El movimiento Un Solo Uruguay presentó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ing. Agr. Carlos Uriarte, un documento en el cual reclama que el tratamiento de las emergencias agropecuarias tenga carácter de política de Estado, también propuso 18 medidas puntuales y plateó cuatro proyectos a largo plazo. El texto fue elaborado en base a aportes de los productores, integrantes del movimiento y todas las mesas departamentales de todos los departamentos.
La agrupación observa que la “única estrategia de atención” al problema del déficit hídrico es “la declaración por parte del MGAP de dicha situación” lo que hace que “solamente” se disponga de los recursos de esa Secretaría de Estado. Expresa que “es necesario avanzar en el sentido de generar un sistema nacional que atienda estas emergencias y que permita automáticamente coordinar distintos organismos del Estado para que ante las situaciones extremas se disparen mecanismos de apoyo predefinidos ante la emergencia”, y señala como “organismo idóneo” al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), o que se forme “un sistema de las mismas características con especificidad agropecuaria”.
“Es fundamental contar con una batería de medidas que sean automáticas ante estos eventos, a los efectos de por una parte darle certidumbre al productor de las herramientas con las que contará en el futuro, y que estos mecanismos no serán resorte exclusivo de los gobernantes de turno”, sino que se trataría “de una política de Estado”.
Las 18 medidas concretas
En segundo lugar Un Solo Uruguay detalla 18 medidas “importantes” para “comenzar a aplicar a partir de esta coyuntura de sequía actual”.
Las mismas “no implican aportes financieros o pérdidas de ingresos para el Estado, si no que se centran en medidas de tiempo y herramientas financieras”, asegura, y aclara que el déficit hídrico genera dos tipos de perjuicios: “por un lado impacta en los menores niveles productivos, efecto de la falta de agua, y por otro incrementa los costos de producción a esos niveles ya deprimidos, ya sea por necesidad de mayores insumos en el caso de la producción animal, o porque la mayor cantidad de inversión ya se realizó como es el caso de las producciones de origen vegetal”.
Las medidas son las siguientes: Eliminar la categorización de productores afectados de acuerdo a la escala en el entendido que la sequía golpea a la producción en general y a todo productor o empresa que la padece.
Dejar abierta de forma permanente la posibilidad de inscripción de los productores como damnificados por la emergencia.
Difusión permanente de los planes y programas existentes en diferentes organismos del estado que pueda aportar a solucionar esta problemática fuera de los períodos de emergencia.
Rebaja del 18 % de la contribución inmobiliaria para el año en que se produce el evento.
Diferir pagos de DGI, BPS y contribución hasta 6 meses pasada la emergencia climática.
Suspender cortes de energía y permitir la refinanciación de deuda a 12 meses luego de terminada la emergencia.
Rebaja del costo del KW durante el periodo, manteniendo el valor de todo el consumo al valor del KW básico.
Corrimiento de 6 meses del pago de las cuotas a colonización que caigan dentro del período de seca, con una refinanciación en 3 años.
Eliminar fuera del periodo de riego de cultivos la tasa básica vinculada a la potencia contratada de UTE, cobrando únicamente el consumo para permitir el riego de pasturas y campos naturales de ser necesario.
Agilizar permisos y trámites para la exportación de ganado en pie a los efectos de defender precios y no quedar con la industria como única herramienta de bajar carga rápidamente.
Habilitar líneas de créditos blandas, permitiendo utilizar el ganado como prenda y garantía para la compra de raciones y reposición o realización de pasturas.
Exoneración de IVA a los fletes que se realicen para traslado de fardos.
Comercialización de los sub productos generados por ALUR, ya sean pellets o burlanda al costo de producción.
Poner maquinaria de distintos organismos del Estado para construcción y mejora de tajamares, y realización de pozos, con costo operativo a cuenta del productor.
Habilitar una línea de crédito para productores lecheros equivalente a 1.500 US$/3.000 Lt de leche producidos en el mes para apoyar la necesidad del aumento de uso de raciones o suplementos consecuencia del déficit forrajero.
Reducción de devolución del 50 % del FAL hasta 3 meses de terminada la emergencia.
Coordinación por parte del organismo para la realización de fardos en distintas zonas que permitan utilizar la fibra de los rastrojos de arroz u otros cultivos por productores de las zonas afectadas.
Habilitar automáticamente líneas de crédito para refinanciación en los sistemas agrícolas y hortifrutícolas, por ser estos los que tienen una mayor pérdida directa en tan corto plazo y que genera endeudamientos importantes que afectan rápidamente las cadenas de pago. Estas líneas deberán ser de al menos 3 años.
Los cuatro proyectos a largo plazo
Además de estas medidas puntuales, es “necesario avanzar en el desarrollo de cuatro proyectos de largo plazo que le den sustento a la producción agropecuaria”. Tales proyectos involucran campos de Colonización sin designar, el desarrollo de créditos a largo plazo, la generación de fideicomisos, y los seguros agropecuarios.
Primero, partiendo de campos del Instituto Nacional de Colonización (INC) sin designar, desarrollar “áreas gestionadas por gremiales o grupos de productores locales que tengan como objetivo la generación de reservas forrajeras para estas eventualidades y que actúen como hotel de ganado durante las sequías priorizando las categorías de terneros y recría”.
Segundo, “desarrollar programas de créditos de largo plazo” de 10 a 15 años “que favorezcan la incorporación de riego en sistemas pastoriles o cultivos, con eliminación de IVA y otros impuestos”.
En tercer lugar expresa que se generen “fideicomisos de largo plazo que permita recapitalizar e incorporar tecnología en los sistemas productivos nacionales, como herramienta que de competitividad al productor uruguayo”. Eso permitiría que fondos de inversión de distinta índole aporten al desarrollo agropecuario, con lo cual se fortalecerá “el entramado social existente”.
Y cuarto, que se generen “líneas de seguros agropecuarios que atiendan estas situaciones, seguros que reflejen mejor a los existentes el impacto de los problemas climáticos sobre la producción, tanto en las condiciones disparadoras de los mismos como de costos de las primas respectivas”.
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