En el marco de la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Cabildo Abierto planteó sus diferencias con la aplicación de la Ley de Inversiones que “tiende a beneficiar a los grandes en detrimento de los pequeños empresarios”. El partido propone revisar la ley para verificar si hubo discrecionalidad.
La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tiene como objeto la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.
Su normativa de base es la Ley 16.906 y el decreto del 9 de enero de 2012. El espíritu de esta normativa señala que el régimen de admisión y el tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros deberá ser el mismo que el que se concede a los inversores nacionales.
En este sentido, y según la página web del MEF, “el Estado uruguayo otorga un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.
Con el advenimiento de la pandemia, el pasado año se implementaron modificaciones en la Comap a través de decretos. En uno de estos cambios, publicado en setiembre de 2020, el gobierno explicó que la apuesta era incentivar aún más a los inversores en materia de beneficios impositivos, de manera de concretar nuevos proyectos en el país en medio de la crisis sanitaria.
En ese sentido se implementaron mayores plazos y exoneraciones impositivas junto a la reinstalación de un régimen simplificado. El decreto estableció que las empresas podrían exonerar hasta un máximo del 90% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), lo que significó la baja de la tasa efectiva anual a pagar, pasando del 10% al 2,5% ya que, anteriormente, el beneficio era de hasta 60% para empresas establecidas y 80% para nuevas.
Además, en el decreto se estableció la reinstalación del régimen simplificado para la postulación de proyectos y asignación de beneficios, mediante el uso del indicador de generación de empleo.
Según dijo Alejandro Irastroza, subsecretario del MEF, al semanario Crónicas, al 31 de marzo de 2021 –y desde setiembre de 2020– se habían presentado 1.700 proyectos por unos US$ 1.800 millones.
La gota que derramó el vaso
En la interpelación a la ministra de Economía la semana pasada, diferentes representantes de los partidos dieron su visión sobre la Ley de Inversiones. En la instancia se buscaba conocer detalles de la exoneración impositiva otorgada a Isaac Alfie. Desde Cabildo Abierto (CA) se dio un paso más en el asunto y el diputado Álvaro Perrone fue conciso al asegurar que esta reglamentación beneficia a los poderosos.
En ese sentido, planteó que era necesario discutir la Ley de Inversiones y, más aún, este tipo de exoneraciones, ya que considera que la mayoría de las empresas no logra acceder a los beneficios porque no los conoce o porque les sale caro. «Se tiende a beneficiar a los grandes en detrimento de los pequeños”, opinó. Y dijo que se debe revisar la reforma tributaria del Frente Amplio “porque aumentan el gravamen sobre el trabajo y se exonera al capital».
Según Perrone, su partido le ha hecho saber a la ministra que este régimen fiscal beneficia a los poderosos. “Hay elementos de gasto fiscal y tributario que deben ser analizados en el marco de un diálogo nacional. Las políticas de promoción de inversiones han sido caras, regresivas y arbitrarias. Se penaliza a los micro y pequeños empresarios», subrayó.
Una ley que llega a pocos
Como publicó La Mañana el pasado viernes 21 de mayo en la página web, para el diputado las excepciones deben estar dirigidas hacia las actividades que generen derrames económicos, y ejemplificó: investigación, innovación y la actividad industrial. Aseguró que es preciso estudiar el listado de las empresas beneficiadas por la Comap para ver cuántas exoneraciones se dirigieron a las pymes.
Perrone propuso discutir el tema a fondo, ya que gran parte del gobierno y la oposición está a favor de las exoneraciones fiscales y, si bien CA no se opone, entiende que es necesario profundizar. “La mayoría de las empresas uruguayas no logran acceder a estos beneficios, ya sea porque no saben que existen o porque les resulta muy costoso contratar a consultores especializados y hacer la tramitación hasta llegar a la aprobación de las mismas”, dijo.
Por otra parte, el diputado cabildante sostuvo que si bien estas exoneraciones promueven la creación de empleos, “hay algunas que no apuntan directamente a la formación de puestos de trabajo sino que se utilizan para otros asuntos”. En esa línea cuestionó que quienes pagan las exoneraciones terminan siendo los menos privilegiados. “Los comercios pequeños, los talleres, todos aquellos que no pueden pagar los costosos consultores”.
En ese marco, Perrone opinó que el régimen de la Comap está mal diseñado y ejecutado, ya que ha permitido liberar una cantidad muy importante de recursos públicos a favor de unos pocos privilegiados. Para finalizar, expuso que su partido tiene como meta defender al trabajo y a los trabajadores, “por eso insistimos en revisar este sistema que es un impuesto injusto al trabajo”, puntualizó.
Dijo que es fundamental racionalizar un sistema tributario que, con el tiempo, se ha ido “perforando con múltiples excepciones y exoneraciones que introducen otro problema: el de la discrecionalidad, o la percepción de discrecionalidad”.
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