El geólogo Guillermo Popelka señaló que el proyecto de represa en Casupá repite un esquema de gasto elevado cuando existen opciones más económicas y rápidas para reforzar el abastecimiento de agua potable en Montevideo y la zona metropolitana. En declaraciones a La Mañana, Popelka dijo que la prioridad debería ser la captación de agua subterránea en las terrazas aluviales del río Santa Lucía.
El proyecto de represa en el arroyo Casupá, ubicado en el departamento de Florida, a unos diez kilómetros del pueblo del mismo nombre, se presenta como la obra hídrica más importante de Uruguay en las próximas décadas. Según datos de OSE, esta infraestructura permitirá almacenar 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce, lo que triplicaría la capacidad actual del embalse de Paso Severino, el único reservorio existente sobre el arroyo Santa Lucía Chico. La represa, que será la mayor del país, busca asegurar el suministro de agua potable para el área metropolitana hasta el año 2045, cubriendo la demanda proyectada de 850 mil metros cúbicos por día para 2034 y más allá.
El financiamiento para la construcción, estimado inicialmente en 100 millones de dólares, se elevó a 130 millones de dólares mediante un préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en octubre de este año. El contrato para estudios de anteproyecto y pliegos se firmó en meses previos, con el objetivo de licitar la obra a inicios de 2026, adjudicarla ese año y comenzar las obras en 2027. El plazo de ejecución se calcula de tres a cinco años, dependiendo de los avances en el estudio de impacto ambiental, que se actualiza en conjunto con la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y OSE.
Este proyecto surge como respuesta a la crisis hídrica de 2023, la peor sequía en 70 años según registros históricos, que dejó el embalse de Paso Severino con menos del 2% de su capacidad y obligó a OSE a captar agua del Río de la Plata, con niveles elevados de salinidad que afectaron la potabilidad. Durante ese período, el 94% de los montevideanos dejó de consumir agua de red y recurrió a botellas envasadas, con un aumento en las ventas que triplicó los precios habituales. La crisis impactó al 60% de la población uruguaya, dependiente del sistema metropolitano, y generó pérdidas agropecuarias equivalentes al 3% del PIB, unos 1880 millones de dólares entre 2022 y 2023.
El embalse de Casupá afectará un área de 3418 hectáreas, incluyendo una zona buffer, e implicará la expropiación de más de 100 padrones privados, afectando unidades productivas y desplazando población. Se estima la inundación de 426 hectáreas de monte nativo, 787 hectáreas de pasturas naturales y 408 hectáreas de pajonales, con impactos en la biodiversidad local y en el patrimonio histórico colonial relacionado con familias como Artigas y García de Zúñiga. Aguas abajo, el régimen hídrico del arroyo Casupá se modificará, reduciendo el caudal en un 30%, lo que afecta campos, tres escuelas locales y comunidades de pequeños y medianos productores ganaderos y agrícolas.
Casupá pretende sustituir al proyecto Neptuno, anunciado en 2021 como la inversión en agua potable más grande en 150 años con un costo de casi 1000 millones de dólares. Neptuno preveía una toma en el Río de la Plata en Arazatí, una planta potabilizadora y una tubería de 90 kilómetros para cubrir el 30% de la demanda metropolitana. En abril de 2025, el gobierno de Orsi suspendió el contrato por 90 días, considerándolo “no oportuno” y priorizó Casupá, aunque el consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) firmó en enero de ese año bajo la administración anterior.
Popelka insistió en que “el primer proyecto que debería hacer el Estado es explotar el agua subterránea que hay en las terrazas del río Santa Lucía. Ese recurso puede ser un complemento muy importante para abastecer Montevideo”. Explicó que, aunque no es una fuente permanente, permitiría cubrir la demanda de la región metropolitana durante varios meses en períodos de sequía, con recargas cada dos o tres años. La propuesta realiza un aporte estimado del 15% al 20% del consumo metropolitano, o hasta el 40% según estudios posteriores. El acuífero, denominado “Aluvial del Río Santa Lucía”, se repone naturalmente y ofrece agua más dulce, con menores niveles de cloruros que la superficial, influida por el Río de la Plata.
Ventajas de aguas subterráneas
Entre las ventajas que enumeró el geólogo por sobre otras obras previstas como Casupá, está que explotar el agua del aluvial no requiere expropiación de ningún padrón privado, pues se ubica en terrenos fiscales con servidumbre de paso y toda la infraestructura es subterránea, por lo que no desplaza familias. Por otra parte, no inunda hectáreas de campo ni afecta bosque nativo y el acuífero está ubicado inmediatamente al lado de la planta de Aguas Corrientes.
El plazo de ejecución es de dos años, frente a los cinco años estimados para la represa de Casupá. El costo se estima en 30 millones de dólares, es decir, el 10 % de los 300 millones proyectados para Casupá. Popelka también destaca que el agua subterránea no contiene cianobacterias y requiere muchos menos reactivos químicos, lo que permitiría ahorrar los 20 millones de dólares anuales que OSE gasta actualmente en productos de tratamiento.
Popelka recordó que, tras la frustración del proyecto Neptuno, el ingeniero Arturo Castagnino de OSE dejó un anteproyecto en el directorio con la misma propuesta de captación subterránea, convencido de que constituye “el primer recurso y el más económico al que hay que echar mano”.
Sobre el riesgo de una nueva sequía mientras se construye Casupá, advirtió que “vamos a pasarlo muy mal, pero eso es culpa de la imprevisión y de la discusión eterna”. Señaló que el problema lleva décadas sin resolverse de forma integral y que Uruguay sigue dependiendo de pocas fuentes. Expertos como Diego Berger, ingeniero ambiental argentino-israelí invitado por OSE, subrayaron la “regla de oro” del abastecimiento: al menos dos fuentes diversificadas, especialmente para poblaciones como la metropolitana, con 1,7 millones de habitantes.
El geólogo también insistió “en la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento”. Mencionó que “el agua subterránea del acuífero aluvial no presenta cianobacterias y requiere menos reactivos químicos que el agua superficial, lo que generaría un ahorro anual de 20 millones de dólares en productos de tratamiento que actualmente gasta OSE”. Popelka descartó opciones como traer agua del acuífero Guaraní por el costo de traslado, ya que “cada metro cúbico pesa una tonelada” y 300 kilómetros lo hacen inviable. También mencionó como muy cara la desalación, estimada en dos dólares por metro cúbico, enfatizando que “el agua tiene que estar cerca de donde se procesa para inyectarla en la tubería de Montevideo”.
Consultado por las razones por las que esta alternativa permanece archivada, respondió “porque no hay intereses importantes detrás. No hay empresa, ni lobby político ni económico atrás. Y como no se ve, como es para personas técnicas, nada más, esto ha quedado en el cajón”. Popelka lamentó la falta de investigación avanzada en acuíferos uruguayos, contrastando con la explotación masiva en Brasil del Guaraní. Propuso que la mitad de la obra se realice con recursos locales y la otra con tecnología extranjera, completándola en dos años.
Los riesgos en el Este
Popelka extendió el análisis a otras zonas críticas. Indicó que Punta del Este y Maldonado también operan al límite y que podrían aplicarse captaciones aluviales similares en el arroyo Pan de Azúcar o en la cuenca de la Laguna del Sauce, abasteciendo al este del país. Para estándares mundiales, el abastecimiento uruguayo opera con márgenes ajustados, amenazando al sistema metropolitano y al de Maldonado.
Respecto al cambio climático, afirmó que se manifestará con sequías más prolongadas e intensas y lluvias torrenciales, por lo que “no podemos arriesgarnos a pasar lo que pasamos hace un par de años”. Subrayó que la captación subterránea propuesta podría ejecutarse en dos años, con la mitad de los trabajos a cargo de recursos uruguayos y la otra mitad con tecnología extranjera. Organismos internacionales como la CAF recomiendan obras como Casupá, pero Popelka argumentó que el agua subterránea, invisible, se ignora pese a su potencial.
“Viene la gente del exterior y dicen que es un milagro todavía que tengamos abastecimiento en Montevideo y la zona metropolitana”, concluyó Popelka, remarcando que la mayor parte de la población uruguaya depende de sistemas que operan con márgenes muy ajustados. En un país con abundantes ríos como el Uruguay, Negro y Santa Lucía –parte de la cuenca del Plata–, la falta de planificación ha postergado soluciones. La crisis de 2023, con embalses secos y agua salada en grifos, reveló la vulnerabilidad: OSE priorizó continuidad sobre calidad, respaldada por el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero sin proyecciones detalladas de demanda para 2045. Alternativas como reducir pérdidas en redes –hasta el 40% según estimaciones– o reúso de aguas grises podrían complementar, pero la discusión eterna, con ideologías y botines políticos, deja a Uruguay desprevenido ante eventos recurrentes.
