Esta es una pregunta que nuestro país responde con planteos en el plano del Gobierno nacional, el cual, cuando se habla de la lucha contra la inseguridad, generalmente prescinde del involucramiento de los otros niveles de gobierno local.
Nosotros sostenemos que la seguridad debe considerarse con una visión holística en la que participe todo aquello que sea necesario para su mejora y sostenimiento. Desde ese lugar, necesitamos identificar los principales actores del dominio territoral para contar con los elementos básicos de prevención que permitan disminuir las posibilidades de la ocurrencia del delito. En ese sentido, proponemos que los municipios posean algunas funciones, como elementos territoriales de gestión de la prevención, al considerarlos estructuras muy valiosas por la gran cercanía al conocimiento de la problemática y realidades de las áreas de su responsabilidad.
Si analizamos el escenario actual, la inseguridad está presente en todo el país, pero se constata que ochenta por ciento de las rapiñas y 55 por ciento de los homicidios ocurren en Montevideo. Un dato que considerar sobre los homicidios es que sesenta por ciento de ellos sucede en los espacios públicos, lo que evidencia las condiciones de desprotección en esos territorios. En los municipios A, D, F y G de Montevideo se concentra 64,9 por ciento de los homicidios, lo que indica que en esas zonas es en donde se percibe la mayor problemática.
Ante esta realidad, la mayoría de los niveles secundarios y terciarios de gobierno permanecen pasivos ante la problemática de la inseguridad, manejándose solamente con el enfoque basado en la respuesta del accionar policial. Si bien está claro que el artículo 1 de la Ley 19.315 indica que “el orden y la seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior”, también pueden considerarse otras formas de contribución para la prevención del delito manejando el enfoque de la gestión de la conflictividad. Pensamos que esta prevención, entendida como la “interrupción del mecanismo que produce un evento delictivo”, podría incorporarse a la agenda de los gobiernos locales.
Es un hecho que cada municipio es el contexto territorial más cercano a la comunidad. Es usual que los alcaldes, particuarmente en Montevideo, sean quienes reciben los acalorados reclamos o requerimientos de seguridad. El vecino recurre a ellos como puerta accesible y cercana del Estado para advertir sobre la conflictividad local, que luego deriva en violencia y delito, razón por la cual se detectaría en forma temprana y se canalizaría rápidamente a las comisarías seccionales para colaborar con la prevención de hechos delictivos
Considerando la evolución que tiene la inseguridad, especialmente en áreas urbanas, nos preguntamos: ¿no habrá llegado el momento de innovar y apostar a una organización con mayor proximidad a la población y que sume esfuerzos? ¿No deberíamos reforzar la prevención con acciones que disminuyan la oportunidad de la violencia y el delito? ¿Cómo podría implementarse? La respuesta apunta a nuestra propuesta de generar estructuras dedicadas a tareas preventivas que desarrollen los gobiernos municipales adicionalmente a las seccionales policiales o unidades básicas operativas de la Policía Nacional.
Sabemos que la seguridad pública es una competencia constitucional del Gobierno nacional, pero de acuerdo con el Artículo 262 de la Constitución los gobiernos departamentales también pueden contribuir en mucho a la prevención. Algunos de ellos ya actúan, ajustando marcos nomativos y empleando importantes recursos en apoyo a esfuerzos ante emergencias y crisis. Entendemos que también pueden realizar importantes aportes disminuyendo los elementos o factores que son facilitadores de los delitos, que ocurren mayoritariamente en los espacios públicos.
Con base en estas consideraciones, entendemos relevante incorporar los gobiernos departamentales apoyando el combate de la inseguridad.
Para instrumentar la propuesta, habría que considerar tres aspectos. El primero de ellos es la aplicación de las estrategias de prevención situacional y participación comunitaria
La prevención situacional es un enfoque de la seguridad que se centra en la modificación del entorno físico y social con el fin de reducir las oportunidades para cometer delitos y aumentar la seguridad. Se basa en la idea de que el diseño del entorno puede influir en el comportamiento delictivo y en la percepción de seguridad de las personas.
Dentro de la estrategia situacional encontramos acciones bien conocidas, pero dificilmente concretadas para todos, como la mejora y extensión de la iluminación de calles y espacios públicos y la instalación de sistemas de videovigilancia. Se necesita un diseño ambiental seguro que facilite la vigilancia natural, eliminando las zonas de oscuridad y el refugio para las actividades delictivas.
También es imprescindible contar con una evaluación de riesgos para conocer las áreas con vulnerabilidades y determinar las acciones de control y vigilancia. Debe ser una evaluación continua que permita reformular los esquemas de protección en función de la evolución de la inseguridad y las modalidades del delito en cada barrio.
La participación comunitaria de vecinos en forma individual u organizada en comisiones de seguridad barriales, planes de alerta vecinal y otros son elementos que pueden contribuir muchísimo a la seguridad. Las estructuras municipales involucradas junto con la comunidad en tareas de prevención significan una mejora sustantiva en la lucha contra la inseguridad.
En segundo lugar es necesario generar, gestionar y coordinar el conocimiento local sobre conflictividades. Está en la tapa del libro que “para poder prevenir, es necesario conocer”. Existe una dimensión local de toda política de seguridad o de la actividad policial que se desarrolla en torno a la proximidad.
Como lo expresamos anteriormente, los gobiernos departamentales tienen un importante activo que es el “conocimiento local sobre la conflictividad y la violencia”. Si ese conocimiento es registrado y tratado en forma adecuada, se estaría organizando un observatorio local de seguridad que manejaría la información obtenida, no solamente para el propio municipio, sino también para cooperar con las seccionales policiales de la zona. Al respecto hay buenas experiencias en el continente (Colombia, Perú, Argentina y otros), en donde funcionan los Observatorios locales de seguridad, los cuales tienen un gran desarrollo a partir del apoyo financiero de organismos internacionales muy interesados en el tema.
En tercer lugar, se necesita realizar y actualizar el mapeo de stakeholders (partes interesadas). Este mapeo es una técnica para conocer los intereses y el ambiente en torno a proyectos, políticas, iniciativas o preocupaciones de un grupo de actores claves. Conocer las preocupaciones de la gente y los principales actores involucrados, son insumos necesarios para orientar los esfuerzos de las organizaciones e implementar las acciones que refuerzan la prevención de la inseguridad a nivel local.
Pensamos que los gobiernos departamentales que puedan sumarse a la propuesta realizarán aportes concretos al combate de la inseguridad, a la vez que contarán con más insumos para optimizar los planes y tareas inherentes a su función.
TE PUEDE INTERESAR:
