A la espera de la discusión sobre el presupuesto para el próximo quinquenio, desde La Mañana se entrevistó al economista Jorge Núñez, exintegrante del BID como especialista en gestión de proyectos, consultor del Banco Mundial y actualmente presidente de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana, quien brindó su opinión al respecto.
Desde el 1º de marzo a la fecha, las opiniones sobre la actualidad económica del país han cambiado. ¿Puede ser realidad, o buscar demorar la concreción de anuncios de campaña?
El gobierno que asume responsabilidades de Estado el 1º de marzo seguramente esté evaluando el margen de acción y con qué cuenta en términos de “caja” o números que permitan ser confiables. Nos preocupa y ocupa que el país no cuente con un órgano de contralor como es el Tribunal de Cuentas que garantice al nuevo gobierno y a sus ciudadanos transparencia, celeridad y eficiencia en el uso de los dineros públicos. Todos los días surgen noticias sobre denuncias de presunción de desvíos de dineros públicos o actos de presunta corrupción –sean estas del gobierno departamental, gobiernos departamentales y hasta inclusive a nivel de alcaldías– que ingresan a Fiscalía General. Estos hechos que ya no son la excepción si no la regla y que tienen un costo oculto en algunos casos con perfil de clientelismo político podría buscar y hacer demorar la toma de decisión en políticas que le urge al país implementar con transparencia, eficiencia y celeridad (artículo 213 de la Constitución de la República). Es de vital importancia que en el marco de la Ley de Presupuesto Nacional se instale en el Parlamento Nacional una mesa de auditoria ciudadana donde se identifiquen debilidades y las “observaciones de gastos” en los controles “preventivos” en el uso de los dineros públicos. Con especial atención, realizar los máximos esfuerzos para lograr con tecnología de punta, el desarrollo de un Sistema de Trazabilidad de Inversión Pública. El objetivo es garantizar al ciudadano que cada peso llegue de forma eficiente según el objetivo trazado, controlando y participando activamente.
A mitad de año se discutirá el presupuesto para el próximo quinquenio. Sin grandes inversiones a la vista, ¿cuáles pueden ser las medidas a adoptar?
En 2023, la economía creció 0,4%, este desempeño muy magro entiendo se debió en gran parte a la disminución en la producción del sector agropecuario y que fue atribuido a la sequía. Es imperativo el aumentar el crecimiento económico. Según el Informe del Banco Central del Uruguay, en 2024, la economía uruguaya creció un 3,1% en términos reales. Podemos evaluar dicho crecimiento y los indicadores muestran que fue impulsado por la mejora en los rendimientos agrícolas, la recuperación de la demanda externa y el aumento del consumo privado.
La inversión en infraestructura hídrica es clave para mitigar los efectos de la sequía. Esto incluye la construcción de embalses, sistemas de riego eficientes y la mejora de la gestión del agua a través de tecnología avanzada que permita optimizar su uso. También es crucial invertir en la conservación de cuencas hídricas y en el estudio y recuperación de acuíferos. Es relevante realizar investigaciones que permitan por otro lado el control en la proliferación de canteras de tosca/balastro. Las aguas subterráneas son vitales en tiempos de escasez y es aquí donde existe un gran debe en políticas de Estado e inversión pública con retorno en la economía nacional. Además, la investigación y el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes a la sequía, así como la educación y capacitación de los agricultores en prácticas más sostenibles de uso del agua pueden ser parte de una estrategia integral. El agua es un recurso finito y fundamental para la vida y debería convertirse en una verdadera política de Estado.
Haciendo un análisis de la situación actual, ¿cuáles pueden ser las prioridades del gobierno?
Uruguay, al ser un país con una fuerte tradición agropecuaria, debería considerar políticas públicas y privadas que impulsen estas inversiones en agua, promoviendo la resiliencia del sector agrícola frente al cambio climático. Aquí es donde deberíamos preguntarnos los ciudadanos; “¿Tendremos un técnico en economía o un político que ‘administrará’ la política económica?”. Uruguay con los indicadores actuales requiere de un ajuste económico cuya herramienta de cambio deberá ser el uso eficiente de los dineros públicos y un Presupuesto Nacional que esté basado en una fuerte estrategia de crecimiento sostenido. En ese sentido, es prioritario “ordenar la casa” y se requiere de una ley interpretativa del artículo 211 y el fortalecimiento del órgano contralor del Tribunal de Cuentas.
Se requiere urgentemente el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas para que actúe de forma independiente y transparente sobre la base del control preventivo de la inversión pública con auditorias independientes, con ética en gestión y función pública. Eliminando un sistema perverso que podría estar promoviendo un sistema ineficiente y sin transparencia, generando gasto público a pérdida y no inversión pública con retorno. Un sistema de trazabilidad de inversión pública que priorice crecimiento económico y eficiencia.
¿Se puede manejar la economía de un país con el respaldo del presidente, pero con las críticas del oficialismo?
Sin mayorías en Diputados, es una excelente oportunidad para la ciudadanía el trabajar en el control y participación ciudadana aportando desde fuera de la política. Es aquí donde vamos a ver realmente cuál es el margen de acción y si realmente está preparado el sistema político para atender prioridades con transparencia, eficiencia y celeridad en la priorización de la inversión pública.
¿Cómo impacta en la economía uruguaya la aplicación de aranceles a la región por parte del gobierno de EE. UU.?
Existe un claro endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos en la figura del presidente Donald Trump, sin embargo, en Uruguay entiendo existen espacios de oportunidad. Junto con el resto del Mercosur, el país quedó en el piso del listado de las nuevas tasas, lo que para Uruguay nos debe proponer ventajas frente a competidores directos. Según Uruguay XXI, en 2024, EE. UU. terminó como el cuarto destino de las exportaciones uruguayas con compras por US$ 1192 millones y un aumento interanual de 37%. Proponer una estrategia de aumento de exportaciones es clave sobre los principales productos vendidos, que fueron carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, madera y productos de madera y aparatos e instrumentos médicos. Tenemos una balanza positiva ya que las importaciones desde Estados Unidos fueron por US$ 625 millones.
Se anuncia un “diálogo social” para tratar la reforma de la seguridad social. ¿Es una propuesta acertada o la forma para modificar lo aprobado en el plebiscito?
Es una excelente oportunidad para, en primer lugar, proponer desde el control y participación ciudadana realizar una auditoría externa e independiente al Banco de Previsión Social (BPS) para el quinquenio (2020-2025). Propondría el poder ir más atrás para poder contar con datos e información que permita a las nuevas autoridades y la ciudadanía poder evaluar cantidad y calidad del gasto de la seguridad social. Vemos con preocupación que casi un 22% del Presupuesto Nacional se destina a dicho inciso y nos continúan preocupando algunos trascendidos de prensa que podrían advertir falta de control en cantidad y calidad de la inversión pública. Según los datos disponibles en la Rendición de Cuentas del año 2023 (pendiente el año 2024), el 93,7% del gasto público está comprometido con los rubros de funcionamiento y personal y solo un 6,3% fue presupuestado y desembolsado en el rubro de inversión. Reiteramos, casi un 22% está comprometido del Presupuesto Nacional en la seguridad social y entendemos que con auditorías independientes se podría tomar decisiones que permitan maximizar la inversión y advertir mejoras sobre la base de transparencia, eficiencia y efectividad en la inversión pública.
