La partida de la tecnológica UKG se suma a una larga lista de cierres como Yazaki, Fenedur, Calcar, lo que debería encender todas las alarmas. La ineficiencia estatal y los altos costos son señalados como responsables de ahuyentar inversiones y erosionar la base productiva del país.
La noticia del cierre de la empresa estadounidense de tecnología UKG (Ultimate Kronos Group) en Uruguay llegó como un baldazo de agua fría, pero no debería sorprender a nadie. Es el eco más reciente de un ruido sordo y persistente: el sonido de las puertas de fábricas y oficinas cerrándose, una tras otra. Este no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de un mal estructural que carcome la base productiva del país. La partida de UKG, que afectará a unos 300 puestos de trabajo y se completará en fases hasta 2026, es solo la punta de un iceberg de una crisis de competitividad que ya ha cobrado demasiadas víctimas.
El modus operandi de UKG fue tan frío como ilustrativo: un anuncio por video, sin aviso previo a las autoridades, dejando a un Estado y a un sector empresarial en estado de shock. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, buscó infructuosamente un diálogo con la empresa. El presidente Yamandú Orsi, si bien expresó su preocupación, matizó la noticia señalando las “dificultades” del modelo de negocio de la firma. Sin embargo, esta explicación, aunque posiblemente cierta a nivel global, enmascara una realidad local ineludible: Uruguay se está volviendo un lugar inhóspito para producir.
El patrón recurrente: de Yazaki a La Gotita
Para entender la magnitud del problema, basta repasar un sombrío inventario de los últimos meses. A principios de 2025, la planta japonesa de autopartes Yazaki anunció su cierre, trasladando sus operaciones a Argentina y Paraguay. Más de 1.500 empleos se evaporaron, con los altos costos y la falta de competitividad global como razón oficial. En abril, fue el turno de la láctea Calcar en Tarariras, dejando a 80 personas en la calle. Poco después, Howald y Krieg, una quesera histórica de Nueva Helvecia fundada en 1950 y creadora de la emblemática línea de quesos Alpa, echó el cierre. Una empresa que en su esplendor empleaba a más de 80 personas y exportaba, sucumbió ante la misma presión.
Y, como si fuera un guion repetitivo, a finales de octubre, Fenedur, la empresa detrás de productos icónicos como el pegamento La Gotita o el Poxipol, anunció el cierre de su planta en Canelones y su traslado a Argentina. Cada cierre es un drama humano, una familia que ve fracturarse su sustento, una comunidad que se resiente. Según datos reportados por Ámbito, en el primer trimestre de 2025 cerraron 7.901 empresas en Uruguay. Esta no es una estadística fría; es la radiografía de un país que se está vaciando de su capacidad productiva.
La cruda diagnosis: ineficiencia sistémica y un Estado “pesado”
La pregunta obligada es: ¿por qué un país serio, estable y con un estado de derecho consolidado se vuelve inhóspito para la producción? El análisis de Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, es contundente: el problema no es solo que Uruguay sea caro, sino que “no está siendo eficiente en el momento de ser competitivo”. No se trata únicamente de los costos laborales o energéticos, sino de una ineficiencia sistémica cuyo principal responsable es un Estado “pesado, lento” que “no va a la velocidad de lo que el mundo está pidiendo”.
Esta burocracia asfixiante actúa como un impuesto silencioso sobre la productividad. La afirmación de que “es mucho más barato producir afuera y vender para Uruguay que producir en Uruguay y vender para afuera” debería ser un baldazo de agua fría para cualquier estrategia de desarrollo. Amílcar Perea, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), lo corroboró tras el cierre de UKG: “Sabemos que nosotros podemos competir en calidad pero no en precios; hay muchísimos países más baratos que nosotros”.
La tensión fiscal y la falta de una brújula compartida
Uno de los puntos más críticos es la tensión entre la necesidad urgente de atraer y retener inversiones y los nuevos compromisos fiscales internacionales, como el impuesto mínimo global para multinacionales. Si bien tiene cierta importancia no quedar en offside frente a los organismos globales, la prioridad de un país en desarrollo debe ser crecer. La lógica es simple y brutal: sin inversión, no hay crecimiento; sin crecimiento, no hay empleo. Cambiar las reglas de juego para empresas que ya han invertido bajo un régimen promocional específico destruye la credibilidad y envía una pésima señal a futuros inversores.
Mientras tanto, el sistema político, tanto oficialismo como oposición –con contadas excepciones–, parece instalado en el “ruido” de la coyuntura. Como señaló en su análisis la directora de Cifra, Mariana Pomiés, las discusiones se centran en escándalos puntuales o en señalamientos personales, mientras brilla por su ausencia una visión tangible y compartida sobre cómo materializar los cambios que el país necesita. Se prefiere el “ruido” de la pelea política a “las nueces” de las soluciones estructurales.
Reconversión laboral: la deuda pendiente con el futuro
El cierre de empresas como UKG o Yazaki, que deja a cientos de trabajadores altamente calificados y otros no tanto en la encrucijada, no puede abordarse únicamente con medidas paliativas como los seguros de paro. La solución de fondo requiere políticas de Estado proactivas que prioricen la educación y la capacitación continua. El rol de lo público debe pasar de ser un mero regulador a un facilitador dinámico, garantizando que el sistema educativo y de formación profesional se sincronice con la demanda de competencias técnicas y digitales que exige el nuevo paradigma productivo.
El argumento de que la tecnología destruye empleos es simplista. La historia muestra que su verdadero impacto es la transformación del trabajo. El desafío actual reside en la brecha creciente entre las habilidades que demanda el mercado y la capacitación real de la fuerza laboral. La singularidad de este momento es la velocidad vertiginosa del cambio, que exige una respuesta igualmente ágil. Programas como la nueva ley de atracción de talento son un paso, pero insuficientes si no van acompañados de una modernización masiva de las capacidades de los trabajadores locales.
La hora de las nueces
El cierre de UKG es otra campanada de alarma en una sucesión que ya es estruendosa. El “ruido” político no puede seguir ahogando el sonido de las fábricas cerrando. Uruguay tiene las condiciones para prosperar –estabilidad macroeconómica, un estado de derecho sólido–, pero esto es solo el piso. La gravedad de la situación exige, con urgencia, la construcción de un pacto nacional productivo que convoque al gobierno, a la oposición, a los empresarios y a los sindicatos.
Un acuerdo que se comprometa de manera concreta con una reforma administrativa profunda para agilizar un Estado que todos reconocen como lento; que simplifique radicalmente trámites y regulaciones; que genere certidumbre fiscal para los inversores; y que priorice, como nunca antes, la reconversión laboral. El conformismo de “estar mejor que el vecino” es un paliativo tramposo y peligroso. La sangría continuará mientras no se aborden las causas de fondo. La hora presente es de acción concertada y valiente, no de retórica. Es la hora de dejar el ruido a un lado y ponerse, de una vez por todas, a cascar nueces.
