El presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) señaló que la construcción de una estación de la empresa estatal junto a la planta de UPM 2 registra “muchas irregularidades” con los trabajadores chinos que participan en ella.
En diálogo con La Mañana, Gonzalo Castelgrande señaló que muchos trabajadores están indocumentados y trabajan de lunes a lunes más de 12 horas al día.
¿Cuál es el contexto de la obra que realiza UTE para UPM 2
Esto empezó con los primeros proyectos para construir una estación de energía al lado de UPM 2. Esta empresa produce energía con biomasa y se la venderá a UTE. Todo comenzó entre 2017 y 2018 y se terminó de concretar en 2019. Una vez que se firmó el acuerdo ROU-UPM, nosotros como sindicato lo criticamos porque venía con una serie de condicionantes para el país. Básicamente, lo que criticamos eran tres cosas. UPM ponía condiciones con respecto al manejo del caudal del río Negro y eso traía complicaciones en la eficiencia de la represa de Rincón del Bonete, en lo que es el manejo de los embalses. El punto dos era que la pastera, después de venderle energía a UTE, que tiene la obligación de comprar, podía vender al resto del mercado energético. Y el tercer punto tenía que ver con que UTE debía comprarle energía a UPM por 20 años, a un precio de biomasa a 72.50 dólares el mega, que es bastante alto para lo que se estipulaba que iba a estar saliendo en estos momentos y lo que va a salir dentro de un tiempo.
También había condiciones sobre obras que UTE tenía que hacer de infraestructura y logística. La estación de UTE al lado de UPM 2 implica una subestación con las líneas de transmisión, para que la empresa de celulosa pueda sacar la energía que produce.
Ustedes han denunciado las condiciones laborales de trabajadores chinos en la construcción de UTE de esa obra. ¿A qué se refieren en concreto?
Una vez que se autoriza el proyecto, la construcción de la estación de energía y la colocación de las líneas lo gana la empresa China Machinery Engineering Coporation (CMEC), que pertenece al gobierno de ese país. Se dedica fundamentalmente a hacer obras en el exterior. Cuando se llamó a licitación para la obra, cotizó bastante por debajo de las otras empresas, entre un 15% y 20%. De esta manera ganó la licitación y comenzó la construcción de la estación de UTE de Chamberlain, que es muy grande. También las líneas de 500 kV que conectarán esa estación con Salto Grande. La obra se realiza por medio de un fideicomiso, que básicamente son 40 millones de dólares que pone UTE directamente y 210 millones de dólares del BID. O sea, ese fideicomiso es 100% estatal, pero bajo el derecho privado. Al comenzar la obra constatamos que se venía haciendo con mucho personal extranjero. De hecho, ya en los primeros trabajos en la estación y en las líneas, la empresa CMEC trajo una camada importante de trabajadores chinos. Y ahí empezaron los primeros problemas.
¿Cuáles son esos problemas a los que hace referencia?
El año pasado estuvimos denunciando algunas situaciones que se estaban registrando y ahora estamos retomando las denuncias. Hay muchos trabajadores que están indocumentados. O sea, vienen al país solo con el pasaporte, les dan un permiso de trabajo, pero trabajan sin tener la cédula uruguaya, lo cual les impide, por ejemplo, afiliarse al Fonasa. La empresa china les da una cobertura de salud en instituciones privadas. También hay muchas irregularidades en la obra, que ya tiene 21 expedientes abiertos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cada expediente contiene una serie de denuncias, y al estar abierto quiere decir que todavía no se han corregido las irregularidades denunciadas. Últimamente también se han abierto expedientes por esta situación que hemos constatado, la cual implica que los trabajadores chinos trabajan de lunes a lunes sin descanso, no les pagan horas extra y trabajan 12 horas por día. El 30 de octubre, una inspección el Ministerio de Trabajo confirmó que hacía cinco meses que no les pagan el sueldo. Estamos hablando de cerca de 500 trabajadores chinos, que son el 85% de la mano de obra. El Sunca recientemente logró incorporar a 15 trabajadores uruguayos al gremio. Pero aun así la obra viene atrasada. Estaba estipulado que en enero de 2025 tendría que estar pronta, pero a este ritmo no se va a llegar.
Sorprende un poco traer 500 trabajadores chinos para una obra.
Sí, es bastante sorprendente. Pero, por otro lado, no sorprende tanto. Desde un primer momento, cuando cotizaron la licitación, debían sacar los cálculos para presentar ese precio tan bajo, lo cual se compensaría con traer trabajadores de su país. Se supone que se les paga el sueldo, pero no hay constatación de que ese dinero llegue a las personas. Tuvimos un incidente muy grande que fue con el medio aguinaldo. Hace un par de meses nos enteramos de que los trabajadores chinos no lo habían cobrado. Después terminó apareciendo la plata. Les pagaron con dinero que estaba en un bolso abajo de una mesa en la dirección de obra técnica. Era una escena al mejor estilo de las películas del lejano oeste.
¿Esos trabajadores están inscriptos en BPS?
Hay una serie de chinos que tienen el permiso de trabajo, y por lo tanto la empresa cotiza al BPS. KPMG es quienes se encargan de recursos humanos y ya tramitó más de 100 solicitudes para que esos trabajadores extranjeros tengan su cédula, aunque todavía no se las han dado. Pero quedan cientos que no han iniciado este trámite. Constatar todo lo que sucede en esa obra es complicado por el tema del idioma. Personalmente, he ido varias veces a la obra y he tratado de comunicarme con los trabajadores chinos, pero por medio de una traductora que tiene la empresa. Entonces, la verdad es que no sabemos realmente lo que dicen. Por eso, a partir de estas situaciones, vamos a efectuar un encuentro con el Ministerio de Trabajo, el Sunca, AUTE y los trabajadores chinos, llevando a alguna traductora independiente para saber que está viviendo esa gente.
¿A nivel salarial se cumple con los laudos?
Figura en los recibos el laudo de oficiales. Lo que no sabemos es si ese dinero realmente llega a la persona o no, y sí constatamos que no les pagan ningún tipo de horas extra ni los sábados y domingos que trabajan. Si fuera un obrero del Sunca le estarían debiendo entre 35 mil y 45 mil pesos por mes.
Un decreto que perjudica a UTE
El sindicato de trabajadores de UTE ha sido crítico con el decreto que permite a los generadores vender energía a los privados. ¿Cómo observaron este proceso?
El decreto lo rechazamos de plano. Salió el año pasado y estuvimos atrás de él casi un año y medio. Había un par de borradores. Uno llegó al directorio de UTE y los informes técnicos eran contrarios a que se aprobara. Se hizo una pequeña modificación y al final se terminó aprobando en agosto 2023. Mediante este se da la condición de potencia firme a los generadores privados a través de las energías renovables. Hicimos un recurso de amparo, frente al Ministerio de Industria y UTE, pero ni fue respondido. Ahora AUTE inició un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Industria, UTE, la Asociación de Generadores Privados de Uruguay y la Administración del Mercado Eléctrico. Lo hacemos ya que consideramos que es un decreto que viene a privilegiar a un puñadito de grandes empresarios, que se aprovechan del cambio de la matriz energética y de las inversiones que hizo el Estado uruguayo en la red eléctrica para conectar todas las energías renovables. A estas empresas el Estado les dio exoneraciones fiscales por más de 1500 millones de dólares. UTE hizo contratos a 20 años con estas empresas por lo cual paga cerca de 600 millones de dólares por año. Todos esos costos los termina pagando el pueblo uruguayo mediante las tarifas.
¿Cuál es el alcance de este decreto?
Beneficia al 0,03% de los clientes de UTE, o sea las grandes empresas, y perjudica a todo el resto. ¿Quiénes somos todo el resto? Las casas de familia, las pequeñas y medianas industrias, el pequeño y mediano productor y el pequeño y mediano comercialmente. Si se le van a UTE cerca de 100 grandes clientes, la empresa va a perder entre 20 millones y 30 millones de dólares al año. Ese faltante se va a cargar sobre la tarifa del resto de los clientes.
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