El economista y consultor privado dialogó con La Mañana acerca de las exoneraciones fiscales que realiza el Estado, sistema que, según su visión, debería revisarse, en el entendido de que hacen falta verdaderos incentivos para los proyectos productivos. En otro orden, explicó su propuesta de generar un IVA personalizado que apunte a apoyar a los más débiles.
En una entrevista con La Voz de La Mañana, usted se refirió a las exenciones fiscales que realiza el Estado cuando entiende que existe una rentabilidad social en determinado proyecto. ¿Podría explicar ese concepto?
Exacto. En primer lugar, hay una rentabilidad privada que es la diferencia entre las ventas y los costos, pero muchas veces en la actividad empresarial se generan ventajas para la sociedad que van más allá de esa rentabilidad, y normalmente el empresario no recibe un pago por esa contribución social y eso hace que se produzcan menos proyectos.
El caso emblemático en Uruguay es el arroz. En la década del 50 o del 60 un empresario inquieto, luego de haber estado viajando y de haber visto plantaciones de arroz en el mundo, le llevó una semilla a alguien del INIA y una cantidad de dinero para los ensayos y las investigaciones, porque estaba convencido de que en esta zona podía andar muy bien. A partir de ahí, se desarrolló una alianza entre privados y el sector de investigación que sigue vigente hasta hoy, donde hay un estudio permanente para mejorar las variedades y el rendimiento.
Este empresario podía plantar arroz y hacer un buen negocio para sí mismo, pero había generado un conocimiento y una innovación extremadamente valiosos para el país, por los cuales no recibía ninguna contribución. También le convenía que otros lo siguieran, porque para llegar al mínimo que justifica un embarque de exportación se necesita mucha área plantada. Además, había generado una alianza con el sector público, que es un valor en sí mismo.
Por lo tanto, tuvo su rentabilidad privada, pero no la social, y de esa forma se corre el riesgo de que haya mucha menos gente que intente hacer estas cosas. Hay un gran valor que se genera para la sociedad que no pasa por la ecuación del empresario y que es bueno retribuirla y que el Estado apueste por ese tipo de iniciativas con exoneraciones, subsidios y premios.
En ese sentido, ¿considera que en Uruguay se podría plantar un nuevo cultivo para aprovechar la tierra arable, para agregar valor, por ejemplo, el maní, cuya producción está reducida a su mínima expresión en nuestro país?
Hay que apuntar a la metodología que se siguió con el arroz, que hoy se estudia en las mejores universidades del mundo. Es decir, por haber viajado, alguien tenía la visión de que eso podía hacerse acá. No sé si es el caso del maní.
Tenemos que promocionar ese tipo de actividades para que haya un premio para el empresario si está acertado en que cierta iniciativa puede andar bien, y si le erró, porque eso no anduvo, no se va a beneficiar en nada. Pero para impulsarlo a que lo haga tenemos que ser más agresivos en la deducción del IRAE y tal vez sacarle IVA en alguna compra. En esta situación hay una falla de mercado, que es el punto de arranque: el mercado no premia, no le paga al empresario todo lo que contribuye con su conocimiento al resto de la sociedad.
“Muchas veces en la actividad empresarial se generan ventajas para la sociedad que van más allá de la rentabilidad privada, y normalmente el empresario no recibe un pago por esa contribución social”
Adolfo Díaz
Si la plantación del maní fuera viable, como en su momento pasó con el arroz, ¿cómo se haría?
De la misma manera. Si hay un empresario que se tiene fe con el maní, que fue al INIA a hacer ensayos de investigación y está dispuesto a jugársela porque está convencido de que el maní puede andar muy bien y obtiene renta de ese negocio, se debe presentar a la Comap por la ley de promoción de inversiones. En ese caso va a tener determinados beneficios fiscales, no va a tener IRAE por la ganancia que tenga o no va a pagar IVA en ciertas compras o impuesto al patrimonio sobre esa tierra.
Hay distintos mecanismos fiscales, pero partimos de una falla de mercado, porque si ese productor está en lo correcto y se puede producir maní, seguramente sea muy bueno para la sociedad, porque es otro cultivo más para rotar los cultivos en las tierras y hay diversos productos que se pueden hacer con el maní. La sociedad precisa que haya gente que quiera jugar ese rol, ahora, el mercado no le retribuye eso, porque hay una falla de mercado en la innovación, es decir, le da la rentabilidad privada, pero hay algo mucho mayor que es lo que queremos premiar.
La rentabilidad social implica que el Estado invierta en un proyecto para que luego eso genere empleo en varios sectores, como lo que sucedió con los incentivos a la forestación. ¿Cómo se explica ese efecto?
La forestación es otro ejemplo. La velocidad de crecimiento de los árboles en Uruguay por razones de frío y suelo es muy superior a la del mundo desarrollado, por lo cual se apostó por esa actividad. El efecto de generación de empleo es parte del tema, porque después se empieza a ver qué aplicaciones tiene el producto. En este caso, se puede exportar en rolos, madera aserrada, tableros para la construcción, se pueden producir muebles, entre otras cosas. Hoy se está hablando de la construcción con madera laminada, como pasa en muchos países desarrollados, que baja mucho el costo de la vivienda.
En esa entrevista, también habló sobre la necesidad de apuntar a un IVA personalizado que tiene que ver con precios de frontera, en un régimen más enfocado a la competitividad que hay en diferentes zonas del país. ¿De qué se trata?
Como en todas partes del mundo, en Uruguay hay algunos bienes de la canasta básica que como son de consumo esencial tienen un IVA menor –en vez de tener una tasa del 22%, es del 10%-, incluso aquellos que son muy esenciales están exentos de IVA. Esto es para todos los ciudadanos, pero deberíamos apoyar a quienes no puedan pagar IVA.
Antiguamente, la única manera de llegar a la gente más débil era estableciendo que no pagara nadie. Hoy, con la tecnología actual, eso ya no tiene el más mínimo sentido, hay que focalizar la ayuda –eso se hace desde hace un buen tiempo con tarjetas, con aplicaciones de celular-.
La realidad es que se podrían ahorrar recursos importantes porque la idea es hacer una devolución de IVA en las compras, que sea de mayor nivel a medida que el ingreso sea menor, pero a medida que el ingreso vaya creciendo, que se cobre más IVA. Eso implicaría un ahorro tributario, porque se les devolvería más a unos, pero se les cobraría más a otros.
¿Hacia dónde deberían dirigirse esos ahorros?
Con eso se podrían generar recursos, pero no para aumentar los impuestos, sino para eliminar impuestos que dañan mucho la competitividad. Un caso claro es el gasoil, que participa cuando llevamos los insumos a las empresas, cuando producimos y cuando sacamos los productos al mercado, o sea, incide en toda la cadena. Los combustibles fósiles tienen impuestos porque contaminan, con eso ya alcanza y sobra.
El objetivo es, primero, hacer del IVA un impuesto más justo. No existe ningún tributarista en el mundo que defienda que haya que achicarles los impuestos a los sectores más pudientes de la sociedad, eso viola los principios más básicos de la política fiscal. Entonces, con esto estamos aumentando la recaudación y aspiramos a destinar eso a resolver problemas graves que Uruguay tiene de competitividad, que a la larga se reducen en menos empleo.
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