La Armada Nacional detectó 19 pesqueros brasileños pescando ilegalmente en aguas jurisdiccionales uruguayas, muy cerca de la costa. El ministro de Defensa, Javier García, lamentó no tener la infraestructura adecuada para combatir este ilícito, y delineó trabajo conjunto con el Gobierno de Brasil.
Sobre las 8:15 de la mañana del pasado lunes 20 de julio, un sobrevuelo de la Armada Uruguaya detectó, en el litoral este del país, 19 barcos de bandera brasileña pescando ilegalmente en aguas de la República Oriental del Uruguay. En una rueda de prensa al día siguiente, García dijo que le llamó la atención la cantidad de barcos detectados y la cercanía que tenían de las costas uruguayas. El ministro señaló que estos se retiraron ante la presencia de la patrulla aeronaval y en la tarde del lunes se comunicó con el embajador brasileño para contrale lo sucedido y “a partir de allí empezamos otro proceso de trabajo conjunto”, indicó.
“En la mañana de hoy el almirante Wilson, jefe de la Armada uruguaya, estuvo reunido con el agregado naval brasileño y vamos a comenzar un trabajo conjunto de patrullaje. El quinto distrito naval custodiado por la Armada brasileña custodiando sus aguas, la frontera con nuestras aguas y nosotros obviamente en nuestras aguas custodiando lo que es cuidar nuestra riqueza y soberanía”, explicó García e informó que este martes zarpó una fragata “que va a estar allí instalada para patrullar”, mientras que la Armada brasileña haría lo mismo en sus aguas.
El ministro manifestó que la Armada no pudo detener a los barcos que pescaban ilegalmente porque “para hacer eso hay que tener capacidad de estar, de tener barcos que puedan hacerlo permanentemente y la realidad es que tenemos barcos de 60 años y que no están en condiciones”, lamentó García y cuestionó: “¿cuántas veces dijimos nosotros las carencias que había y lo importante que es tener el equipamiento necesario para que se pueda cuidar la riqueza de los uruguayos?”.
Defensa, control y normativa vigente
Si bien, la defensa de las aguas territoriales es competencia del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la pesca ilegal en nuestras aguas también es una problemática que le ocupa a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Jaime Coronel, director de la Dinara, dijo días atrás a radio Carve que está prevista una reunión entre los dos ministerios, para coordinar acciones de defensa nacional entre la Prefectura Nacional Naval y la Dinara; y la formación de una comisión técnico mixta entre Brasil y Uruguay. Además, planteó la necesidad de crear una organización que regule el Atlántico Sur Occidental, que no se ha podido hacer “por diferencias con los otros países costeros” de la región, especialmente por discrepancias entre Argentina e Inglaterra, sostuvo el jerarca.
Coronel destacó que Uruguay es el único país de la región que firmó el acuerdo “Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres”, bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, hizo hincapié en que Uruguay desde 2012 tiene una normativa específica (aunque la misma recién fue reglamentada en 2017). La referida es la Ley N° 19.017, que estipula las Medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a: Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, suscrito en Roma, en oportunidad del 36° Período de Sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 22 de noviembre de 2009.
En referencia a esta normativa, el director de la Dinara en ese entonces, Daniel Gilardoni, destacaba que la implementación de este acuerdo “ubica a Uruguay en una posición de equivalencia con otros reglamentos de la Unión Europea sobre la pesca ilegal y nos coloca en un grado importante de cumplimiento en el mundo”. Gilardoni indicaba que los pescadores ilegales se inclinan por el Atlántico Sur Occidental, porque es un lugar que “no tiene una organización regional de ordenamiento pesquero”, advertía y remarcaba que “este acuerdo viene a llenar esos vacíos legales, donde no hay un ámbito de regulación”.
Según la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 miles de millones de dólares. Para reducir este impacto, la Meta 4 del Objetivo 14 de La Agenda del Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU, apremia a la comunidad internacional a “regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada y no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas” para el 2020.
Además, Gilardoni aclaró, en ese momento, que “la pesca ilegal no la practican solo los buques que navegan en alta mar, sin permiso, sino también “aquellos que lo hacen por encima de las cuotas permitidas, los que pescan con artes no permitidas y sin tomar las medidas de mitigación o sin informar las capturas a los organismos regionales de ordenamiento pesquero”. Señaló que el de Montevideo, “es prácticamente el único puerto del Atlántico Sur Occidental que permite operar con buques de pesca extranjeros con el régimen de puerto libre”. Eso hace que nuestro puerto “sea elegido como una base en la región”, a diferencia de Argentina y Brasil “que no permiten la descarga de buques en estas condiciones y solo pueden hacerlo si el producto ingresa bajo el régimen aduanero”.
Con la normativa vigente todos los buques extranjeros, 96 horas antes del ingreso al puerto, deben proporcionar toda la documentación para verificar si el barco tiene todos los permisos de pesca, si el país es miembro de una organización pesquera que regula esas especies y si el barco está autorizado para pescar en esa organización “luego se decide, qué barcos se inspeccionan”, explicaba Gilardoni.
“Debemos ser de los países de la región con mayor porcentaje de embarcaciones inspeccionadas” mantuvo el actual director. Coronel reconoció que hacen un mayor esfuerzo con países que brindan menos información de sus actividades.
“No hay proyecto para reactivar la industria pesquera”
Para los activistas ambientales, a pesar de la voluntad, la realidad dista mucho del contralor efectivo sobre el territorio oceánico y lo recursos pesqueros de Uruguay. Milko Schvartzman, especialista argentino en conservación marina, ex Greenpeace, que dirigió varios años la organización “Océanos Sanos” junto a su colega uruguayo Rodrigo García, dijo a La Mañana que “Uruguay no está cumpliendo” el acuerdo internacional que ratificó por ley en 2012 y luego reglamentó en 2017.
El activista sostiene que nuestro país recibe barcos con prontuario -de actividades ilícitas- que no se controlan, y que esos “barcos furtivos eligen el puerto de Montevideo” porque acá “no se inspecciona a bordo sobre su carga y no se les requiere medidas laborales, sanitarias, ni de seguridad mínimas, advirtió. Incluso, algunos pesqueros que transbordan en altamar, a menudo, se vinculan con el narcotráfico; como el buque panameño “Perbes” en 2013, que fue interceptado por la Armada, y en sus bodegas hallaron 1,5 toneladas de cocaína.
Según Schvartzman, al día de hoy sigue sin ser “tomado en serio el tema oceánico y marino en Uruguay”, sobre todo “porque la Dinara no ha cambiado el rumbo, no ha mejorado en la transparencia y ningún proyecto para reactivar la industria pesquera y la pesca artesanal sostenible”, teniendo en cuenta que la pesca en Uruguay, según datos de la propia Dinara, cayó un 50% en la última década.
Oceános Sanos, desde 2016 monitorea la situación de barcos extranjeros que pescan en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay o que llegan al Puerto de Montevideo sin cumplir con las autorizaciones correspondientes y “condenados por otras naciones por su prontuario delictivo: pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), abusos laborales y hasta situaciones de esclavitud”. Para concientizar y transmitir su preocupación, la organización ha dado charlas en veinte escuelas y liceos, se ha reunido con parlamentarios, candidatos a la presidencia, miembros de la Corte Interamericana de DD.HH. En febrero, se reunieron con el presidente, Luis Lacalle Pou, y en abril con el subsecretario del MGAP, José Ignacio Buffa y Coronel, donde sugirieron a las autoridades se tomen, las medidas necesarias de rigor, que nuestro país se ha comprometido a cumplir.
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