Pese a la recuperación que se ha evidenciado en la economía nacional, “los salarios siguen en caída”, afirmó Giometti, quien fue crítico con la política salarial desarrollada por el actual gobierno. “Es necesario acelerar la recuperación del salario real con particular énfasis en los salarios más bajos”, destacó en diálogo con La Mañana. A su vez, lamentó que en el marco de la propuesta de la reforma jubilatoria no se hayan puesto en debate los aportes del sector empresarial ni las exoneraciones fiscales de las que se benefician las grandes empresas.
¿Cuál es la visión del Instituto Cuesta Duarte sobre la situación actual del empleo?
Luego de la disminución en alrededor de 60.000 puestos de trabajo ocurrida en 2020, en 2021 se produjo una importante recuperación del empleo, al punto de alcanzar hacia finales de dicho año las tasas de ocupación que se tenían a finales de 2019.
Tomando el promedio del 2022, la cantidad de ocupados está por encima del promedio de 2021 en aproximadamente 50.000 personas. No obstante, esta comparación de promedios anuales está muy influida por el hecho de que una buena parte de la base de comparación es extraordinariamente baja (primer semestre de 2021, donde estaban presentes las restricciones de movilidad y actividades de la pandemia). En otros términos, ese aumento de la cantidad de ocupados en 2022 se explica en gran medida por el efecto arrastre de finales de 2021, momento en que ya se había recuperado la mayor parte del empleo perdido en el 2020.
En el transcurso de 2022 no hubo una creación significativa de puestos de trabajo. La tasa de desempleo a finales de este año se ubica algo por encima de la registrada a finales de 2021, lo que podría estar mostrando que el mercado de trabajo no fue capaz de absorber a las personas que durante este año se fueron reincorporando a la búsqueda de empleo.
En la comparación 2022 versus 2019, la tasa de empleo se encuentra medio punto porcentual por encima, lo que marca una leve mejora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el PBI de la economía creció más de 3 puntos porcentuales respecto a 2019.
En la perspectiva para 2023, nuestra preocupación es que hay 7.000 puestos de trabajo en la construcción de UPM y obras anexas que ya no estarán, sumados a los 10.000 “jornales solidarios” que vencieron el 31 de diciembre de 2022 (se está viendo la posibilidad de una nueva edición). No está claro si toda esta cantidad de personas que estarían quedando desocupadas tendrán la posibilidad de reinsertarse en nuevos empleos. La inversión pública ha venido estando en niveles inferiores a igual período del gobierno anterior, especialmente en rubros intensivos en empleo como el desarrollo de las empresas públicas, la construcción de vivienda o la infraestructura en educación y salud.
¿Qué lectura hacen acerca del nivel de los salarios?
Hemos sido muy críticos con la política salarial desarrollada por el actual gobierno. En 2020 cayó la economía y disminuyeron los salarios, pero en 2021 y 2022 la economía se recuperó a buen ritmo y los salarios siguen en caída. En 2022 el PBI de la economía fue más de un 3% superior al que había en 2019, pero el salario real medio se ubicó casi 4% por debajo.
La masa salarial real también se encuentra por debajo de su nivel de 2019. La “torta” es más grande, pero en el reparto la “porción” de la clase trabajadora es más reducida.
Hay un desbalance entre el ritmo de recuperación de la economía y lo que viene ocurriendo con los ingresos de la enorme mayoría de los trabajadores.
En la hipótesis favorable de que se concrete la recuperación y en 2024 el salario real medio se ubique en el nivel que tenía en 2019, durante la trayectoria (2020, 2021, 2022, 2023) los trabajadores estuvieron perdiendo bienestar económico, siempre en comparación a la referencia de 2019.
Es especialmente preocupante la situación de un conjunto importante de trabajadores con ingresos muy bajos. En el primer semestre de 2022 hay 540.000 ocupados de los cuales 320.000 son asalariados que obtienen ingresos líquidos por debajo de los $ 25.000 mensuales. Es necesario acelerar la recuperación del salario real con particular énfasis en los salarios más bajos.
¿Cuál es su análisis en lo que respecta a las transformaciones en el mundo del trabajo? ¿Qué debería hacer nuestro país para hacer frente a este desafío?
Es un tema demasiado complejo como para contestar en pocas líneas. Estamos viviendo la mayor revolución científico-tecnológica de la historia, las capacidades productivas de la humanidad son superiores a las alcanzadas nunca antes y, sin embargo, cientos de millones de personas no pueden satisfacer las necesidades más básicas.
Se da la contradicción de que los cambios tecnológicos, que deberían posibilitar a los seres humanos una mejor calidad de vida individual y colectiva, terminan siendo funcionales a la acumulación de capital y una amenaza para los trabajadores que pierden sus empleos.
Algunas claves para transitar en este mundo complejo son, primero, jerarquizar el diálogo social y la negociación colectiva; si los cambios en materia laboral se discuten democráticamente, aumentan las posibilidades de que sean favorables al conjunto de la sociedad. Segundo, el rol de la política industrial, para impulsar más decididamente los sectores y eslabones donde el desarrollo tecnológico sea complementario con la generación de empleo, apuntando al empleo de calidad. Y tercero, fortalecer las instituciones de formación profesional y laboral.
En un tuit reciente usted se mostró crítico con las exenciones fiscales: “Exoneraciones en 2021: Impuesto a la Renta Empresarial: US$ 823 millones (1,4% del PBI). Impuesto al Patrimonio: US$ 747 millones (1,3% del PBI). Ni se puso en discusión. Gobierno opta por recortar en personas con discapacidad, viudas y demorar jubilación de trabajadores más pobres”. ¿Cree que las exoneraciones al IRAE están bien distribuidas o benefician especialmente a algunos sectores?
Lo que decimos es que la propuesta de reforma jubilatoria recorta derechos para amplios sectores de la población, como retiro más tardío con rebaja de jubilaciones; exigencia de más años para jubilarse, lo cual puede ser especialmente crítico para el caso de trabajadores pobres que han trabajado más tiempo en la informalidad; rebaja de prestaciones a sectores vulnerables como personas en situación de discapacidad. Pero al mismo tiempo ni siquiera se ponen en discusión los aportes del sector empresarial (donde hay inequidades injustificables) y las exoneraciones fiscales de las que se benefician las grandes empresas y grandes propietarios. Nos parece que la discusión debería abarcar toda esta realidad, no solamente centrar los impactos del cambio demográfico en el gasto en jubilaciones y pensiones para ajustar las cuentas.
Según el informe de gasto tributario de la DGI correspondiente al año 2021, los ítems con mayor cuantía de exoneraciones de IRAE (más de $ 1.000 millones al año) son la ley de promoción de inversiones, la renta generada en zonas francas, empresas comprendidas en el monotributo, compañías de navegación marítima y aérea, software, promoción de vivienda social, cooperativas de producción y consumo, pequeñas empresas y forestación. Como puede verse es un panorama diverso, tanto en lo que refiere a las actividades como al tamaño y características de las empresas beneficiadas.
Debería estudiarse con precisión qué sectores de actividad necesitan efectivamente estos beneficios para poder desarrollarse con una ganancia razonable. Y discutirse democráticamente qué sectores y qué tipo de actividades hay que seguir impulsando con un esfuerzo de toda la sociedad mediante exoneraciones fiscales y cuáles eventualmente no.
¿Cuánto representan las exenciones de IRAE en proporción a lo efectivamente recaudado por este impuesto?
Según el boletín de recaudación de la DGI, por concepto de IRAE se recaudaron en 2021 unos $ 70.912 millones (US$ 1.631 millones al tipo de cambio de ese año), mientras que según el informe de gasto tributario de la DGI las exoneraciones por dicho impuesto ascendieron a $ 35.796 millones en ese año (US$ 823 millones). Entonces, las exoneraciones ascienden a aproximadamente el 50% de lo recaudado por el impuesto.
En el caso del Impuesto al Patrimonio, la recaudación en 2021 fue de $ 24.532 millones (unos US$ 564 millones), mientras que las exoneraciones a dicho impuesto ascendieron a $ 32.479 millones (US$ 747 millones). Como puede apreciarse, este impuesto exonera más de lo que recauda.
¿Dónde cree que deberían aplicarse estas exenciones más efectivamente si el objetivo fuera generar más y mejor empleo?
La ley de inversiones da la posibilidad de modificar en el decreto reglamentario el puntaje que se les da a los distintos ítems de las empresas beneficiarias, pudiéndose priorizar en mayor medida la generación de empleo, si se entiende pertinente o necesario en determinada coyuntura.
Además de estas políticas horizontales de promoción de la inversión se podrían generar mayores políticas verticales o sectoriales, lo que implica impulsar de forma selectiva determinados sectores de actividad o tipos de empresas con potencial de desarrollo en términos de innovación, empleo de calidad, valor agregado.
Un desafío es lograr los mecanismos para que las empresas tengan los beneficios necesarios en el momento de su desarrollo inicial y luego se puedan retirar esos beneficios cuando la empresa o el sector ya estén en condiciones de competir por sí mismos, evitando la protección redundante y la captura de rentas por parte de las empresas. Esta orientación general es la que siguieron los países que lograron un desarrollo industrial reciente.
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