública con facilidad. El problema es que esto es una droga muy potente porque los gobernantes sienten que no es necesario gobernar y que se puede seguir gastando. Y la cuenta la terminarán pagando las generaciones futuras, que hoy no votan.
Respecto a las calificadoras de riesgo, creo que el marco de análisis ha cambiado luego de marzo pasado. Todo indica que se está pudiendo tirar un poquito más de la piola sin romperla, lo que, repito, no es bueno en el largo plazo.
Ayudar al sector privado implica sacrificios fiscales, es decir, estímulos que empeorarían la situación fiscal. En ese sentido, ¿hay alguna fórmula con la cual el Estado pueda estimular al sector privado para que no se caiga, a pesar de que temporariamente afecte el déficit fiscal?
Esos estímulos, al final, los paga la sociedad. Yo creo que primero se deberían considerar estímulos que no tengan costos para el Estado. El problema es que la coalición ya le dijo que no a eso, por ejemplo, con la negativa a desmonopolizar el mercado de hidrocarburos. Hay decenas de otras regulaciones para eliminar y no quiero aburrir con eso.
También, profundizar la apertura comercial abatiendo aranceles mejorará la competitividad del país y sin duda incrementará el bienestar de los consumidores. Esto tiene un costo fiscal muy muy bajo, casi nulo, porque lo que principalmente se logrará será reducir o eliminar el desvío de comercio con los países socios de Mercosur que nos proveen de bienes, Brasil en particular, resultado del arancel externo común vigente.
Pero para todas estas medidas reformistas hay que tener primero convicción, luego agenda y por último la fortaleza necesaria para ir adelante con esas reformas. No es imposible. Nosotros ya lo hicimos en los 90 y con reformas mucho más profundas que las que sugiero hoy.
¿Por dónde viene la reducción del déficit fiscal? ¿Por dónde debería venir el ahorro, sin que eso implique aumentarle la mochila al sector privado?
Indudablemente, hay que actuar sobre las remuneraciones del sector público, pero Ley de Presupuesto mediante. Parece difícil que esto suceda. Actuar sobre el gasto corriente no salarial, cuyo anuncio es lo políticamente correcto, es muy poco significativo. Mucha prensa porque son gastos que irritan, pero poco relevantes. Entonces terminamos en medidas precipitadas como contraer la inversión del sector público, con un claro impacto negativo en el mediano y largo plazo.
Hay que actuar sobre salarios, congelándolos nominalmente por varios años para que se reduzcan en términos reales en ese tiempo y, en simultáneo, actuar sobre la plantilla de funcionarios, cuyo impacto es más lento.
Los números y las normas propuestos en la Ley de Presupuesto no muestran una contracción importante de la cantidad de funcionarios y no se observa una caída de las remuneraciones de estatales. Así que no va por ahí la cosa. La situación fiscal que espero no es la mejor y no está bien jugarse solo a mayor crecimiento y recaudación. No está bien esperar que las cosas se arreglen solas.
TE PUEDE INTERESAR
