“Hace años que intentamos trabajar en una política de fronteras y ahora en julio logramos que Cabildo Abierto presentara un proyecto que está muy en la línea de nuestra idea original”, dijo Alfredo Freitas, referente comercial de Bella Unión.
A fines de julio los senadores Guido Manini, Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron ante el Senado un proyecto de ley referente al comercio fronterizo que establece un régimen especial para la micro, pequeñas y medianas empresas, el cual ahora espera su tratamiento en la Comisión de Hacienda que preside en senador nacionalista Jorge Gandini.
Según la exposición de motivos que acompaña el proyecto, éste apunta a “impulsar el desarrollo socioeconómico de las ciudades de frontera”, a crear “más y mejores empleos, reducir la pobreza, abordar la marginalización” de los más vulnerables, y “formalizar la actividad comercial”.
La Cra. Rocío Villamor quien participó del equipo que estudio y trabajó en la elaboración del proyecto, junto al Cr. Diego Sitjar dijo a La Mañana que la iniciativa “apunta a que las ciudades de frontera puedan ser más competitivas en relación a sus ciudades gemelas, porque la diferencia de precios es muy amplia”.
“El proyecto trata de achicar esa brecha para que el sector comercio se pueda desarrollar mejor, y evitar que la gente se pase al otro lado de la frontera a hacer sus compras. Se busca disminuir los precios que el consumidor paga para que el comercio sea más competitivo”, resumió.
La iniciativa presentada por los tres senadores de Cabildo Abierto define que el objeto es “establecer un régimen jurídico especial de comercio fronterizo para las micro, pequeños y medianas empresas (Mipymes) instaladas o por instalarse, en zonas de frontera del país” hasta 20 kilómetros desde los pasos de frontera con Argentina y Brasil, y establece que esos “pasos de frontera” con Argentina son Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón, Salto-Concordia, y con Brasil el Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión que tiene la particularidad de también ser limítrofe con Argentina.
El mecanismo de acción manejado es la disminución de impuestos a través de una tarjeta de frontera para los habitantes de la ciudad fronteriza para ser utilizada en su departamento y que contará con un tope mensual no acumulable.
“No se trata de recaudar menos sino hacer que a partir de este mecanismo los precios sean más competitivos, y que la recaudación supere lo que hoy se está recaudando”, agregó Villamor. Eso “no se va a dar de un día para el otro pero sí en un plazo lógico. Para esto nos basamos en el análisis del combustible que al comienzo bajó la recaudación pero después debido al aumento significativo en el volumen de ventas, la recaudación volvió a los niveles anteriores. La gente movida por el interés económico va a comprar donde le sale más barato”, aseguró.
De esa manera “no solo se fomenta el comercio en la frontera, también va a fomentar todo el comercio nacional porque las distribuidoras van a vender más a esos departamentos ya que si se incrementan las ventas va haber mayor demanda” de distintos productos, “es una cadena que incluye todo tipo de servicios”, destacó.
Comisión de Comercio Fronterizo
Al ser consultada sobre la forma en que se implementaría la iniciativa, la Cra. Villamor dijo que si bien el mecanismo a usar es similar al que ya se aplica con los combustibles, en el caso de una canasta básica es más complejo porque incluye varios tipos de productos y de diferentes distribuidores.
Debido a esa complejidad el artículo 8 del proyecto prevé la creación de una Comisión de Comercio Fronterizo que sería de carácter permanente y tendrá una integración multisectorial que incluye instituciones estatales y del sector comercio privado. Su función será “formular las acciones políticas de desarrollo” relativas al comercio “en zonas de frontera, para lo cual llevará estadísticas y registros actualizados de precios y variables económicas de los países vecinos” y las propondrá al Poder Ejecutivo para que “ejecute o promueva las gestiones pertinentes”.
La comisión tendrá un rol fundamental para el correcto resultado dado que “la variación de precios y del tipo de cambio es algo muy dinámico” y hay que prestarle atención permanentemente para “ir analizando la evolución de los precios e ir determinando en cuánto hacer la devolución y en qué productos”, explicó Villamor.
El proyecto de ley no lo menciona, pero la profesional dijo que “el mecanismo que se podría utilizar es la creación de una tarjeta de frontera que identifique a los residentes para que sólo éstos puedan hacer la compra. Si bajamos el impuesto en la frontera y no se controla que el uso sea correcto se va a trasladar el problema de los precios hacia el interior del país y tendríamos una suerte de contrabando interno, y esa no es la idea”.
“Un proyecto muy en la línea” de los comercios establecidos
Alfredo Freitas, comerciante, director de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y vicepresidente del Centro Comercial de Bella Unión, dijo que como comerciante la herramienta que tiene para sobrevivir es “bajar los costos al mínimo”, pero “a los que somos formales, se nos complica mucho competir con Brasil e incluso dentro de nuestra ciudad con los informales. Esa es la realidad”, definió.
Como Centro Comercial de Bella Unión, “hace años que intentamos trabajar en una política de fronteras y ahora en julio logramos que Cabildo Abierto presentara un proyecto que está muy en la línea de nuestra idea original. Su aprobación nos haría más competitivos con Brasil y Argentina”, aseguró.
Freitas: “Los políticos deberán explicar si están a favor o en contra” del proyecto. Va a ser “muy difícil” asumir una posición contraria y estar en contra de un proyecto que va a dar más mano de obra y mejor calidad del empleo”, a lo que se suma “un efecto multiplicador en las poblaciones”, dijo.
Los comerciantes de frontera necesitamos “condiciones similares a las que tiene Brasil, o condiciones similares al resto del Uruguay porque nosotros tenemos el problema del contrabando y de los precios de Brasil que el resto del país no los tiene. En Artigas pagamos las mismas obligaciones y los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos los mismos beneficios ni las mismas condiciones para competir”, subrayó Freitas.
“Yo digo que quedamos en el medio: tenemos el problema del contrabando y pagamos los impuestos como si no lo tuviéramos, y nos exigen las mismas condiciones que a un comerciante de Colonia o Montevideo, pero acá está prácticamente permitido la mercadería del otro lado lo que nos hace todo mucho más difícil”, expresó el empresario.
Aseguró que lo que el comercio de frontera pide y que está plasmado en el referido proyecto de ley, “no es nada improvisado, está estudiado”.
“Hace unos años el Centro Comercial de Salto lucho y logró conseguir lo que se llamó la quita del Imesi para la nafta en las ciudades de frontera. Cargar nafta en una ciudad de frontera tiene un 24 % de descuento de Imesi. El Centro Comercial de Salto sostenía que era muchísima la gente que iba a comprar nafta del otro lado, y cuando se trasladaba para adquirir combustible también aprovechaba el viaje y traía el surtido, la ropa, etcétera. Pero cuando se hizo esa quita del 24 %, la venta de metros cúbicos de nafta en las ciudades fronterizas aumentó más del 250 %”, relató.
La ampliación de las ventas genera otros efectos positivos para la sociedad. “Sin importar qué tipo de comercio sea, es seguro que ante un crecimiento así se necesita más mano de obra, más inversión de infraestructura, se pagan más impuestos, el Estado paga menos seguros de desempleo y hay menos problemas de pobreza. Independientemente de todo eso, la cantidad de pesos que se recauda por el Imesi es superior” a cuando no se había implementado la quita del 24 %. “Aumentó tanto la venta que esa reducción impositiva implica un aumento de pesos recaudados en Imesi. No hay en esto nada que sea negativo y lo mismo sucederá respecto a los demás productos de frontera”, aseguró Freitas.
Bella Unión tiene 17.000 habitantes, del otro lado está la Barra del Cuaraí con 3.000 habitantes, no obstante esa diferencia, “Bella Unión tiene tres cajas de supermercados, en tanto que Cuaraí con esa población menor tiene 35 cajas. Eso quiere decir que toda la gente de Bella Unión compra del otro lado”, lo mismo pasa en la ciudad de Artigas donde “hay 7 cajas, y del lado de Brasil hay casi 50 cajas”.
Es lógico pensar que si se toma una medida similar a la ya practicada con el combustible “las ventas en las ciudades fronterizas de Uruguay van a aumentar exponencialmente y eso va a significar menor precio para el consumidor final que va a preferir comprar en Uruguay y no en Brasil, también habrá aumento del empleo en forma inmediata porque no tenemos las condiciones para atender las ventas sino aumentamos la cantidad de empleados, los comercios se van a formalizar y así se formalizará también la mano de obra, aumentará la recaudación para el gobierno nacional como para las intendencias, más todos los efectos secundarios positivos que se sumarán”, detalló.
Finalmente Freitas se preguntó “¿qué necesita el comercio para vivir en frontera?, necesita condiciones similares. Como no tenemos las condiciones similares en precio de energía, alquiler, agua, tengámoslas en los precios”, reclamó.
Posición del Partido Nacional y Colorado
El proyecto sobre comercio fronterizo fue presentado en el Senado por Cabildo Abierto, pero es una propuesta que también incluyeron el Partido Nacional y el Partido Colorado en sus programas de gobiernos elaborados y difundidos en la campaña electoral de 2019.
“Ahora que está presentado los políticos deberán explicar si están a favor o en contra” del proyecto. Va a ser “muy difícil” asumir una posición contraria y estar en contra de un proyecto que va a dar más mano de obra y mejor calidad del empleo”, a lo que se suma “un efecto multiplicador en las poblaciones”, razonó Freitas.
En su programa de gobierno el Partido Nacional dedica una página a las políticas de frontera. “Concebimos a las políticas de frontera como un capítulo importante de la política exterior. Entre esos desafíos se incluyen las diferencias de impuestos, cargas sociales y tarifas públicas respecto del país fronterizo; las diferencias notorias en el precio de los combustibles; y las crecientes diferencias en cuanto a infraestructura vial y costos de transporte”, expresa.
Más adelante asegura que “hacen falta medidas transitorias que traigan alivio a los productores y comerciantes que hoy enfrentan situaciones críticas. Esas medidas pueden aplicarse en los departamentos fronterizos con Argentina, con Brasil, o en todos ellos, dependiendo de las situaciones específicas”.
Entre otras posibles medidas a tomar menciona que “para proteger al comercio en zona de frontera” se introducirá “un descuento del IVA a la compra de productos de una canasta básica a definir”.
El Partido Colorado también se refirió al tema en el programa de gobierno elaborado en 2019. En el capítulo Políticas Fronterizas, se compromete a “fomentar el consumo de uruguayos dentro del territorio” y reconoce que los “uruguayos tienden a consumir del otro lado de la frontera, debido al diferencial de precios”. Esa “situación implica pérdida de empresas, posibilidades de empleo y recaudación”.
Ante esa realidad el Partido Colorado propuso “crear un mecanismo que haga el seguimiento de las diferencias de precios entre Uruguay y sus países vecinos para una lista acotada de productos” con devolución de impuestos y así “equiparar los precios entre Uruguay y Argentina o Brasil. Hoy ya se hace algo similar con la nafta y el Imesi”, agrega.
El dólar
El tipo de cambio también juega su partido. “En Uruguay el dólar ha aumentado, pero si comparamos con lo que ha sucedido en los países vecinos en los últimos seis meses, vemos que ha habido un aumento mayor en Brasil y sobre todo en Argentina”, destacó Freitas. Por lo tanto “si hace seis meses nosotros teníamos la canasta básica un 30 % promedio más cara, y tuvimos aquí un aumento del dólar que es la mitad de lo que fue en Brasil o Argentina, resulta que ahora estamos más caros de lo que estábamos antes”.
Con esa realidad, “¿cómo podemos competir?, ¿qué va a pasar cuando se abran las fronteras porque termine esto del COVID?”, se preguntó el referente comercial, y advirtió: “lo que va a pasar es que, si no tomamos medias, nos van a inundar los productos de los vecinos por lo caro que estamos”, y eso “repercute en menos empleo, en menor recaudación del Estado” y en todos los efectos negativos que ese genera.
El cierre de fronteras incrementó el comercio en Paysandú y Salto
Nelson Gianoni, referente de Cabildo Abierto en Paysandú, dijo que en ese departamento el pasaje a Argentina “está muy limitado” debido a la pandemia que tantos problemas ha causado, sin embargo por el cierre de las fronteras se pudo ver con claridad cuánto incide negativamente el contrabando y la diferencia de precios que resulta negativa para nuestro país.
Las medidas que se tomaron en la frontera con Argentina “hizo que todo el comercio de Paysandú creciera, y cuando hablamos de crecer decimos que los vecinos de Paysandú están comprado en el departamento, los comercios están trabajando, están facturando más, pagando más impuestos, contratando más personas, hay más aporte al Banco de Previsión Social”.
Ante la vista de esa realidad el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre la “exoneración de impuestos en algunos productos básicos de la canasta, de igual forma que se hace con los combustibles, es algo positivo”.
“Es importante, y está entre las propuestas, que cuando pase la pandemia se pueda alcanzar una renuncia del Estado para que los vecinos de Paysandú compren aquí” y no crucen el puente. “Con el puente cortado todo el comercio mejoró y se está demostrando en la práctica que se puede generar mayor trabajo, menos desocupación y más aportes”, enfatizó.
Por su parte la intendencia “debe tratar de generar todas las condiciones para que las empresas se instalen en el departamento” porque hoy “es complicado y costoso” avanzar en un proyecto que implique iniciar una actividad empresarial.
Consultado el Ing. Agr. Cesar Mari, candidato a la Intendencia de Salto por Cabildo Abierto dijo que “el cierre de fronteras con Argentina no acabó con el contrabando, pero sí ha disminuido muchísimo” y la consecuencia positiva es que “han mejorado las ventas de los comercios locales”.
Algunas empresas “han incrementado 40 % sus ventas, eso es una causa directa del cierre del fronteras”, pero “veremos qué pasará cuando ese cierre de fronteras cese. Desde mi punto de vista creo que lo que pueda venir tal vez sea peor a la situación previa de la pandemia porque Argentina ha devaluado muchísimo su moneda y estamos con una diferencia cambiaria sustancialmente importante que puede afectar tremendamente al comercio si no se toman las medidas a tiempo”.
El proyecto de ley sobre el comercio fronterizo es una “buena medida porque las exoneraciones que se prevén haría más competitivo el comercio” respecto a Argentina pero también “servirá al comercio formal frente al informal”.
“Acá tenemos lo que se llama Paseo de Compras, vulgarmente llamado bagashopping, que tiene disparidad con el comercio establecido porque no paga los mismos impuestos y trabaja mucho con mercadería argentina y brasilera, ejerciendo una competencia que complica al comercio establecido”, apuntó.
Si bien las políticas de fronteras deben ser atendidas por el gobierno nacional, desde la Intendencia también se puede ayudar en el mismo sentido “cuidando los patrones de salubridad, la higiene de los locales de venta”, entre otras medidas competencia de la intendencia.
Minervine: El proyecto de ley “es un gran adelanto”
Atilio Minervine, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, dijo que está “muy conforme” con el proyecto de ley. “Los centros comerciales de Paysandú y Salto somos una foto muy clara de cómo se mueve el comercio con los puentes cerrados”, expresó, y destacó el trabajo realizado “en conjunto” por los centros de comercio de la región “unificando esfuerzos” como parte de CEDU, la Confederación Empresarial del Uruguay.
Asimismo estimó el esfuerzo de los equipos técnicos de Cabildo Abierto que fueron quienes “dieron el último empujón y que presentaron el proyecto”, pero también valoró que “equipos económicos de distintos partidos políticos” procedan a su estudio. “Es un gran adelanto y es un puerto al que llegamos después de muchos años de trabajo y esfuerzos de gremiales y técnicos que pusieron tiempo y ganas”.
El ejemplo “que el país tuvo con los combustibles fue una buena herramienta” porque “se beneficia directamente al consumidor final” y a su vez “hace que lleguen ingresos a las arcas del Estado”, en caso contrario lo que se hace es pagar del otro lado de la frontera, impuestos de otro país y así “se dinamiza una economía que no es la nuestra”.
Por todo eso estamos ante “una buena herramienta” que se “ha estudiado y evaluado, perfectible, pero no por eso deja de ser buena”, aseveró
Descargar Proyecto de Ley Precios de Frontera:
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/147246
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