El economista y MBA, representante de la gremial que reúne a las Administradoras de Ahorro Previsional (AFAP), dialogó con La Mañana al respecto de los principales cambios que el sector atravesará de aprobarse el proyecto de reforma de la seguridad social. En otro orden, aclaró que las AFAP cobran comisiones más bajas de lo que se suele creer y profundizó sobre el tan mentado caso de Chile. Además, enfatizó en la importancia de que el sistema sea competitivo para asegurar la mayor eficiencia posible.
¿Qué es la Anafap y cuáles son sus mayores objetivos? ¿Por qué República AFAP, la principal del país, no forma parte de la asociación?
La Anafap es la gremial que agrupa a las AFAP del Uruguay. Su misión es difundir el sistema previsional entre los afiliados a las AFAP y el público en general; realizar trabajos y propuestas que mejoren el desempeño del sistema; contribuir a la educación financiera de los afiliados que posibilite su mejor toma de decisiones; y defender los intereses de los afiliados al Sistema de Capitalización Individual. República AFAP ha sido invitada desde un inicio a ser parte de la asociación, pero esto no ha sucedido. Esto ocurre en muchas otras industrias donde los actores estatales no participan en las gremiales, y no ha sido impedimento para trabajar varios proyectos en conjunto en muchos de los frentes de trabajo que requieren que los competidores colaboren en el desarrollo del sistema.
¿Cuáles son las principales implicancias de la reforma prevista para el sistema de ahorro a través de AFAP?
Destacaría tres cambios sustanciales dentro de varios que hay en el articulado. En primer lugar, se propone la extensión de la capitalización individual para los sistemas de reparto de las cajas paraestatales o los servicios de retiro policial y militar. Esto se realizaría dividiendo el aporte del trabajador (15%) en dos partes: 10% iría al sistema actual y el 5% restante se destinaría a una cuenta individual administrada por una AFAP. Esto aplicaría solo para los trabajadores que se incorporen al mercado laboral tras la aprobación de la reforma. Los que ya están aportando mantendrían incambiada su forma de aportación. Asociado a esto, los nuevos trabajadores tendrán tres meses luego de iniciar su actividad para elegir libremente una AFAP. En caso contrario, serán asignados de oficio. En cualquier caso, se estipula una reducción sustancial de costos para esos trabajadores por los primeros dos años.
En segundo lugar, los portafolios de las AFAP podrán incorporar activos financieros que hasta ahora no tenían permitido. Esto tiene el objetivo de tener una mayor capacidad de generar rentabilidad para los clientes manteniendo un perfil de riesgo adecuado. Esto se complementa con la creación de un nuevo subfondo denominado Crecimiento, donde las personas más jóvenes podrán tener un perfil de inversión más alineado a su edad —hoy las personas de 18 a 55 años están invertidas de manera idéntica y claramente es inconveniente—.
Por último, hay un desarrollo de las condiciones para realizar ahorro voluntario como complemento para el retiro. Si bien hoy existe la posibilidad para que las personas que así lo deseen puedan aportar más dinero a sus cuentas individuales, la realidad es que no ha sido atractivo y casi no se ha desarrollado. Mediante el proyecto, se mejoran las condiciones para realizarlo conforme a la mejor experiencia internacional en la materia, aunque no se ponen incentivos tributarios —que típicamente tienen gran incidencia para la toma de decisiones de este tipo—.
Según información del Banco Central, en el segundo trimestre del año el Banco de Previsión Social (BPS) volcó a las AFAP casi $ 12 mil millones, equivalente a US$ 300 millones. Si tenemos en cuenta que las AFAP cobran una comisión promedio del 21%, el sistema obtendría ingresos trimestrales por US$ 63 millones, lo que anualizadamente son casi 250 millones. ¿No es esto demasiado para un fondo que coloca en su gran mayoría en bonos del Estado uruguayo?
Con esa pregunta uno identifica que hay mitos que sistemáticamente deben ser esclarecidos. Uno de esos mitos es entender que el costo para el afiliado viene por el lado de las AFAP y el otro es que los portafolios son colocaciones estatales. En primer lugar, las AFAP cobran comisiones que se aplican sobre cada aporte recibido que son de entre 4,3% y 6,5%, número que grosso modo da ingresos del entorno de los US$ 15-16 millones, lo que sería algo así como el 25% del valor mencionado (US$ 63 millones). ¿Dónde está esa diferencia? En la prima de seguro que se paga al Banco de Seguros del Estado (BSE). O sea, del aporte total se deduce ese 21% que mencionás, pero el 75% —hablando en grandes números— es un costo que va hacia el BSE y las AFAP únicamente realizan la retención. Pero ni son ingresos de las AFAP ni constituyen un costo en el proceso de inversión. Ese seguro es el que provee cobertura para el caso de fallecimiento o incapacidad, de manera que existan pensiones adecuadas para cubrir esas contingencias.
La segunda parte de la pregunta refiere a visualizar los portafolios de las AFAP como una colocación pasiva de títulos de deuda del Estado. Es verdad que hay un porcentaje alto de títulos del gobierno, pero eso no quiere decir que el retorno de las administradoras provenga de ahí. En realidad, los portafolios son muy dinámicos, hay una puja constante para lograr rendimientos diferenciados a través de estrategias fuera de lo que es el mercado de los títulos públicos. Uno puede observar los diferenciales de rentabilidad y lo rápido que cambian los rankings para darse cuenta de que hay un manejo activo de las inversiones de manera de dar los rendimientos atractivos para el retiro de los trabajadores.
Las altas comisiones fueron una de las causantes del embate contra las AFAP chilenas. ¿Hay lecciones aprendidas del caso trasandino, que supuestamente era el “modelo” para toda la región?
Creo que Uruguay nunca tomó ese caso como paradigmático, por eso no fuimos con una “solución a la chilena” en el 95 y se creó un sistema mixto donde la capitalización y el reparto van de la mano. Es un sistema distinto, y pudo sortear por ello mejor varios de los problemas que la sociedad chilena ve en su sistema de pensiones. Dicho eso, el embate es una cosa y las fallas del sistema otra —a veces se solapan—. En el caso de Chile, lo que promovió una gran revisión del sistema ha sido lo insuficiente de las pensiones que se pagan, y eso tiene explicaciones que tras dos comisiones de expertos (Comisión Marcel y Comisión Bravo) fueron identificadas y uno puede ver que no posicionaron las comisiones como eje del problema.
En Chile el aporte total para la jubilación es de 10% —Uruguay tiene algo así como 22,5% de aportes entre empleado y empleador—, lo que implica un gasto previsional bastante bajo. Esto, sumado a la inexistencia relativa de complementos para cubrir discontinuidad en los aportes —por maternidad o por desocupación, por ejemplo—, o políticas redistributivas para generar mallas de contención social, lleva a que el ahorro previsional en algunos casos haya resultado ineficaz para cubrir las pensiones de las personas, típicamente de mayor vulnerabilidad económica.
Como todo, uno no le puede pedir a un sistema que cumpla con elementos para los que no fue diseñado. En los países que atienden adecuadamente estos temas, es el Estado el que de alguna manera subsana lo que los sistemas contributivos no pueden hacer. Por eso tiene sentido que el BPS tenga ingresos provenientes de impuestos y demás, ya que cubre muchas prestaciones y otros fines que no son originados por el aporte de la persona estrictamente. Ahora, cuando se quiere simplificar el discurso, presentar la situación en blancos y negros, se pone el eje en las comisiones.
¿Qué piensa de que la discusión suela estar centrada en los costos?
Es interesante que nos concentramos mucho en los costos, pero no recapacitamos de lo que obtenemos por ellos, de manera de evaluar al final del día la conveniencia. Dia a día consumimos productos y servicios que nos cuestan dinero y lo que medimos es si lo que obtenemos a cambio nos satisface. El auto más comercializado en el mercado puede ser el más barato, puede que no, pero es natural admitir que alguien quiera o aspire a consumir una calidad superior de un producto si percibe el beneficio en el mayor costo asociado. Sin embargo, cuando se mira el sistema previsional se pone foco en los costos, pero no en el retorno que la persona tiene, y por ende no se percibe el atributo diferenciador sustancial de cada administradora.
El punto de los costos no debe dejarse de lado, pero los mismos existen siempre, sean explícitos o no, sea con personal en las AFAP o empleados públicos, sea con primas de seguro o con déficits financieros por las coberturas necesarias. Esos costos van a ser siempre cubiertos por los beneficiarios, ya sea a través de un precio o de impuestos. Nosotros procuramos un sistema con amplia competencia que asegure que la eficiencia se trabaje día a día, que desarrolle atributos de valor para los clientes y que ellos a través de su voluntad puedan valorarlos y tomar una decisión libre sobre quién debe administrar su ahorro pensional.
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