Está a estudio de los diputados el proyecto de ley sobre la preservación y conservación del campo natural. Uno de sus autores dijo que se busca evitar acciones dañinas y estimular el uso correcto de los suelos.
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes está estudiando el proyecto de ley de preservación y conservación del campo natural, elaborado por legisladores del Frente Amplio, que declara “de interés general la preservación y conservación del campo natural, y la promoción de políticas de manejo sostenibles del pastoreo y otros usos”. El texto establece que los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con el de Ambiente, “serán los órganos rectores de las políticas públicas sobre la preservación y conservación del campo natural, responsables de la promoción, diseño, coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de las ellas”.
El proyecto encarga a las intendencias la promoción de “la caracterización de los campos naturales dentro del departamento, en cuanto a su prioridad de conservación”, para lo cual “deberán disponer de las estructuras y procedimientos” adecuados. También promueve “la participación social en el establecimiento de los criterios para la definición de prioridades de conservación de los hábitats naturales a proteger”. Crea el “Fondo de Apoyo al Campo Natural, como un patrimonio de afectación separado e independiente con destino a asistir financieramente” a los proyectos de investigación, planes de manejo y a las intendencias para que puedan cumplir con las competencias que le asigna la ley y las derivadas de su reglamentación.
Asimismo, promueve “la tipificación y etiquetado de la carne y lana producida total o parcialmente en campo natural”.
Preservar el recurso campo natural
El ingeniero agrónomo Nelson Larzábal es diputado del departamento de Canelones por el Frente Amplio, firmante del proyecto e integrante de la mencionada comisión parlamentaria. Sobre el tema, dijo a La Mañana que el objetivo del proyecto es contar con una herramienta más que cuide el campo natural, considerando que se trata de “uno de los biomas productivos más importantes del país”, pero en los últimos veinte años hemos asistido a la pérdida del área, “principalmente por la forestación, que es donde ya no se revierte; también se ha perdido a favor de la agricultura”.
“La idea es preservar el recurso campo natural y la ley genera herramientas estimulando al productor que hace un manejo conservador, regenerativo y dándole oportunidad a las distintas variedades nativas para que crezcan mejor y se mantengan. Queremos promover la conservación y regeneración”, subrayó.
Advirtió que “para nada” el proyecto es “una cuestión burocrática”, pero valoró que “a través de las conversaciones que hemos tenido con las distintas organizaciones, estas nos han hecho ver algunos puntos que quizá sí generaban burocracia”. De todas formas, sostuvo que “en realidad no se les da muchas potestades a las intendencias” y si bien el proyecto introduce a los gobiernos departamentales, ese es un tema “pensado como entre las posibles modificaciones que se le van a hacer”, como resultado de las “diferentes propuestas”.
Larzábal destacó que “todas las instituciones u organizaciones que han ido al Parlamento han hablado muy bien del campo natural, reconociendo sus virtudes y capacidad productiva, así como la necesidad de conservarlo”.
Declaración de interés general
El punto que genera más opinión en contra “es que el campo natural se declare de interés general”, lo que está en el artículo primero del proyecto de ley. “Ese es el matiz, porque el interés general, según la Constitución, está por encima de la propiedad privada cuando en algún caso se pueda determinar que por interés general prevalezca la preservación del campo natural sobre el interés privado de hacer otra cosa en ese mismo lugar”.
Ese es el punto de diferencia, “porque en todo lo demás la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), todos manifestaron su acuerdo”.
En la Constitución de la República se menciona el interés general en varios artículos, como limitante de los demás derechos. Por ejemplo, el artículo 7 expresa: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
El artículo 32 afirma que “la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general”; y el 36 que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”.
“Hay gente que hace cualquier cosa”
Larzábal informó que algunas organizaciones de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural presentaron un proyecto parecido que excluye la declaración de interés general, aunque “lo declaran de interés nacional, que es un concepto diferente”. Ese proyecto no tiene estado parlamentario, pero está a estudio. “La objeción a la declaración de interés general es manifestada expresamente” por varias instituciones, añadió el legislador.
Recordó que cuando la ARU compareció al Parlamento “habló mucho a favor del campo natural, pero en una segunda intervención, su presidente, Patricio Cortabarría, expresó saber que muchas veces no es rentable rotular o hacer otras cosas cuando los campos naturales son productivos, y dijo que hay gente que hace cualquier cosa, con lo cual nos dio el pie, porque para limitar ese ‘cualquier cosa que el dueño de un campo podría llegar a hacer’, es que impulsamos esta ley”.
“No es para el productor que tiene su campo y lo trabaja con ganadería, es al revés, a ese productor se busca estimular para que siga con el campo natural, para que use algunas herramientas estudiadas por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el pastoreo rotativo, el pastoreo conservacionista y otras medidas de manejo de ganado que no son sobrepastoreo. Hay cantidad de estudios sobre el tema”.
La idea es “limitar que alguien pueda hacer cualquier cosa en esa área solo porque es de su propiedad”, remarcó. “Una de las posibles limitantes sería forestar sobre suelos de alta productividad porque de repente no superan el ocho por ciento permitido (de la extensión total de los terrenos, cuando estos se ubiquen en suelos que no sean de prioridad forestal) o las cuarenta hectáreas”, a partir de las cuales hay que pedir autorización al Ministerio de Ambiente.
“A veces pasa que un productor tiene derecho a hacer lo que quiere, pero en realidad no es bueno para el país ni para la conservación de lo que se pretende del suelo, especialmente en su estado natural”, y partiendo de allí “sí se podría llegar a poner algún límite a la propiedad privada, pero dentro del concepto de que no es para que se haga cualquier cosa”.
Argumentó que “hoy, el que en su casa quiere hacer un piso más, debe estar autorizado y dentro del lugar correspondiente, no se puede hacer una vivienda sobre la vereda o a determinada distancia de una ruta, hay que dejar un retiro. Son muchas las cosas que están reguladas y limitadas. La idea es que no se pueda hacer cualquier cosa sobre el campo natural y estimular lo que es bueno en función de un correcto uso y mejores prácticas para conservar y regenerar el campo natural”.
“El proyecto no afecta ninguna producción”
Sobre los apoyos políticos que tiene el proyecto, Lárzabal dijo que el Frente Amplio fue el partido que lo presentó, y que “ahora estamos analizándolo y no se ha puesto a votación porque está en la etapa previa, pero contaría con el apoyo de legisladores de otros partidos”, aunque hay que ver su redacción final, no descartando el apoyo de los legisladores de Cabildo Abierto ni del Partido Colorado o el Partido Nacional.
El diputado aseguró que el proyecto no afecta a ninguna producción, porque “todo se podrá hacer con las autorizaciones que corresponda”.
Sobre la ganadería comentó que “hoy no necesita ningún tipo de autorización de ningún suelo, la agricultura es una actividad que la autorización la da la propia rentabilidad de la producción, porque nadie va a plantar soja o maíz si el campo no es el adecuado para eso”.
“Lo que puede llegar a tener alguna limitante podría ser la forestación, pero en general no se hace en campo natural y esa actividad ya tiene limitación de uso”, agregó.
Ocho millones de hectáreas
El diputado Nelson Larzábal (Frente Amplio) dijo que el área que protegería este proyecto de ley “puede ir de ocho a doce millones de hectáreas. Esa diferencia está en que hay estimaciones que consideran como campo natural lo que en realidad son chacras viejas que están abandonadas, o zonas que fueron productoras de grano como el noreste de Canelones, en las que hace muchos años que no se hace agricultura y se las considera campo natural cuando en realidad no lo son. Pero ocho millones de hectárea es una base importante y es más del cincuenta por ciento del área productiva nacional”.
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