La semana pasada, Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión con la cúpula del PIT-CNT, encabezada por su presidente Fernando Pereira, calificada de “buena sintonía” por la central obrera. Un gesto más del presidente electo apuntando a un gobierno que busca un diálogo sincero con los representantes de los trabajadores. Este diálogo permitiría reducir la grieta que viene siendo cultivada por actores que perdieron el norte en la brújula del interés nacional. Los mismos que histriónicamente, en la última puja política, acusaban a su principal rival electoral, de que iba a echar por tierra todas las conquistas logradas.
Coincidió que en la misma semana, se conocieron los números de empleo de noviembre que confirman que no se interrumpe la tendencia a la pérdida de puestos de trabajo de hace más de cinco años. La tasa de empleo bajó a 57,2%, respecto al 58,6% de octubre, mientras que la tasa de desempleo aumentó a 9,2%.
El Instituto Cuesta Duarte, en estos días, consignó que en los últimos cinco años se perdieron en Uruguay 55.000 puestos laborales y en forma preocupante “en los últimos meses se aceleró el ritmo de deterioro…”. Solo doce meses atrás el desempleo era de 7,4%. Esto evidencia que algo grave ocurre en el mercado de trabajo, sobre todo cuando los números del gobierno indican que la economía sigue creciendo.
En estos días, también trascendió información sobre supuestas contrataciones en varias dependencias estatales, las que habrían sorprendido al equipo de transición. Si esto se confirmara, la tendencia subyacente del desempleo sería aún peor, ya que no mediando esta generación artificial de empleo, el número de desempleados sería mayor.
En este contexto, algunos dirigentes del PIT-CNT empiezan a sincerarse y reconocer que algo anda mal con el empleo, tema que rara vez se tocaba. Esto constituye una señal de progreso en una dirigencia que hasta hace pocos días se encontraba en “señal de alerta” ante el nuevo gobierno, como si los partidos y los dirigentes de la “coalición multicolor” fuere insensible a la institucionalidad del empleo y los derechos de los trabajadores. Pero aquí no se puede perder el tiempo mirando hacia atrás, y esto debe tomarse constructivamente como una oportunidad para que el Estado, los trabajadores y los empresarios puedan volver a una mesa de discusión que trate con seriedad los problemas del país y se puedan consensuar medidas que nos ayuden a superar el impase en que nos dejó la actual conducción económica. “Un resultado preocupante que deja el FA es el déficit fiscal…” afirma el presidente de la Central Obrera en declaraciones a Crónicas.
Ayudaría mucho que la dirigencia sindical ampliara el espectro de temas sobre los que centra su preocupación, además del lógico interés por el salario. Podría por ejemplo contribuir a identificar aquellas regulaciones estatales que dificultan la contratación de nuevos trabajadores, sobre todo en sectores que requerirían condiciones más adaptadas a la naturaleza de sus negocios.
También podrían reconocer que se pueden mejorar sustancialmente los ingresos de los trabajadores con medidas que no implican aumentos de salarios, por ejemplo, denunciando las tasas de interés usurarias que, “legalizadas” por el BCU, están en el entorno del 140%, aunque en muchos casos los trabajadores terminan pagando bastante más. Con estas tasas de interés exorbitantes, resulta fácil ver que cualquier baja en las mismas actuaría de forma efectiva como un aumento de los ingresos de los trabajadores endeudados. Y como este existen otros ejemplos.
Pareciera que en el pasado la dirigencia sindical ha optado por no introducirse en temas que afectan a la mayoría de los trabajadores, para no innovar sobre los intereses de algunos gremios importantes. Es así que los trabajadores comunes y corrientes deben cargar con el costo de las grandes “conquistas” de gremios como el bancario, el de la bebida y el de ANCAP, solo por nombrar algunos que operan en régimen cuasi o enteramente monopólico, lo que les permite trasladar los aumentos de salarios al precio de venta de su producto.
En el otro extremo del espectro se encuentran aquellos trabajadores que trabajan directa o indirectamente para el sector de exportación, que ven sus ingresos reales disminuidos ya que no pueden crecer al mismo ritmo que los costos internos. De esto se desprende que hay una importante redistribución de ingresos desde la gran masa de trabajadores hacia algunos sectores privilegiados dentro de los representados por el PIT-CNT.
Esta redistribución de ingresos no se da mediante pérdida de salarios, sino bajo la forma de pérdida de empleo. Entonces, mientras vemos empleo creciente en el Estado, y estable en el sistema bancario, se pierden empleos en los sectores en que la política financiera y monetaria ha hecho perder la competitividad; el sector granjero, citrícola, arrocero, lechero, etc.
Todo indica que Estado, trabajadores y empresas deben ponerse a trabajar de forma urgente para reducir lo antes posible el problema del desempleo. El economista y premio Nobel Robert Solow identifica factores institucionales que explican las fallas en el mercado laboral que ameritan participación estatal. Concretamente, el mercado de trabajo es altamente segmentado, lo que limita la competencia. Esto ocurre porque trabajadores y empresarios desarrollan una “inversión mutua” en la duración del vínculo laboral, por tanto resulta costoso para ambos romper ese vínculo, fenómeno que redunda en una reducida movilidad laboral y rigidez en los salarios.
La contracara es que cuando ese vínculo trabajador-empresa se rompe, es muy difícil recrearlo, lo que explica no solo la persistencia del desempleo sino también los efectos que un periodo extendido de desempleo tiene a lo largo de toda la vida de los trabajadores afectados.
De lo anterior se desprende la importancia de establecer una institucionalidad sobre los temas laborales que promueva la generación de confianza entre las partes, ya que es esta misma la que ofrece la estabilidad al empresario para poder planificar en horizontes más largos de tiempo y así mejorar sus resultados. Una empresa más fuerte y rentable debería redundar en mejoras de salarios y una estabilidad laboral sustentada más en la realidad que en una norma, aspecto fundamental para la dignidad del trabajador y su familia, la que no podemos perder de vista constituye el núcleo fundamental del sistema económico.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer para establecer ese ámbito de confianza? Una respuesta se encuentra en los artículos 206 y 207 de la Constitución de la República. Dice textualmente el artículo 206: “La ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional, con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo”.
Estos dos artículos figuran desde la Constitución de 1934 (arts. 204 y 205), y a pesar de las múltiples reformas que desde entonces se le ha hecho a la Carta Magna , ningún constituyente creyó oportuno modificar ni ese innovador artículo, ni todo lo que tiene que ver con los “Derechos Deberes y Garantías”.
Estos órganos existen en muchos países del mundo y tienen entre sus cometidos armonizar diferentes intereses particulares teniendo en cuenta el interés general, con especial énfasis en temas económicos y sociales. El Frente Amplio incluyó en su programa para la elección del 2004 la constitución del Consejo de Economía Nacional (CEN) como respuesta a la grave situación económica que enfrentaba el país luego de la crisis del 2002. Ya en el gobierno, el presidente Vázquez promovió en el 2005 la Ley 17.935, que fuera reglamentada por el decreto 299 del año siguiente. Pero a pesar de esto, el CEN nunca fue instaurado.
En las circunstancias actuales, la instalación del Consejo de Economía Nacional gozaría de la legitimidad de estar previsto en la Constitución, y bien podría servir como ámbito de discusión y generador de propuestas que apunten a resolver los problemas del desempleo y de la seguridad social. Este instrumento permitiría al Ejecutivo liderar un proceso de concertación que permita a representantes de trabajadores y empresas articular soluciones a estos acuciantes problemas. En forma más general, sería una importante señal hacia la ciudadanía de que el sistema político, los sindicatos y las empresas suman esfuerzos hacia un mismo norte que apunta al interés nacional.
- M. Sc., Instituto Tecnológico de Massachussets, Contador Público.
