Se señala que el tema fue “naturalizado políticamente” y que la responsabilidad alcanza a todas las intendencias del país en los últimos cinco años y seguramente se deberían investigar los pasados 40.
El 30 de setiembre y luego de una extensa investigación sobre el Programa de Caminería Rural, la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana denunció en Fiscalía lo que a su entender constituye una serie de graves irregularidades con claros apartamientos de varios funcionarios públicos de los artículos 7, 211, y 213 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2 y 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
El Ec. Jorge Núñez, presidente de dicha asociación, dijo a La Mañana que se identificaron hechos que desde los últimos cinco años violentan la ley, pero que el problema iría más allá y que se deberían investigar los últimos 40 años. “Ningún funcionario público puede pasar por arriba el Tocaf, que es un documento marco que nos permitió ver dónde está el problema”, agregó.
La investigación sobre la caminería rural realizada por la asociación va desde 2020 a 2024, surgiendo que, en 2021, cuando José Luis Falero se desempeñaba como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “tomó la decisión de no controlar más las transferencias que salen de la OPP a los gobiernos departamentales en el Programa 999, que es de financiamiento y que los contribuyentes financiamos. Falero nos confirmó que él tomó la decisión”, algo que es incomprensible porque “es usar los dineros públicos como si fuese una cuenta de almacén de los viejos tiempos que se apuntaba en una libreta”, comparó Núñez.
El resultado que vemos es que “la caminería rural está detonada”, con un Programa de Caminería Rural “que nace en la OPP con gente de escritorio que cada mañana enciende el aire acondicionado, a la que se le paga un sueldo y no conoce la realidad”; y que además “el dinero no se estaría utilizando donde se debe porque no existen los controles”.
Las intendencias también son responsables
“La irregularidad concreta es que la OPP hace la transferencia a los gobiernos departamentales, esos fondos ingresan en una cuenta global que queremos que se audite ya que no se refleja en la caminería rural”, explicó Núñez.
Además, las intendencias “ni siquiera generan un presupuesto por obra, porque no son controladas, lo que va en contra del principio básico del Tocaf que en sus artículos 1 y 2 dice que los fondos públicos deben utilizarse de forma transparente, eficaz y eficiente. ¿Cómo se van a utilizar en forma eficaz, eficiente y transparente si no se sabe ni siquiera cuál es el costo de un kilómetro?”, planteó.
Por lo anterior, la responsabilidad no es solo de la OPP, también de las intendencias, de sus contadores “que no han cumplido con el Tocaf”, y también hay responsabilidad de los ediles y de los presidentes de las juntas departamentales, porque “la Ley 9515 que crea las juntas departamentales, en su artículo 1° dice al edil y al presidente de la Junta que tienen el cometido de controlar el ejecutivo del intendente. Ante eso los ediles nos dicen que es un tema naturalizado en la política”. Estamos hablando de que violar la ley “es un vicio naturalizado, eso la justicia lo debe determinar”.
Cifras millonarias en dólares
Respecto a las cifras que se han destinado a caminería rural y que no se controla respecto a qué fin último se le da, Núñez dijo que “hay dos montos, uno es el que aparece en el Presupuesto Nacional” por 190 millones de dólares. Sin embargo y como muestra “de la desprolijidad administrativa y que compromete la transparencia del BID, encontramos en el sitio web que tiene la trazabilidad del gasto en la caminería rural otros 600 millones de dólares en estado de implementación o ejecución”.
“Quiere decir que se presupuestaron casi 200 millones de dólares, pero de esos otros 600 no sabemos cómo se están gastando”, la pregunta es “¿por qué la OPP incorpora 200 cuando son 600 millones? Necesitamos poner luz si son 200 o 600 millones y sobre cuál es el procedimiento que usan las intendencias, y la OPP que no está controlando”.
Es importante que el responsable de que esto esté pasando “se haga cargo y se corrija para que no pase más”, subrayó.
Ubicación irregular de los accidentes
Otra irregularidad mencionada por Núñez es el de los accidentes fatales que ocurren en un camino rural, pero son registrados en rutas nacionales, una arista de la investigación que aún se está desarrollando, pero “hay personas fallecidas y que fueron mal registradas, porque figuran en rutas nacionales cuando realmente el hecho ocurrió en un camino rural. Eso es gravísimo y es un tema delicado”.
Al pedirle un ejemplo concreto, dijo que “el 14 de enero hubo un accidente fatal en camino Tapia entre San Jacinto y la estación Tapia (Canelones), pero fue registrado en ruta nacional 88”.
“Hay otro caso en Treinta y Tres”, aseguró, y según datos en poder de la asociación “eso pasa a menudo”, y no puede ser que “digan que tenemos un problema de geolocalización. Si la persona fallece en un camino rural, el camino rural está codificado y la seccional de Policía tiene que saber cuál es el camino rural” y dónde sucedió el hecho.
Al ser preguntado si la idea es sacar la caminería rural del foco de atención, Núñez contestó: “Eso es lo que creemos. El problema se lo presentamos al director de Unasev [Unidad de Seguridad Vial] porque debe haber una coordinación con las seccionales y si el siniestro ocurre en un camino rural no se ponga solo jurisdicción departamental, queremos que se diga si es en zona rural”.
Cabe recordar que el objetivo de Unasev es la construcción de una política nacional en seguridad vial y su promoción para que todos los usuarios de las vías de tránsito circulen de forma segura.
Costos millonarios
El presidente de la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana también hizo referencia al costo que tienen para el país los accidentes, ya sea en vidas humanas como económicamente: “Con base en información de Unasev, en 2023 fallecieron 424 personas y hubo 25.000 lesionados en caminería rural y rutas nacionales; un porcentaje importantísimo de esos fallecidos y lesionados se dan en jurisdicciones departamentales”.
Si se hace el cálculo sobre la pérdida que sufre el país por los fallecidos y lesionados se llega a “2500 millones de dólares al año”. Ese total “no es un supuesto”, y se llega a él dividiendo el PBI por el número de personas activas (1,7 millones) y el resultado se multiplica por los fallecidos, explicó.
Frente a todos esos datos que significan desprolijidad en el manejo de los dineros, pérdidas de vidas y pérdidas millonarias para el país, el Ec. Núñez entiende que “las autoridades tienen que hacer algo como generar un área de investigación”.
Asimismo, advirtió que si la asociación encontró “este problema en caminería rural y las pérdidas que genera, es posible que si seguimos investigando los diferentes incisos del Presupuesto Nacional también encontremos otras ineficiencias”.
Lo que se debe investigar son los eventuales “desvíos de dineros públicos por el mal uso de la Constitución y la ley, y las ineficiencias que siempre tienen un costo en el país”.
Medioambiente
Todo este tema tiene “tres columnas de impacto”. Una de tipo socioeconómico que consiste en el subsidio que hace todo el país en un proyecto de caminaría rural sin resultados visibles, cuya ineficacia podría ser responsable del costo de vidas; la segunda columna es la falta de controles que significan incumplimiento de la Constitución y el Tocaf; y la tercera columna es medioambiental, también grave.
Este último ítem refiere al uso de canteras y el uso discriminado de tosca en la caminería rural. “Si nosotros continuamos proliferando canteras, hay que pensar que eso impacta en el suelo y el agua, y eso es una violación del artículo 47 de la Constitución porque en una profundidad determinada, ¿cuántas napas se cortan?”, preguntó.
Expectativas de la asociación
Con la denuncia no solo se trata de poner atención a la forma en que se manejan los dineros del país, sino “determinar responsabilidades y que alguien se haga cargo; que se haga una auditoría de los dos proyectos, el de 200 y el de 600 millones de dólares, pero especialmente se debe auditar el Proyecto 999 porque es donde creemos que están los desvíos de fondos más importantes”.
“Nos hemos tenido que transformar en fiscalizadores”
Con énfasis en su carácter apartidario, la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadano se creó el 1º de mayo de 2024 en asamblea general realizada en San Jacinto con la presencia de 47 personas de todo el país; fue registrada en el Ministerio de Educación y Cultura y sus estatutos se aprobaron el 8 de agosto.
La asociación no tiene fines de lucro y como su nombre lo indica apunta al control y la participación de los ciudadanos en los temas que atañen directamente a la población.
Cuenta con equipos técnicos en diferentes áreas y delegados en todo el país, la mayoría de ellos de Un Solo Uruguay. “Somos instituciones hermanas”, dijo el Ec. Jorge Núñez, presidente de la asociación, que “debimos crear porque no hay nadie que controle, nos hemos tenido que transformar en fiscalizadores, para que todos los ciudadanos puedan saber cómo se usan los dineros públicos, en este caso respecto a la caminería rural”, pero se debería centrar la atención en todos los escalones del Estado.
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