María Lourdes González Bernardi, médica ginecóloga y experta en bioética, analizó la propuesta de extender los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay hasta las 19 o 20 semanas, planteada por la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Entrevistada por La Mañana, la doctora criticó la iniciativa y opinó que considerar el aborto como un acto médico ha sido un “error garrafal”. Además, señaló que el aumento de plazos implicaría riesgos físicos y emocionales para las mujeres, debido a la mayor complejidad de los procedimientos en etapas avanzadas del embarazo.
Semanas atrás, la ministra designada de Salud Pública, Cristina Lustemberg, fue entrevistada en el programa de streaming La Fórmula que conducen Alejandro Amaral y Paula Scorza. Allí, propuso revisar la ley del aborto por entender que actualmente existen “dificultades en el cumplimiento” de la normativa que fue aprobada en 2012.
En conversación con La Mañana, la ginecóloga y especialista en bioética María Lourdes González Bernardi dejó en claro que la propuesta esbozada por Lustemberg es ajena al programa del Frente Amplio (FA) y a las prioridades anunciadas por el presidente electo Yamandú Orsi.
En cuanto a los motivos esgrimidos para ampliar los plazos, como la detección tardía de anomalías congénitas, la doctora argumentó que tales casos fomentan la discriminación por discapacidad. A su vez, resaltó que la actual legislación ya permite interrupciones en circunstancias extraordinarias y abogó por abordar el acceso mediante mejoras en el sistema de salud, sin vulnerar derechos fundamentales como la objeción de conciencia de los profesionales.
Sobre las implicancias éticas, advirtió que establecer cambios en la ley podría deshumanizar aún más al feto y trivializar prácticas médicas que afectan la vocación de cuidar la vida. Consultada por los dilemas éticos que se dan en este marco, afirmó que la protección del niño en gestación debe prevalecer por encima de cualquier norma.
¿Cuál es su opinión sobre la propuesta que deslizó la Dra. Cristina Lustemberg, futura ministra de Salud Pública, de extender los plazos permitidos para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 19 o 20 semanas?
En primer lugar, quisiera destacar que aumentar la edad gestacional que se está planteando significa cinco meses de gestación, corresponde a la mitad del embarazo, ese aumento va unido a una serie de modificaciones a la Ley 18.987, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o mejor conocida como ley de aborto. También se propone eliminar la consulta interdisciplinaria, el tiempo de reflexión y favorecer la accesibilidad. Luego, hay que aclarar que “revisar” la ley de aborto, haciéndola más permisiva, no se encuentra en el programa del FA, y menos aún en las 48 medidas prioritarias anunciadas por el presidente electo. Es decir, es un planteo totalmente descolgado.
Yendo a los motivos para aumentar la edad gestacional a los cinco meses de embarazo, es evidente, y así lo han manifestado sus promotores, que hay mujeres que quedan en el circuito clandestino porque no llegan al plazo amparado por la ley de 12 semanas. Cabe destacar que con la actual legislación en situaciones extraordinarias se puede acceder a la interrupción durante todo el embarazo. Otro motivo que esgrimen es que el diagnóstico de alteraciones congénitas en el feto no se confirma hasta pasados los cuatro meses de gestación. No es ni más ni menos como el caso del aborto por síndrome de Down, el más frecuente de las anomalías congénitas. No se quiere al hijo por su condición congénita. Es la peor discriminación, se elimina por discapacitad, pero no se reconoce. O peor que eso, se aborta por presunción de discapacidad, ya que como por ley se puede abortar hasta las 12 semanas y con un screening o tamizaje no tenemos aún la confirmación, es necesario continuar los estudios que muchas veces no son confirmatorios y hay que esperar al nacimiento para estudiar al recién nacido.
Desde su perspectiva médica, ¿qué implicancias podría tener un cambio así para la salud de las mujeres y los profesionales de la salud?
Si cambio significa riesgo para madres gestantes puede ser debido a que no es lo mismo provocar un aborto con nueve semanas que con 19 o 20. En su salud mental seguro, basta decir que con dicha edad gestacional la madre ya percibe los movimientos fetales y lo puede observar y escuchar por ecografía perfectamente. Hasta tal vez fue un embarazo buscado y decide no continuar.
Dentro del equipo de salud hay diferentes responsabilidades, no es lo mismo el personal de enfermería que el ginecólogo. Considerar el aborto como un acto médico ha sido un error garrafal e inaudito. A los promotores de la ley y de sus cambios se les recuerda que el aborto en Uruguay continúa siendo un delito, despenalizado si se realiza en ciertas condiciones: menos de 12 semanas de embarazo, varias consultas, tiempo de reflexión, consulta posaborto, entre otras.
Lustemberg mencionó la necesidad de identificar “nudos de accesibilidad” en la implementación de la ley actual. ¿Se podría decir que el acceso a la objeción de conciencia por parte de los profesionales puede ser uno de estos nudos?
Con seguridad como “nudos” se refieren a que en determinadas localidades del interior no se accede al aborto por falta de personal, al igual que con otras prestaciones de salud por las que hay que trasladarse a otro centro asistencial. Por algo existe un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Tal vez llaman “nudos” al derecho humano a la objeción de conciencia por parte de los médicos ginecólogos, derecho que tuvo que ser amparado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) frente a su atropello por la reglamentación en tiempo récord de la ley de aborto. No es nuevo ese argumento, en el último gobierno del FA se planteó realizar una lista de objetores al aborto y publicarla. Me pregunto si irán por el mismo camino.
En este contexto, ¿cómo cree que podrían equilibrarse los derechos de las mujeres a acceder al procedimiento con los derechos de los médicos que optan por no realizarlo?
Es bien sencillo, es un asunto que deben solucionar los prestadores de salud, públicos y privados, el mencionado SNIS. Me niego de todos modos a vincular al aborto provocado con la salud. Más bien es muerte, ¿no? Culpabilizar a los ginecólogos es lo más fácil, a la vista está que tantos años repitiendo que las mujeres tienen derecho a abortar y que los médicos somos meros ejecutores, ha hecho mella. Es evidente que cada vez hay menos ginecólogos objetores de conciencia frente al aborto. Las nuevas generaciones han sido formadas en el marco del aborto legal, que ha naturalizado la práctica, hasta el punto de que no se han movido en salir a cuestionar los cambios que se proponen. Es más, el fallo del TCA los habilitó a negarse desde la primera consulta y no completar el formulario llamado IVE1.
¿Han existido presiones desde la aprobación de la ley?
Las presiones y amenazas recibidas han sido muchas y pocos ginecólogos las resisten. Hace unos años, en la conformación del equipo interdisciplinario una conocida mutualista hizo un llamado a ginecólogos no objetores. Es decir, no entiendo qué les molesta a las futuras autoridades, ya que desde el mismo Ministerio de Salud Pública (MSP), el Área de Salud Sexual y Reproductiva manifiesta que en los últimos años no ha habido inconvenientes con la implementación de la ley de aborto, tampoco en la pandemia de covid-19.
La futura ministra indicó que este tema debe discutirse “con toda la evidencia sobre la mesa”. ¿Qué tipo de evidencia médica o científica cree que debería tenerse en cuenta en este debate?
Si por “evidencia” se refiere a que existen obstáculos para que finalmente la madre embarazada logre abortar a su hijo, ya me he referido a que el aborto voluntario es un procedimiento priorizado por el sistema por la rapidez en acceder a las consultas y estudios y por su bajo o nulo costo, entre otras cosas. Otra evidencia que deberían demostrar los promotores del aborto es dónde fijan la protección de la vida del feto, en su momento fijaban la “humanidad” del feto a las 12 semanas por la actividad cerebral. ¿Qué argumentos usarán ahora con 20 semanas, cinco meses, que es la mitad del embarazo? Lo que es evidente es que en estos años el número de abortos provocados ha ido en aumento, sobrepasando los 10.000 al año, es decir, hubo más de 100.000 niños que no vieron la luz.
¿Cree que ampliar los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo podría tener un impacto ético significativo en la práctica médica? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en ese sentido?
Naturalmente que sí, aunque el daño es acumulativo y lleva años de aceptación por parte de los profesionales de la salud, en especial médicos, pero también de enfermería, obstetras-parteras, técnicos y demás. “La banalidad del mal” es el concepto acuñado por Hannah Arendt que describe la ceguera moral de una sociedad y cómo se pueden trivializar comportamientos otrora inadmisibles. Cuanto más se deshumaniza al niño en gestación, más desprotegida está su vida y se entra en una suerte de adormecimiento de la conciencia de quienes se supone que tienen la vocación de cuidar la vida y la salud de las personas. Cada día escucharemos con más frecuencia por parte de los médicos: “es un derecho de la mujer”, “si no se lo indico yo, lo va a hacer igual”, “no me meto, que hagan lo que quieran”, “no quiero quedarme sin trabajo”, hasta “yo no me lo haría, pero respeto la decisión”. ¡Cómo estará aceptado el aborto provocado que hasta el Círculo Católico y el Hospital Evangélico cumplen con la ley tercerizando los servicios! No se han negado rotundamente como sería de esperar.
¿Cómo se pueden abordar los dilemas éticos de los médicos que se ven en la posición de cumplir con la ley, pero que tienen reservas personales o religiosas?
En primer lugar, no hay dilema ninguno, el respeto del derecho a la vida del niño en gestación debe de estar por encima de cualquier ley. Es más, ya la ley vigente tiene vicios de inconstitucionalidad. La vida es el primer derecho humano y está por encima de otros supuestos derechos de la mujer, a la calidad de vida, a cumplir con un proyecto y un largo etcétera. El dilema que puede tener ese médico es, como en la situación de una mujer embarazada en riesgo de aborto espontáneo hace todo lo posible por salvar la vida de ese feto, pero en una situación similar, pero con una mujer que no quiere a su hijo y se quiere deshacer de él (“me lo voy a sacar” es una frase común), provoca el aborto con la consecuente muerte del feto/niño en gestación. El daño moral en las futuras generaciones de médicos y otros profesionales es inmenso, porque la naturalidad con la que se pregunta “¿lo vas a tener?” frente a una prueba positiva de embarazo, o de hacer diferencias entre ecografías de rutina o por IVE es tan aceptada en la práctica que frente al fallo de un método anticonceptivo con frecuencia ofrecen el aborto como solución. Los argumentos esgrimidos nada tienen que ver con convicciones personales o religiosas.
¿Qué reflexión le gustaría transmitir para que las personas tomen conciencia de la importancia de preservar la vida antes de optar por un aborto?
Las muertes por aborto son muertes evitables. En Uruguay con un sistema de salud de cobertura universal, accesible y oportuno, con educación sexual en todos los niveles de la educación formal, con programas de apoyo y contención para las mujeres en situación de desamparo, el número de abortos debería ser cero.
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