Diana Lucero fue directora del Liceo Departamental de Salto hasta 2017, cuando en medio de la polémica por una charla impulsada por un grupo de madres sobre sexualidad fue sumariada por Secundaria. Cinco años después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a su favor por la nulidad de los procesos administrativos.
En 2017, un grupo de madres de alumnos del Liceo 1 de Salto propuso la realización de un encuentro con docentes y estudiantes del bachillerato orientación biológica sobre sexualidad. En conversación con La Mañana, la exdirectora Diana Lucero contó que aceptó la propuesta “en el marco de un principio de acercamiento de la comunidad a la institución educativa previsto en el proyecto anual de la institución”.
Se acercaron “quizás preocupadas por un tema que era de interés en ese momento, que era el tema de la sexualidad y la afectividad tratado particularmente en la asignatura biología, pero también había un trabajo a realizar desde el área de bioética con la asignatura de filosofía”. Así fue que, ante la preocupación de las madres, concertaron con profesores de biología, química y otras asignaturas del área de ciencias biológicas las charlas para los días 27 y 29 de junio del año 2017. Según relató Lucero, la referente de sexualidad del Liceo fue citada para la charla, pero se encontraba con licencia médica y no concurrió.
“No olvidemos que estos temas, insisto, están incluidos en gran medida en la currícula de las asignaturas”, aseguró la docente. Fue así que, sin la obligación estricta de asistir por parte de los alumnos, se llegaron a concretar las charlas los días pautados. “Charlas que resultaron aparentemente muy interesantes porque hubo un cierto debate entre algunos alumnos y las madres, entre alumnos incluso”, señaló. “Contamos además con el acuerdo de que fueran charlas que no violaban la laicidad por parte de los docentes de las asignaturas citadas y otros que estaban presentes”.
“Debo recordar que hubo reuniones con el equipo de dirección y las madres, donde estas presentaron su proyecto previamente. Hubo presentación de algunos videos para motivar las charlas, algún video que surgió a instancias de algún planteamiento que hicieron los alumnos, donde las madres dado que el tema derivó hacia la interrupción voluntaria del embarazo, o más bien del proceso de gestación, presentaron algunos videos haciendo referencia al estado psicológico de las madres ante una situación de esa naturaleza”, recordó Lucero.
Según relató la exdirectora, la repercusión de la charla entre los padres fue positiva. “No se presentó ningún padre a plantear ninguna situación de reclamo, al contrario, me llamaron muy satisfechos por lo que se había planteado”, dijo. Pero justo a continuación comenzó la polémica.
Sumario exprés
En los días posteriores a la charla, comenzó una movida de reclamo por parte de algunos docentes de la institución, a la que se sumó la ministra de Educación y Cultura, Maria Julia Muñoz, y la diputada Manuela Mutti, quien radicó la denuncia ante Secundaria.
“Evidentemente hubo algún planteamiento de algún alumno que llevó a que seis profesores de los 170 profesores del liceo elevaran una denuncia ante el Consejo de Secundaria, pero debo recordar que la denuncia llegó al Consejo tres días después de mi retiro y la Resolución de sumario. Las comunicaciones telefónicas fueron las que indudablemente indujeron a que la profesora Celsa Puentes, directora de Secundaria, tomara la resolución del sumario”, recalcó Lucero.
Diana Lucero es maestra y docente de Historia, directora efectiva desde 1994, en instituciones como el Liceo 6, 2 y el Liceo Departamental. Además, fue docente de formación docente, y según contó a La Mañana, nunca tuvo sanciones similares a la de 2017 y sus calificaciones siempre fueron del nivel de excelencia. Hasta que las autoridades de Secundaria decidieron sumariarla por el caso de la polémica charla.
“Creo que la postura de este grupo de profesores, muy vinculados por cierto a la actividad gremial, vino dada por razones ideológicas, políticas, quizás pedagógicas y tal vez sociales. Es decir, hay muchos factores que se enlazan, no solamente lo político”, reflexionó. Además del sesgo ideológico, “quizás religioso, o antirreligioso. Es decir, las madres lo que enfatizaron fue en la defensa de la vida, pero no estuvieron contra el aborto ni contra la ley, jamás se trató el tema de si la ley era adecuada o no, no se lo planteó”.
Lucero recalcó que las charlas se enmarcaban en un proyecto más amplio. “Eran solo una instancia de un proyecto que incluía además dado el trabajo de los alumnos, una charla que la iba a hacer un profesor de Derecho que es abogado, sobre la normativa vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Eso se vio interrumpido en función de la decisión de secundaria”, dijo.
“Lo que Secundaria alegaba era que no se tenía que haber hecho una serie de charlas, sino que tenía que haber sido una mesa redonda. Pero todos –docentes y dirección–, coincidimos en que la modalidad o la técnica que se utilice puede variar. No tenemos por qué hacer todo en el mismo día, lo hicimos en otras instancias por otros temas trascendentes, no es la única modalidad pedagógica de presentar una propuesta a los estudiantes”, aseguró Lucero. “Además hay que medir los tiempos estudiantiles. No se pueden perder horas, si no es con objetivos muy precisos”.
Fallo del TCA encontró “vicios formales” en el proceso administrativo
“Creo que fue una postura bastante radical de quienes sostuvieron esta denuncia. Hay muchas subjetividades, pero de acuerdo a lo establecido en la propia resolución de 24 páginas del TCA evidentemente hubo, y pienso que con intencionalidad, porque no pueden equivocarse en cosas tan graves, violaciones muy notorias y graves al debido proceso, sobre todo durante la instancia de presentación de pruebas, de evitar que el abogado que me representaba estuviera presente lo que a mi me significó una gran indefensión”, recalcó Lucero.
Diana contó que durante estos años ha presentado diversos recursos ante el Consejo de Secundaria, para que finalmente pasaran a la órbita de Codicen, “donde anteriormente se había determinado por unanimidad que no hubo violación de la laicidad por haber abordado en al marco de ese tema de sexualidad y afectividad el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Codicen se expidió en el 2019, pero ya pasados los plazos establecidos por la norma, es decir que el expediente estuvo sin resolución más allá del término de días prescriptos por la norma. Por lo que me dio lugar a que hace dos años se elevara por parte de mi abogado la solicitud ante el TCA”.
Así fue que llegó la decisión final del TCA, donde se establece la nulidad de todos los procedimientos administrativos, “es decir que dada la gravedad de los hechos el proceso estaba viciado por los llamados vicios formales, lo que provocó un acto de indefensión de mi parte. Y por lo tanto no se expidieron en definitiva sobre el fondo sino sobre la forma”. El fallo revela que se violaron principios “tanto del estatuto del funcionario docente, pero de lo que es más grave todavía de la propia Constitución de la República”, remarcó.
Este fallo implica primero que se le debe restituir a Lucero económicamente lo generado en el lapso de tiempo indicado, que se tiene que borrar toda anotación en su legajo, y por lo tanto archivar todas las actuaciones, lo que no impide que se pueda hacer un recurso reparatorio, “que es un tema que lo estoy pensando más por razones morales que económicas”.
“Es un mensaje muy profundo para todo funcionario público o privado ante una denuncia por una especie de móvil, para que vean que presentando o diligenciando las pruebas y controlando los procesos formales, y confiando en la buena justicia se pueda alcanzar la verdad, que se pueda defender algo muy importante que en la educación es básico, el planteamiento de todas las posturas, la libertad de expresión, la libertad de manifestar sus ideas o con sustento científico, como lo hicieron las madres, con argumentos sólidos, para que la sociedad pueda regularse dentro de lo que es un sistema democrático y republicano”.
“Ojalá que lo expuesto sirva para crear una sociedad más justa, equitativa, solidaria, y no haya precipitaciones y decisiones equivocadas que van contra la equidad de la justicia. A mi no me interesa hacer publicidad de este hecho, pero sí darle esperanza a muchos que están desamparados por la presión que pueden ejercer ciertos grupos dentro de la sociedad”, concluyó Lucero.
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