En el marco del segundo aniversario de la asociación civil Familias Presentes, se realizó este lunes la segunda instancia del ciclo “Conflictos Sociales en Uruguay, propuestas para el Sistema Penitenciario”. Los participantes concluyeron que el sector empresarial es esencial en la reinserción laboral de las personas privadas de libertad, a la vez que se necesitan políticas públicas sostenidas que acompañen el trayecto de los liberados y sean producto de un acuerdo nacional entre los distintos sectores políticos.
El conversatorio contó con la participación de representantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), la Cámara de Industrias del Uruguay, la central sindical Pit-Cnt y la consultora Manpower Group.
Según un informe realizado por Prison Studies en 2023, Uruguay cuenta con más de 15.000 privados de libertad, lo que lo lleva a ocupar el décimo lugar a nivel mundial en cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. A su vez, datos del Ministerio del Interior publicados en el mismo año indican que la tasa de reincidencia es del 70%. Estos factores resultan en una escasa rehabilitación de los reclusos, hacinamiento en cárceles, vulneración de derechos humanos y problemas de seguridad pública. ¿Cómo romper con el ciclo?
El papel del empresariado
Alejo Acosta, gerente de Recursos Humanos de Manpower Group, contó su experiencia a través del proyecto Derribando Estigmas, junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Dinali, que ayudó a 72 personas liberadas del sistema penitenciario a encontrar empleo y reintegrarse en la sociedad. El programa se basó en cuatro meses de coaching y acompañamiento personalizado con 50 horas de capacitación y desarrollo de habilidades laborales. También realizaron evaluaciones psicolaborales y selección de personal sin costo. Contrariamente a lo que creían, las dificultades no trataron de que los liberados pudieran sostener su participación en el programa, sino de que las empresas se animaran a participar. “Muchas veces nos encontrábamos con un franco rechazo. Nos decían: ‘¿Por qué se ponen a buscarle trabajo a los delincuentes?’ Las empresas hablan cada vez más de diversidad, pero pocas veces lo hacen refiriéndose a esta población”, lamentó Acosta, quien aclaró que entiende las resistencias, pero también la necesidad de alinear esfuerzos hacia un mismo lugar.
El director ejecutivo de ACDE, Paulo Olascoaga, sostuvo que a las personas liberadas “las contrata una empresa o las contrata un narco”. Por esto, buscar soluciones al problema significa trabajar por la seguridad del país. En su caso, habló sobre el proyecto “Liberados”, en el que trabajan en conjunto con el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) y más de 30 empresas. El proyecto busca la reintegración a la sociedad y la restauración de la dignidad de aquellos que superaron su condena y desean una segunda oportunidad. Con la inclusión y la equidad como motor, generan nexos con empresarios dispuestos a contratar personas liberadas, realizando seguimientos, mentorías y asesoramiento jurídico. En el Comcar, cuentan con una sala a la que concurren dirigentes de empresa al menos una vez por semana, que para Olascoaga “son quienes realmente pueden hacer el cambio”.
Esta es la primera vez que la Anmype participa en un proyecto que trata la inserción laboral de privados de libertad y liberados. En ese sentido, Álvaro Nodale, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo y asesor jurídico de Anmype, agradeció la invitación y reconoció que hay una desocupación estructural que, con variaciones en buenos y malos períodos, afecta a las poblaciones más vulnerables. Si bien comprende que para el empresario puede haber una preocupación en cuanto a la confiabilidad de una persona que estuvo presa, cree razonable una segunda o una tercera oportunidad de reinserción laboral. Más allá de subsidios que pueda brindar el Estado, Nodale hizo hincapié en la necesidad de un acompañamiento en esa trayectoria posconfinamiento, que puede ser desafiante para quien cambia su vida cotidiana de forma abrupta.
El papel del Estado
“Nadie está preparado para tener un familiar privado de libertad”, aseguró Gabriela Rodríguez, una de las integrantes fundadoras de Familias Presentes. Al inicio de la mesa de conversación, valoró que la asociación es un lugar en donde los familiares pueden sentirse escuchados y encontrar un sostén. La activista aseguró que el sistema penitenciario no reconoce a los familiares como sujetos de acción dentro de una cárcel, a pesar de ser un soporte vital para la misma. Dicho soporte a los reclusos no es solo emocional, sino que también económico, ya que el sistema brinda alimentación “absolutamente insuficiente”, y no provee de abrigo o artículos de aseo personal. Entre los familiares más afectados se encuentran los niños, que deben pasar varias horas en fila de espera para poder visitar a sus padres.
Alicia Maneiro, presidenta de Cudecoop –única organización que vincula a todo el movimiento cooperativo– opinó que la problemática “nos interpela como sociedad”, y que los valores cooperativos pueden ser un gran aporte para una solución. Agregó que pensar en generar cooperativas de trabajo dentro del sistema carcelario o con liberados significaría que los mismos rehabilitados deberían gestionar el proyecto, algo que “requiere de una preparación con tiempo y una decisión de querer ser parte”. Teniendo en cuenta la complejidad de dicho objetivo, enfatizó que hay que evitar “chispazos” de acción y lograr políticas de Estado que se articulen en un acuerdo nacional y que generen continuidad con el paso de los gobiernos, al contrario de proyectos anteriores del Instituto Nacional de Rehabilitación que han fracasado. “Yo creo que tuvieron una buena intención, pero solo con buenas intenciones está difícil”, apuntó.
Finalmente, Flor de Liz Feijoo, secretaria general del Sindicato Único de la Aguja, dijo que “el trabajo es el eje transformador de la sociedad”, en tanto activo integrador y culturizador. En relación a esto, comentó que su sindicato capacitó junto al Inefop a cerca de 360 personas privadas de libertad en tareas de confección. Esa experiencia les permitió ver las carencias en las cárceles –específicamente en el Comcar– donde el taller se colocaba en un reducido espacio del comedor, que a su vez estaba contaminado con plagas. “Estamos hablando de espacios que no dignifican la vida de nadie”, clarificó. Aún en estas malas condiciones, los reclusos lentamente se entusiasmaron con la propuesta, por la misma capacidad vinculante y transformadora del trabajo organizado. El problema surge cuando el recluso cumple con su condena y sale de la cárcel, porque allí es cuando se le pierde el rastro hasta que reincide. En ese impasse, “los tiempos de las políticas públicas demoran mucho más que las necesidades materiales de las personas”, concluyó.
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