El operativo antidroga en el que se incautaron 460 kilos de cocaína en Salto, alertó a las autoridades del gobierno de que Uruguay sigue siendo una alternativa para el narcotráfico a gran escala, y que todavía está en el debe el control del espacio aéreo y la reglamentación de la ley de Derribos.
Durante 25 días, en turnos, veintitrés efectivos policiales vigilaron sigilosamente los movimientos del campo en el que se sospechaba que una organización iba a ejecutar una maniobra, que era investigada desde el 6 de julio por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y la fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero.
Todo empezó con el seguimiento de un uruguayo que fue quien organizó la logística para recibir el cargamento que descargó la avioneta Cessna 182. En los últimos meses, el individuo investigado, tuvo contacto con varios ciudadanos extranjeros, a quienes dio alojamiento, transporte y les facilitó una improvisada pista de aterrizaje en el campo de Salto.
La Operación Gallego, desarrollada en un campo Cerro Travieso, Salto (limítrofe con Tacuarembó), representó la incautación de cocaína más grande en lo que va de 2020 y la segunda de considerables magnitudes de la actual administración del Ministerio del Interior. En abril, la policía había logrado interceptar un cargamento similar (421 kilos) en un camión leñero que se dirigía hacia la capital.
Durante el operativo que se llevó a cabo sobre el mediodía del jueves 22 de octubre fueron detenidas cuatro personas, dos uruguayos, un boliviano y un brasileño, que fueron arrestados mientras procedían a descargar los quince paquetes que transportaba la aeronave, que contenían 420 ladrillos de cocaína, equivalentes a 460 kilos de la droga. Tras doce allanamientos, realizados en Flores, Montevideo y Tacuarembó, otros cinco uruguayos fueron arrestados.
El sábado 24, los cuatro hombres detenidos en el campo de Salto fueron formalizados -tras llegar a un acuerdo en proceso abreviado- por asistencia al narcotráfico, pero solo uno de ellos cumplirá con prisión efectiva (10 meses). Los demás cumplirán penas de entre 12 y 18 meses en régimen de “libertad a prueba”. Mientras tanto, los otros individuos fueron formalizados y cumplirán prisión preventiva por seis meses, mientras continúa la investigación; cuatro de ellos por la presunta autoría de delitos de importación y posesión de estupefacientes, y el quinto individuo, por la presunta complicidad de esos delitos.
Avionetas narco en Uruguay
Lo particular del reciente episodio es que no es muy usual que la policía capture a los narcotraficantes en el preciso momento que descargan la cocaína. En los últimos años, era habitual que se encuentre la droga, pero no la aeronave o, a la inversa, que se encuentre la avioneta abandonada, pero sin rastros de la droga.
Esto último fue lo que ocurrió en un campo cercano a Morató (Paysandú), en setiembre del año pasado, cuando la policía encontró una avioneta Cessna 210. A partir de la detención de un ciudadano brasileño y un boliviano, los investigadores pudieron atar los cabos y encontrar los 400 kilos de cocaína que trasladó la aeronave, acopiados en una casa de un barrio privado de Carrasco.
Uno de los casos más conocidos de avionetas narco en Uruguay es el de Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Fue procesado en octubre de 2013 por la justicia uruguaya por pilotear un Cessna 210 con 450 kilos de marihuana, que se encontraron semanas después en Montevideo.
A fines de diciembre de 2019 (pocos días después de la mayor incautación de cocaína en Uruguay, en la que se incautaron casi 6 toneladas de cocaína), ocurrió lo contrario en un campo del departamento de Río Negro. La policía interceptó a dos vehículos que transportaban 415 kilos de cocaína que recién habían descargado de una avioneta que, cuando llegó la policía, ya no estaba en el lugar.
Algo similar a lo ocurrido el pasado jueves 22 de octubre, fue lo que sucedió en dos operativos contra el narcotráfico aéreo desarrollados en 2008, bajo las directivas del exdirector de la Policía nacional, comisario general Julio Guarteche. En febrero de ese año, la policía se apostó en la estancia El Catalán a la espera de una avioneta que, finalmente, aterrizó en ese campo de La Concordia, Soriano, proveniente de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con 142 kilos de cocaína que era trasladada por una célula del Cartel de Sinaloa que operaban en Sudamérica. Dos meses luego en Paysandú, una organización fue desbaratada mientras descargaba una avioneta Cessna 210 con 100 kilos de cocaína de origen boliviano.
Doce años después, una operación de este tipo es sorprendida in fraganti, lo que evidencia el trabajo de inteligencia desarrollado por la policía, la fiscalía y la brigada antinarcóticos, durante los meses que llevó la Operación Gallego.
No obstante, el escape de la aeronave, que fue registrado por las cámaras de la policía, alertan a las autoridades sobre la astucia de los pilotos, pero también de la necesidad de modernizar la flota de la Fuerza Aérea, el sistema de radares, además de reglamentar e instrumentar la ley de Derribos aprobada en la LUC.
Tras eludir el helicóptero de la Fuerza Aérea, la avioneta despegó con la carga de un solo bidón de combustible que estaban repostando. El Cessna 182 fue perseguido hasta la frontera con Brasil y se informó a las autoridades de ese país, manifestó en rueda de prensa el director nacional de la Policía, Diego Fernández. Dijo que se comportaron “de acuerdo a lo que el marco legal establece”, porque si bien existe una ley de Derribo «no está protocolizado”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que “este episodio refleja la importancia de la ley de Derribo”, que actualmente “está siendo reglamentada” por Jurídica del Ministerio. A su vez, aclaró que el derribo es el último paso de un protocolo muy preciso, que requiere una serie de pasos previos.
Al mismo tiempo, la semana pasada, García alertó a los legisladores de la Comisión de Presupuesto, sobre la importancia de “modernizar” la presencia de la Fuerza Aérea, porque el Estado uruguayo “no puede garantizar la soberanía vastas aéreas del territorio nacional”. Solo 28 de las 79 aeronaves están operativas actualmente, advirtió. Además, planteó a los parlamentarios una reestructura del ministerio, “una transformación patrimonial”, mediante un fideicomiso para la “reposición de equipamiento” y un fideicomiso en materia de infraestructura.
Policía solicitó ayuda a la DEA para inteligencia y lucha al narcotráfico
Desde junio, el gobierno uruguayo mantiene contactos con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), para que vuelva a instalarse en el país. Para el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, siempre es importante trabajar con este tipo de agencias, porque son una “ayuda en materia de inteligencia”, y porque “Uruguay precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico”, había dicho el jerarca en ese momento.
Además, señaló que el año pasado la DEA se fue del país -tras estar desde 2012 en Montevideo- “no porque se haya solucionado el tema del narcotráfico”, sino “porque no encontró respuestas en el gobierno anterior”.
La DEA está presente en esta región de América con el objetivo de enfrentar a las grandes organizaciones criminales involucradas en el cultivo, fabricación, distribución de drogas, y en otros delitos adyacentes como el lavado de activos. En los países sudamericanos, donde tiene oficinas, desarrolla investigaciones bilaterales, además de entrenamientos y distintas actividades de inteligencia.
En Uruguay, actualmente funciona la Oficina de Seguridad Regional de la embajada norteamericana y la última intervención importante de la DEA en territorio nacional fue en mayo, durante el operativo en el que extraditaron, hacia Estados Unidos, al narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia.
El pasado 8 de octubre en Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió con el consejero de la DEA, Ulrich Brechbuhl y, entre otros temas, se retomaron las conversaciones, con la intención de ampliar la cooperación en temas de seguridad, que brinda la agencia estadounidense. Tratativas que luego continuaron el canciller uruguayo Francisco Bustillo y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Desde la DEA, oficializaron que analizarían la propuesta más allá de quien gane las elecciones presidenciales.
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