Desde 2015 y hasta principios de este año, la Cooperativa Agraria de Productores Rurales Unidos de San Antonio fue una de las encargadas de proveer las cárceles del país con materia prima para la alimentación. Luego de una licitación perdida, reclaman que se atienda a los productores familiares que están “sobreviviendo a gatas”.
La Cooperativa Agraria de Productores Rurales Unidos de San Antonio (Coaprusa) se conformó en el año 2014 y en ese momento estaba integrada por 50 familias de productores pequeños de Canelones. Nació a partir de la Sociedad de Fomento Rural de San Antonio, para comercializar al Estado, ante la posibilidad de generar un convenio con el Ministerio del Interior para abastecer a las cárceles del país y, luego, a otras unidades ejecutoras como la Escuela Nacional de Policía, el Hospital Policial y la Jefatura Policial.
Efectivamente fue lo que sucedió desde 2015, al principio únicamente enviando provisiones a las cárceles de la zona metropolitana (Canelones, Montevideo y Libertad) y, un año después, a todas las penitenciarías del país. Daniel Topetti es el presidente actual de Coaprusa, quien tomó ese cargo en la comisión en abril de 2021. Él es un productor familiar abocado, principalmente, a la plantación de boniatos.
En diálogo con La Mañana Topetti contó que fue en 2015 cuando se realizó la convocatoria para presentarse a un convenio en conjunto con la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Además de Coaprusa, el acuerdo estaba conformado por la Cooperativa de Molinos Santa Rosa, la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (Caluprocerd) y la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (Conafpu). También lo integró la Intendencia de Tacuarembó y el Molino Caorsi que proveía los fideos.
“Siempre llegamos en tiempo y forma con la mercadería. Por ejemplo, a los cuatro meses que empezamos a venderle a las cárceles, nos pidieron que paráramos de llevar productos porque estaban todas las barracas llenas, lo que significó que el alimento era de calidad, por lo que no era necesario desechar mercadería como sucedía antes”, explicó Topetti.
Al mismo tiempo, si existían productos que se echaban a perder o algo que no llegaba con la calidad esperada, Coaprura se encargaba de reponer, de forma gratuita, esos productos.
“La experiencia fue muy buena para los productores, porque lo que estaba plantado sabíamos que lo teníamos vendido. Esto, para los trabajadores del campo, es algo fundamental. Vender únicamente a oferta y demanda en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) perjudica a los pequeños productores. Casi todos trabajamos enviando a comisionistas, lo que genera que pase por varias manos el producto y la ganancia del productor sea muy poca”, comentó el entrevistado.
Sin embargo, indicó que el convenio con el Ministerio de Interior era “muy bueno” y aseguraba las ventas. “Por otra parte, ellos aseguraban tener productos de calidad que, con menos kilos que antes, podían atender a todas las personas”, agregó.
“Con tan pocas hectáreas de horticultura no se pueden sustentar”
Topetti tomó el lugar de presidente en abril del año 2021 y en junio del mismo año, el Ministerio de Interior decide realizar una licitación para cambiar a los proveedores de los alimentos. “La realidad es que nosotros no estábamos preparados para enfrentar un procedimiento como este”, apuntó el productor. Indicó que se solicitó ayuda de diversos especialistas, pero que eso no fue suficiente.
Presentaron lo que pudieron, pero quedaron muy lejos del ganador, por lo que terminaron de entregar productos en abril de este año. Durante ese período pasaron de ser 38 productores a ser 28, y muchos de ellos debieron enviar trabajadores al seguro de paro ya que los pagos se demoraban más y además se solicitaron menos materias primas.
“Los productores de dos o tres hectáreas que plantaban antes de crear la cooperativa trabajaban en su campo y después en algún matadero en San Bautista, ya que en San Antonio no hay fuentes laborales. Pero cuando se abrió la cooperativa solo trabajaban en su campo, no necesitaban emplearse en otra cosa”, recordó Topetti con pesar.
“Ahora debieron volver atrás, ya que con tan pocas hectáreas de horticultura, que es lo que mandábamos nosotros, no se pueden sustentar”, agregó.
El entrevistado explicó que en la zona de San Antonio se planta mucho boniato, zapallo, zanahoria, cebolla y que, en general, las personas plantan un poquito de cada cosa para cubrir lo que suceda en el año.
“A su vez, estamos en una situación crítica en la zona debido a la sequía. Por ejemplo, las cebollas van a quedar a medio camino. Los plantadores de boniato estamos esperando que caiga un chaparrón para poder plantar”, sumó.
Según Topetti, año a año desaparecen productores chicos y, además, no hay renovación generacional debido a la inseguridad del ingreso. “Los jóvenes prefieren conseguir un trabajo de lo que sea con un salario fijo antes que producir”.
Opiniones encontradas
El entrevistado entiende que desde el comienzo de la nueva administración de gobierno “era previsible que no eran muy afines a las cooperativas”. Como ejemplo citó el caso de Caluprocerd, “ahora está entregando un 50% menos de los kilos que mandaba antes y ellos ganaron la licitación, al igual que el Molino Santa Rosa”.
“En este último caso, a pesar de ganar con ciertos requerimientos, el Ministerio les pidió que bajaran más los costos, pero estos se negaron debido a que la licitación estaba aprobada ya con los montos establecidos”, relató el productor.
Por otra parte, Topetti comentó que actualmente también hay conflictos con productores de pollo y carne de cerdo dado que se autorizó la importación sin límites, “entonces la producción nacional se está viendo afectada”.
En el caso de Coaprusa, el Ministerio del Interior argumentó que los productos entregados no eran buenos, dijo Topetti y acotó: “Cosa que no es cierta. Tenemos personas en el INR –a los que no me quiero referir con nombre, por más que me autorizaron a hacerlo– que nos dijeron que nuestros productos sí eran buenos”.
A veces pasaba que enviaban algunas papas chicas, “pero según el tamaño modificábamos los precios, no se cobraba como un producto bueno alguno que no lo fuera tanto, o si el producto no convencía se reponía”, enfatizó el entrevistado.
En ese sentido, Topetti relató que la comisión anterior de Coaprusa tuvo una reunión con director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, quien les dijo que lo que se entregaba “eran porquerías”. Dichos que, según el entrevistado, se repitieron con Caluprocerd.
La competencia con las importaciones
En palabras del productor, la licitación la ganó alguien que es acopiador. “Este productor que lo que planta son manzanas y lo demás lo compra en la UAM y se lo vende a las cárceles. En vez de repartir en 28 pequeños productores, se le está dando todo a uno solo”, lamentó el entrevistado.
Asimismo, indicó que este año se han realizado numerosas importaciones de boniatos, cuando en realidad en Uruguay había boniato zanahoria en abundancia, pero habilitaron que se traigan de otros países. “Todo esto va en contra de los productores nacionales”, reafirmó.
Topetti se refirió al hecho que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció que daría préstamos a los productores a través del Instituto Nacional de Cooperativismo. “Si alguien tiene hasta seis hectáreas se le presta hasta $ 300.000 y el MGAP cubre los intereses. Quienes tengan más de seis hectáreas pueden recibir hasta $ 600.000 y deben pagar el interés”, informó.
Sin embargo entiende que esta no es una solución real. “Si un pequeño productor acepta el préstamo, ¿cómo hace para pagar después? Si cuando podemos tener buenas producciones permiten traer a mansalva desde el exterior cosas como cebolla, boniato, pollos. Es decir: por un lado, te dan préstamos y por el otro, cuando querés hacer el dinero para pagarlo, no podés porque hay que competir con productos extranjeros”, puntualizó.
Un llamado de atención
En la visión de Topetti, “cuando una administración de gobierno hace algo bueno, hay que mantenerlo, y no sacarlo por el simple hecho de no estar de acuerdo con algunos puntos”. “Yo no tengo muchos estudios, salí de la escuela y me puse a trabajar con mis padres, pero hay cosas que son básicas y de sentido común”, dijo en referencia a la finalización del contrato de Coaprura y el INR.
Agregó que invitó a González a recorrer y ver cómo trabajan los productores familiares de San Antonio, pero que aún no ha ido. “Me interesa que se vea quiénes han quedado por fuera de algo que nos permitía producir y vivir de eso. Hay que mirar más al campo, somos quienes le damos de comer al pueblo, y si desaparecemos y todo es importado ahí sí se verán los verdaderos altos costos”, expresó.
El entrevistado explicó que a quienes producen les queda el 20% del precio final de un producto, y que las importaciones “no son para que el pueblo coma barato, porque sale más caro algo traído de Argentina o Brasil, o está al mismo costo, pero no menos”.
Opinó que se necesita mayor unión de productores para que esto no siga pasando. “Los productores familiares, es decir con hasta 15 o 20 hectáreas, seremos el 2% nada más, y estamos sobreviviendo a gatas”, lamentó.
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