A pesar de que existe un marco regulatorio que procura la protección de los consumidores, expertos advierten que no hay una defensa efectiva de estos derechos, ni en las instancias judiciales ni en la propia cultura de la sociedad uruguaya. Algunos proyectos de ley apuntan a atacar el problema de las prácticas abusivas.
“La gente en este país es mansa, no reclama, no reacciona”, opina la exjueza y especialista en derecho al consumidor, Dora Szafir. Para la experta, hay una falta de “cultura de la defensa del consumo” que permea a toda la sociedad y sus instituciones.
Entiende que no hay voluntad, ni judicial, ni política, “y que así no llegamos a ningún lado”. Considera que los jueces no tienen el “chip” de la defensa al consumidor. “No dan posibilidades, le piden cosas a la gente que es imposible que las puedan cumplir, no utilizan los mecanismos que tienen de poder hacer prueba, de pedir prueba, de ayudar al consumidor”, sostuvo. “Es más fácil rechazar, que buscar argumentos para proteger al débil”, agregó.
Desde el Comité Técnico de Defensa al Consumidor del Mercosur en el que participa Szafir se dictaron resoluciones sobre normativas que luego deberán asumir los Estados miembros del bloque a través de sus respectivos Parlamentos. En ese sentido, señaló que “hay muchas cosas que no se han podido lograr a través de la legislación, que van a tratar de entrar por resoluciones Mercosur”.
La experta anunció que “ahora se está trabajando sobre los hipervulnerables; darles mayor protección a aquellos que tienen una hipervulnerabilidad”. La especialista en temas de relaciones de consumo explicó que “vulnerable es cualquier consumidor, pero hipervulnerable es aquel que tiene adicionalmente peores circunstancias para poder negociar o poder defenderse”. Sería, por ejemplo, “en el caso de ancianos que no entienden, o puede ser por otros defectos y otras razones socioeconómicas”. Szafir advirtió que hay una cantidad de casos en los que debería darse mayor protección. “Y eso hay que incorporarlo a nuestro sistema”, expresó.
Dicho Comité del Mercosur emitió una resolución sobre Protección del Consumidor Frente al Sobreendeudamiento que obliga a los Estados parte a aplicar esas disposiciones en sus ordenamientos jurídicos antes del 15/01/2022.
Sobre este tema –acompasado con la iniciativa del Mercosur– los senadores de Cabildo Abierto presentaron en octubre de 2020 un proyecto de ley que prevé crear un procedimiento de reestructuración de deudas de las personas físicas, preocupados por los “elevados niveles de endeudamiento en miles de personas con escaso patrimonio”, generados por la proliferación de créditos al consumo.
Para Szafir, el tema actualmente debería ser “uno de los puntos clave”, porque “la gente quedó endeudada”. “Los que quedaron en situación de endeudados no van a salir nunca más si no se logra que se aplique esta ley, que es buscarle una salida la persona física endeudada, así como la tienen las empresas”, explicó la exjueza. “Las empresas se presentan a concordato y buscan una solución para salir adelante y sobreviven; pero la gente no tiene con qué sobrevivir y volver al consumo, porque queda afuera del mercado”, apuntó.
Asegura además que “no sirve de nada” que los bancos y financieras tengan cada vez más deudores. “¿Qué van a hacer con esa gente?, ¿las van a poner en la hoguera? (…) Nadie quiere ni siquiera hacer una estadística de cuántos son los sobreendeudados, porque va a sorprender muchísimo”, sostuvo la abogada.
A la militante por los derechos del consumidor le preocupa que tanto el proyecto para “darle salida al endeudado” como el de “cambiar la ley de usura” poniéndole límites a los intereses “exagerados” –presentado por el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente– “lo estén durmiendo” en las comisiones parlamentarias donde fueron presentados.
Sin un sistema adecuado
En 2018, la Ley de Regulación del Funcionamiento de los Medios de Pago Electrónico (N° 19.731 y complementaria de la Ley 19.732 que modificó varios artículos de la Ley de inclusión financiera de 2014), prohibió una serie de cláusulas abusivas utilizadas por los bancos (art. 13). Sin embargo, Szafir lamentó que “hay una cantidad de cosas de las tarjetas de crédito, emitidas por los bancos, en donde se les autoriza, por ejemplo, a la firma del vale en blanco, que los jueces habían dicho que también era abusivo”. “Es como darles un cheque en blanco para cuando te lo cobran”, explicó Szafir. Además, señaló con dicha ley “han permitido que modifiquen cosas que estaban prohibidas modificar durante la vigencia del contrato”.
Tampoco comparte la iniciativa del Programa de Modernización Legislativa (PROMOLE) de bajar de 100 a 20 UR el monto máximo para el procedimiento judicial de defensa al consumidor previsto en la Ley 18.507. “Ese procedimiento es bueno”, acreditó Szafir. “De 100 era razonable, pero 20, quien va a ir a pleitear por eso, qué abogado va a agarrar un asunto chiquito de esos”, cuestionó.
Para Szafir el problema está en que “acá no se ha fomentado nada”. “Para algunas cosas no hay un sistema legal y para otras no tenemos un sistema adecuado en cuanto a la infraestructura para poder controlar”, expuso. Advirtió que el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene prácticamente funcionarios que puedan abarcar lo que es necesario.
La exjueza y docente de la Facultad de Derecho lamenta que sea difícil encontrar ejemplos en Uruguay de políticos que digan “voy a dar instrumentos para que aquellos que abusan en el mercado, tengan la posibilidad de ser sancionados efectivamente, y que haya un instrumento estatal y de ONG subsidiadas donde los consumidores puedan reclamar y hacer las denuncias correspondientes”.
Para Szafir, “el consumidor aislado es muy difícil que lo pueda hacer”. Por eso es imprescindible que haya asociaciones fuertes, “como las hay en todos los países del mundo”. Aseguró que “en Argentina tienen un control mucho más efectivo de lo que tenemos nosotros”. Argentina tiene un “Ombudsman”, “un defensor del pueblo en materia de consumo”, al igual que Brasil que, además, está avanzando en otros temas. “Acaban de aprobar la ley del sobreendeudamiento”, destacó.
Educación financiera frente a la publicidad engañosa
En diciembre del año pasado una delegación del MEF y del Banco Central (BCU) analizó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley presentado por el diputado Peña, que propone cambios en las tasas de interés y la regulación de las operaciones de crédito. Concluyeron en que hay un “grave problema de educación financiera que debe ser resuelto para que los uruguayos sean más conscientes del dinero que deberán pagar antes de solicitar un préstamo”.
El subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, señaló que “es un tema que preocupa al ministerio y al BCU” y afirmó que la ley del año 2007 “tenía una finalidad que en cierta medida no se ha logrado”. Cree que se precisa una mejora, pero explicó que eso “no significa seguir aumentando el nivel de regulaciones” sino que implica “ir hacia la mejora de la información” de las operaciones de crédito en el país.
“Este es un sector de personas que accede a este tipo de créditos, que si de alguna manera se restringe o se regula en demasía puede dar lugar a que terminen accediendo a financistas no regulados o no controlados y esto se termine complejizando más, con mayores tasas y condiciones que no son convenientes”, manifestó Irastorza. “Por eso es importante buscar algún tipo de equilibrio”, explicó. Defensa del Consumidor afirmó que trabajan en “buscar un sinceramiento de las ofertas de créditos de consumo en los medios de comunicación masivos”.
Por su parte, el diputado Peña denunció en ese momento en la comisión que “en los últimos dos meses, entre el 40% y el 55% de las tandas publicitarias de los principales medios fue de préstamos financieros”. “Nos hemos dedicado a estudiar cada uno, y en ninguno se ha dicho la verdad; no hay ni una sola publicidad de ningún préstamo del mercado que sea la realidad del total que se le termina cobrando a la gente”, dijo Peña.
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