El abogado Francisco Torma de Río Grande del Sur, especialista en derecho agrario en Brasil, habló con La Mañana sobre el endeudamiento rural, los contratos agrarios, los títulos de crédito rurales y el seguro agrícola. Se refirió a los principales problemas que enfrentan los productores y las agroindustrias en el vecino país. También comentó la ley recientemente aprobada sobre Fondos de Inversión de las Cadenas Productivas Agroindustriales (Fiagro). Estos fondos apuntan al fomento y desarrollo del sector agroindustrial, que hoy corresponde a más de un cuarto del Producto Interno Bruto de Brasil.
Usted se dedica al derecho agrario desde 2006. ¿Que lo llevó a especializarse en esa rama del derecho?
Cuando mi padre, que es abogado, comenzó a atender a algunos productores endeudados, el asunto me llamó la atención. En esa época yo estaba a punto de entrar a facultad, entonces decidí enfocar mis estudios para la abogacía y en especial a las cuestiones rurales. Hoy atiendo solamente cuestiones relacionadas a las demandas del agronegocio, con especial atención a los problemas de los productores rurales. Lo que aún hoy me impresiona es que, incluso en un país esencialmente agrícola como Brasil, la abogacía recién se está avocando a ese sector. El agronegocio necesita profesionales especializados y esto incluye las cuestiones jurídicas.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los productores y las agroindustrias brasileñas desde el punto de vista jurídico?
Principalmente son dos los problemas que deben afrontarse. El primero es la actualización necesaria de algunos puntos de la legislación. Aunque la legislación agraria brasileña sea de referencia a nivel mundial, existen muchos institutos que necesitan una actualización para ingresar al siglo XXI. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento la ley no habilita que el pago pueda realizarse en producto, pero los productores acostumbran hacerlo de esa forma. Por lo tanto la ley precisa acompañar las costumbres del campo.
El segundo problema es que el productor rural necesita encarar su actividad de forma más empresarial y menos romántica. Una gestión empresarial profesionalizada presupone acciones volcadas al compliance, al due diligence y a otras formas diferentes de evitar conflictos jurídicos. Lamentablemente el abogado agrarista es más solicitado cuando el problema ya está judicializado que antes de llegar a ese punto, en la prevención de los conflictos. Es una cultura que necesita cambiarse.
¿Cómo afectan los problemas climáticos y la situación de los “washouts” a los productores? ¿Tienen medios para defenderse en estas situaciones?
La cuestión climática es inherente a la actividad agrícola. De hecho, una de las razones de existir del derecho agrario es precisamente regular las relaciones que están sujetas al doble riesgo de la actividad agraria, concepto del jurista italiano Antonio Carrozza. Además de los riegos típicos de las actividades económicas en general, la actividad agraria es siempre susceptible a los riesgos agrobiológicos, como el clima, las plagas, las enfermedades, etc. En Brasil, el sistema oficial de crédito rural prevé posibilidades de prorrogas para deudas en estos casos, lo que no sucede en financiamientos privados, normalmente tomados directamente con los proveedores de insumos.
Las cláusulas conocidas como “washout” son típicas de los contratos de compra-venta de productos para entrega futura y requieren mucha atención del productor rural, justamente a causa de la posibilidad de variación del precio del producto. Si la variación no es extrema, la cláusula no será un problema porque los contratos se cumplen. El problema se da cuando sucede una variación de precio muy grande entre la siembra y la cosecha, como ocurrió en esta última zafra de verano. Los productores comenzaron a analizar el incumplimiento de contrato, pero la cláusula “washout” hace inviable esta acción. Esto se debe a que el productor se compromete a indemnizar al comprador por la variación entre el precio del contrato y el precio de mercado al momento del vencimiento, y esto es porque el comprador también ha asumido compromisos con este grano, generalmente en relación con las exportaciones.
El agronegocio es una cadena muy compleja y esta cláusula protege el funcionamiento de esta cadena. Recordamos la importancia de la gestión, el productor debe tener este tipo de conocimiento antes de firmar sus contratos, poniendo la información en la balanza y determinando cuánto de su producción puede vincularse a este riesgo y cuánto debe comercializarse de otra forma.
“El problema [de las cláusulas de “washout” de los contratos de venta a futuro] se da cuando sucede una variación de precio muy grande entre la siembra y la cosecha, como ocurrió en esta última zafra de verano”.
Francisco Torma
Usted escribió dos libros, uno de ellos sobre el crédito rural. ¿Cómo se financian hoy los productores rurales? ¿Es principalmente con bancos o tienen posibilidades de acceder al mercado de capitales?
El crédito rural nació en Brasil en los años 60 y fue fundamental para la expansión de la agricultura. Dejamos de ser un país importador de alimentos para convertirnos en un país exportador gracias a esa inyección de dinero subsidiado por el gobierno. Fue alrededor de los años 90 que se percibió que el crédito rural, controlado por el gobierno y puesto a disposición por el sistema bancario, no atendía más a la creciente demanda de recursos del sector rural. Y fue ahí que se inició la búsqueda de herramientas seguras que posibilitaran al productor buscar dinero con empresas privadas.
La herramienta revolucionaria en ese sentido es la Cedula de Producto Rural (CPR), creada en 1994. Es un título donde el productor se compromete a entregar una determinada cantidad de granos. Esa tecnología jurídica fue suficiente para viabilizar las operaciones de trueque, donde el productor cambia los insumos que precisa para su actividad por la propia producción. A partir de la CPR se crearon muchos otros títulos que la usan como respaldo y que sirven para captar inversiones en el mercado financiero.
Actualmente observamos una fuerte tendencia a mantener el crédito rural oficial subsidiado para el pequeño productor y dejando que los grandes trabajen con el mercado de forma menos protegida.
Específicamente, ¿podría explicar cómo funciona el mecanismo de Fiagro recientemente aprobado?
Los Fondos de Inversión de las Cadenas Productivas Agroindustriales (Fiagro) es una versión rural de los fondos de inversión inmobiliarios. A partir de la ley que instituyó el Fiagro, es posible crear fondos de inversiones en el agronegocio tanto para compra de inmuebles rurales como para el desarrollo de las actividades productivas de las cadenas agroindustriales. Es un sistema interesante porque posibilita al inversor que no tiene vinculación con la actividad rural a invertir en el agronegocio con exoneración de impuestos. Por otro lado, para el productor, se crea una alternativa para la captación de estas inversiones fuera del sistema bancario.
¿Cuál es el papel de los bancos públicos, como Banco do Brasil o, en el caso de Río Grande del Sur, Banrisul?
Son los operadores del crédito rural oficial y aplican los recursos del Plan Zafra. No solo ellos, sino también los bancos privados y las cooperativas de crédito, estas últimas con una ampliación considerable en la participación del financiamiento del agronegocio brasileño. Cuantas más herramientas modernas y privadas de financiamiento de la actividad agraria surjan, más relevancia pierde el sistema bancario en el sector, principalmente entre los grandes productores. Pero con relación a los productores familiares, el sistema oficial de crédito rural, concedido a través del sistema bancario, continua muy fortalecido.
¿Podría explicar los beneficios del Plan Zafra?
El Plan Zafra es la forma con la que el Gobierno Federal pone el crédito rural oficial a disposición de los productores. Normalmente se presenta a mitad de año y trae consigo las directrices para la concesión de crédito rural en el período de un año. Esto incluye la información de montos disponibles, intereses, líneas de crédito, beneficiarios, actividades financiadas, entre otras informaciones importantes. Es este crédito que el sistema bancario pondrá a disposición de los productores.
¿En qué consiste el programa estadual Agregar-RS para la cadena cárnica?
Agregar-RS es un programa vinculado a la política agropecuaria del estado de Rio Grande do Sul (RS) y tiene como objetivo mejorar la cadena productiva de la carne. Río Grande del Sur es el estado con mayor competencia para la producción ganadera, dadas sus condiciones geográficas y climáticas, muy similares a las de Uruguay. Este programa concede un crédito fiscal a las empresas que participan en la cadena cárnica en el estado de RS, lo que significa una reducción en la carga tributaria. Por otro lado, aumenta la fiscalización sobre los animales, lo que genera más seguridad para la cadena en su conjunto.
En el libro “Derecho Aplicado al Agronegocio”, escribió un capítulo sobre el endeudamiento rural y las consecuencias para el sector. ¿Cuáles son las principales áreas tratadas en las renegociaciones de deuda de los productores?
Es importante aclarar que las renegociaciones oficiales y obligatorias se dan en el campo del crédito rural oficial. En Brasil, cuando un productor experimenta un fracaso en los cultivos por factores climáticos o cualquier otra causa, puede prorrogar el vencimiento de su financiamiento de crédito rural a través de algunas normativas existentes. El problema jurídico de esto es que muchas veces el banco no quiere hacer esa prorrogación y la cuestión se termina discutiendo en el Poder Judicial. Son tantos los casos similares que el Tribunal Superior de Justicia ya emitió un resumen para asegurar este derecho del productor rural en los procesos que se tramitan en el país.
Sin embargo, es importante decir que esa herramienta está vinculada al crédito rural y no protege al productor que financió su actividad con los proveedores privados, y ahí es donde surge el problema, porque nuestro Poder Judicial ha afirmado en varias ocasiones que los fracasos de zafra por factores climáticos no pueden ser alegadas como factores imprevisibles, haciendo inviables algunas tesis jurídicas, como la “excesiva onerosidad del contrato”, que permitiría al deudor discutir jurídicamente su obligación. La solución a este problema es el seguro rural, que todavía es considerado muy caro en Brasil y el productor prefiere apostar a la suerte.
En entrevista con La Mañana, Antonio Da Luz, de FARSUL, afirmó que tienen la meta que Brasil se posicione en diez años como la “mayor potencia agroambiental del mundo”. ¿Qué papel juegan los juristas agrarios para acompañar ese objetivo?
Brasil es considerado por el mundo como el país que tiene condiciones de ampliar su producción significativamente al punto de atender la creciente demanda mundial de alimentos sin necesidad de deforestar áreas protegidas. Todo lo que se necesita es el incremento de tecnología donde ya producimos y la recuperación de las pasturas degradadas. Nuestro problema es la inseguridad jurídica y el costo fiscal. Y es precisamente en esos puntos donde los profesionales jurídicos del país, en conjunto con los legisladores, deben orientar a Brasil para enfrentar estos problemas. La reforma tributaria y la modernización de la legislación agraria son necesarias y deben venir acompañadas de un cambio en la cultura de todos los actores del agronegocio.
Francisco Torma es un abogado especialista en derecho tributario de la Universidad de Ijuí de Río Grande del Sur. En su carrera se enfocó en cuestiones agrarias, principalmente en lo que respecta al endeudamiento rural, los contratos agrarios, los títulos de crédito rurales y el seguro agrícola. Publica sus artículos en la página AgroLei, uno de los principales sitios web sobre el derecho del agronegocio, es columnista de la Revista “Nosso Estilo Agronegócio”, de Balsas, en el estado de Maranhão y miembro de la UBAU (União Brasileira dos Agraristas Universitários).
Es coautor del libro “Derecho aplicado al agronegocio: un abordaje multidisciplinar”, en el cual escribió un capítulo titulado “El endeudamiento rural: renegociaciones de deuda del crédito rural y sus consecuencias para el productor” y del libro “Agronegocio, Derecho y la interdisciplinaridad del sector”, autor del capítulo “Crédito rural: instrumentos y garantías”.
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