Según proyecta el último estudio de la ONU sobre población mundial, para el año 2035 el país tendrá más personas mayores de 65 que menores de 14. Por un lado, refleja la buena calidad de vida en Uruguay, pero también plantea desafíos y surgen demandas, como las de viviendas para jubilados y pensionistas.
La directora del Banco de Previsión Social (BPS), Araceli Desiderio, dijo a La Mañana que existe una “importante lista de espera” en algunos departamentos del país, mientras que en otros “tenemos viviendas vacías que están prontas para que ingrese alguien y no tenemos gente que esté interesada”. Montevideo y Maldonado son los departamentos que tienen mayor demanda, indicó la jerarca.
El jueves pasado, el vicepresidente de BPS, Daniel Graffigna, señaló en una entrevista en canal 10 el problema de gestión de las viviendas que son propiedad de la institución. “Aproximadamente el 10% -de un total de 6.300- están vacías o mal ocupadas”, porque hay “intrusos” viviendo en ellas, dijo Graffigna. Indicó que BPS presenta una “lentitud a la hora de desalojar a aquellas personas que no tendrían que estar viviendo en estas viviendas, porque no son ni jubilados ni pensionistas”.
El largo problema de la usurpación de las viviendas
Según la Ley N° 18.116, comete usurpación “el que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno”. Este delito prevé un castigo de tres meses a tres años de cárcel.
La geriatra Aida Lessa, con vasta experiencia en temas de adulto mayor trabajando en BPS, explicó a La Mañana que las viviendas destinadas a jubilados y pensionistas se adjudican en usufructo, y cuando el beneficiario fallece las mismas deberían volver al BPS. Sin embargo, muchas veces los beneficiarios “no están en las situaciones adecuadas (no son autoválidos) y van a vivir familiares, y “cuando fallece la persona, estos se quedan”, señaló la doctora.
“Es una usurpación, están haciendo usufructo de un bien que no les corresponde. Son viviendas para jubilados y pensionistas mientras están vivos”, remarcó Lessa. Indicó que “el tema de los intrusos es el nudo que hay que resolver”. Pero como habitualmente se tiene que iniciar acciones legales para sacarlos “no es sencillo”, agregó.
“Es complicado el abordaje para los desalojos, es muy difícil por el impacto social. Es un proceso judicial que puede demorar muchos años”, aseguró Lessa.
La doctora mencionó que si bien está establecido que el equipo de asistentes sociales del BPS se encargue de tutelar las viviendas, ver quiénes están viviendo, y hacer las denuncias pertinentes ante Prestaciones Sociales de BPS para que establezcan las acciones legales que corresponden, si el que está viviendo es un intruso, “la mayoría de las veces la denuncia nos llegaba por parte de los vecinos”.
Aproximadamente el 10% de las viviendas -de un total de 6.300- están vacías o mal ocupadas.
Desiderio, directora del ente desde junio, indicó que para los desalojos se da aviso a la Justicia y “tenemos que esperar la decisión del juez, tanto si hay gente adentro como si quedaron cosas adentro y no hay ningún familiar que quiera irlas a sacar. “A veces no las pueden sacar porque no tienen plata para el camión. En ese caso, el BPS paga el camión para que se las puedan llevar. Siempre se trata de llegar a un acuerdo con los asistentes sociales que hablan con las familias. Es un proceso complejo, pero se llega a un acuerdo normalmente”, afirmó Desiderio.
Asimismo, señaló que “la mayoría de los núcleos básicos evolutivos están con ocupas, gente que se ha metido. Entran cuando fallece el pensionista o el jubilado que, por más que haya custodia, las ocupan y quedan ahí”, pero explicó que no son casos que les preocupe mayormente porque “son viviendas que ya no están en condiciones edilicias adecuadas para que las vuelvan a ocupar jubilados” y pasan al Ministerio de Vivienda y Orden Territorial (MVOT) -según los convenios vigentes- para que evalúen qué hacer con ellas después.
La recuperación del Complejo Talca
Tal fue el caso del complejo de viviendas para jubilados “Talca 1”, ubicado en las afueras de la ciudad de Las Piedras, creado en 1997 y administrado por el BPS.
A partir de denuncias de usurpación de apartamentos en ese complejo habitacional, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el Ministerio del Interior desplegó el Operativo Mirador, en el que se recuperaron decenas de viviendas del BPS destinadas a los jubilados que habían sido ocupadas de manera ilegal.
De acuerdo a la información policial, el proceso de ocupación “fue protagonizado por personas de la zona que usurparon el lugar, desplazando a los beneficiarios e incluso expulsando a la empresa de seguridad encargada de cuidar el complejo. Algunas eran vendidas de forma fraudulenta y en otras operaban bocas de drogas. Luego de ser intervenido, el complejo habitacional pasó a manos del MVOT.
Coordinación con la ANV y convenios con el MVOT
Desiderio informó que se formó una comisión de trabajo con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) “para ver si logramos tener una mayor disponibilidad de viviendas, porque tenemos una buena cantidad de gente que está en lista de espera y cuanto más rápido podamos hacerlos lograr acceder sería muy bueno”. “Todo lo que se pueda achicar en tiempo la lista de espera… y sumar viviendas que se puedan dar, bienvenido sea”, señaló.
La directora del BPS indicó que están “sacando a relucir” los convenios vigentes con el MVOT y la ANV. “Eran convenios que estaban hechos pero que no se habían usado. Estamos sacándolos a la luz para poder empezar a trabajar”, dijo.
En junio de 2009 se suscribió un convenio BPS-MVOTMA para efectivizar la transferencia al BPS de la administración de las soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, y los correspondientes recursos financieros.
A su vez, en 2013 se firmó otro con el objetivo de colaborar en la implementación y ejecución de los contratos de arrendamiento entre los particulares y el BPS, y la implementación de contratos de comodatos entre el BPS y los beneficiarios finales del Programa, jubilados y pensionistas. En el mismo se establece que le compete al BPS la determinación de la demanda cuantitativa y cualitativa de la elaboración del Registro a Aspirantes a Vivienda, determinar el orden de prioridad de los mismos y la adjudicación de las Soluciones Habitacionales.
El artículo 434 del Presupuesto Nacional que estudia el Parlamento prevé que el MVOTMA podrá dar respuesta a la demanda relevada por el BPS mediante la adquisición de unidades habitacionales en proyectos desarrollados por terceros.
Normativa actual
El Decreto N° 397/009 de agosto de 2009 que reglamenta la Ley N° 18.340, aprobada un año antes, establece la coordinación conjunta entre el BPS y el MVOTMA para la “formulación y evaluación de las políticas de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas”. Además, estipula que el MVOTMA tendrá a su cargo la ejecución y supervisión de la construcción de viviendas atendiendo la demanda que establezca el BPS para todo el territorio nacional.
Del artículo 7 hasta el 13, de la actualización del 30 de diciembre de 2019 (Decreto N° 411/019), se especifica la situación de los cohabitantes del beneficiario. En el mismo se prevé una solicitud de autorización al BPS para justificar su parentesco. La posibilidad del derecho sucesorio del bien para cónyuges y concubinos; y las acciones judiciales correspondientes cuando fallece el beneficiario titular. En los casos de que se haya comprobado que los cohabitantes no cumplían con los requisitos estipulados en la ley, estos tienen 60 días para desocupar el inmueble.
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