Los diferentes actores del sector plantean algunas políticas y modificaciones legales que consideran necesarias para fomentar el desarrollo de la construcción naval en nuestro país. La Mañana consultó al delegado uruguayo del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, CN Ruisdael Ramallo.
El pasado miércoles 8 de junio, en la media hora previa de la sesión de la Cámara de Senadores, el legislador cabildante Guillermo Domenech recordó que nuestro país, en general, “ha vivido de espaldas al mar, y particularmente de espaldas a lo que es nuestra muy pequeña y casi incipiente industria naval”.
A continuación, el senador leyó un par de cartas recibidas sobre el tema. En la primera de ellas, el ingeniero de una de las grandes empresas del sector advirtió sobre la difícil situación que atraviesa la industria naval en nuestro país y la industria metalúrgica en general. La segunda era una carta del IPIN enviada a mediados de mayo al presidente de la República, firmada por el director de dicho instituto en Uruguay, el CN Ruisdael Ramallo.
Entrevistado por La Mañana, Ramallo explicó que el IPIN es una sociedad civil sin fines de lucro que se dedica a estimular el desarrollo de la ingeniería naval y que reúne a los principales actores de la industria: los talleres, los astilleros y los diques; y a su vez reúne a la academia mediante la Facultad de Ingeniería y La Escuela Naval.
Ramallo remarcó que el IPIN ha organizado diferentes congresos y simposios orientados a buscar puntos de encuentro entre los principales actores nacionales de la industria naval para fomentar el desarrollo del sector. Es último fue el simposio “Symbuilding 2022”, realizado en las instalaciones del Polo Educativo Marítimo (Escuela Naval) ente el 27 y 28 de abril. Allí, “se presentó a la industria nacional, sus capacidades, lo que se había hecho y qué era lo que se pretendía”, indicó Ramallo. Según destacó, allí surgió la idea de enviar una nota al Poder Ejecutivo “mencionándole el estado de situación de la industria naval uruguaya” y manifestando lo que se necesita “en apoyo”, explicó el capitán de navío.
“La industria naval no quiere ni subvención ni gastos del Estado, lo que quiere es trabajar”, manifestó Ramallo, quien resumió las conclusiones alcanzadas en el seminario y elevó la nota a Presidencia con las principales preocupaciones del sector.
Diagnóstico y sugerencias para el desarrollo de la industria naval nacional
En primer término, la carta enviada a Lacalle (a quien se le solicitó una reunión) mencionaba que actualmente “la industria naval uruguaya se basa en reparar barcos nacionales y -en su mayoría- extranjeros”. En la misma, el IPIN explica que “los altibajos inherentes a esta actividad bien podrían subsanarse (dando mayor continuidad y cantidad de empleo) si ella se complementa con la construcción naval”.
Ramallo explicó que “la industria naval nuestra es básicamente la reparación naval” y que la pesca, en particular, siempre “ha sido uno de los grandes motores del sector”. Por otro lado, señaló que la construcción naval “tiene sus valles y sus picos”. «Es una sinusoide que normalmente ocupa los espacios cuando baja un poco la reparación, que tampoco es continua, porque tiene los vaivenes de la propia pesca”, explicó.
El perito naval recordó los buenos tiempos de la construcción naval, principalmente de barcazas. “Nosotros empezamos a construir para las papeleras (UPM 1 –ex Botnia y Montes del Plata–) y después vinieron otras opciones más de construcción de barcazas con carga y como la de Ancap, de petróleo, y el remolcador asociado a eso”. “Después de eso, vino la época de la draga D11, de IHC, que fue una modalidad mixta”. “O sea, una parte construida en los talleres y otra parte para construir acá, que se terminó de construir en el Servicio de Construcción, Reparación y Armamento de la Armada (SCRA)”. Además, mencionó la modalidad de buques más chiquitos, “lanchas de tráfico o de cabotaje”, como el Excélsior que se construyó en el Astillero del Cerro.
Capacidad ociosa de los astilleros y la importancia de los armadores estatales
Otro aspecto que se mencionó en el último seminario del IPIN y lo plasmó en la nota al Poder Ejecutivo, es el rol del Estado como regulador, armador y constructor naval.
Como armador, el Estado cuenta con la Armada Nacional, ANCAP y la ANP, las cuales cumplen un rol muy importante para el desarrollo de la industria remarcó Ramallo. Por lo tanto, las orientaciones que esas instituciones reciban del Poder Ejecutivo en cuanto a la industria naval nacional serán de gran peso”, entienden desde el sector.
El director nacional del IPIN recordó que “el Estado como constructor naval dispone de un interesante astillero en el predio del Dique Nacional, dependiente del SCRA” y que hoy, este astillero (que es posible separar de las reparaciones navales realizadas en el dique seco) no se utiliza y podría arrendarse (proyecto a proyecto) a empresas privadas. De esta manera se da una herramienta a los particulares que no disponen de ella y se asegura un ingreso genuino para la Armada Nacional”. Ramallo expresó que es “una pena” la “capacidad ociosa” que hay en los astilleros.
Para consolidar la construcción naval, en la nota, el IPIN estimó que sería apropiado que “el Estado, en lugar de ser una carga, impulse y facilite la iniciativa privada”. Para eso, entienden conveniente que primero se defina “qué tipo y tamaño de buques se pueden diseñar y construir de manera competitiva en Uruguay; segundo, no permitir la importación de buques usados en esos segmentos; tercero, aplicar aranceles a las empresas que importen un buque nuevo si, al mismo tiempo, no están construyendo otro, de características semejantes, en un astillero nacional; y cuarto, establecer (de forma gradual y creciente) el componente nacional que deben tener otras categorías de buques (civiles o militares) que se compren para usar en el país”, detalla la carta.
Piden cambios a la Ley de Astilleros para evitar demoras en la importación
Desde el IPIN entienden que el trámite de importaciones al amparo de dicha ley es “poco práctico y muy demorado”. Para hacerlo compatible con los tiempos actuales desde el sector de la industria naval plantearon las siguientes sugerencias (las cuales cuentan con el visto bueno de la Dirección Nacional de Industrias, recalcó Ramallo):
1) Que el trámite entre por ventanilla única; 2) Excluir a la Ley de Astilleros de lo dispuesto por la Ley de Rendición de Cuentas N° 19.438, en los art 180 y 181; (Ramallo asevera que el mecanismo que fue instaurado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “lo que hizo fue enlentecer un poco más el trámite”); 3) revisar el decreto 179/014 que reglamenta la contratación de egresados de la UTU para poder acogerse a los beneficios de la Ley de Astilleros; y 4) que la ANP exonere los proventos y las tasas portuarias a las importaciones amparadas en la ley N° 15.657.
“Lo que nos provocó a nosotros la Ley de Astilleros fue una demora demasiado grande”, lamentó el capitán de navío retirado. Tanto es así, que “se dejó de utilizar, y hoy los astilleros, tanto la Armada, como Tsakos y Astillero del Cerro –que son los tres más grandes que hay en Montevideo– hacen las importaciones directas, porque es lo que asegura que el material llegue rápido y sin demoras”, explicó Ramallo. “La industria naval requiere que las cosas lleguen en el menor tiempo posible”, enfatizó.
En la carta que el IPIN elevó al presidente Lacalle también solicitaron asegurar que la Constancia de Fabricación Nacional que emite la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) “contemple el carácter competitivo de la industria naval instalada en el país, antes de aprobar exoneraciones a las empresas que importen artefactos flotantes”.
Además, plantearon la recuperación del Fondo de Fomento de la Marina Mercante para su objetivo original. Apuntaron a que en el año 2012 fue “congelado” por el MEF. “Su Comisión Administradora Honoraria (que no se reúne desde 2016) podrá sugerir los cambios necesarios, que transformen dicho Fondo en un verdadero instrumento de fomento para las empresas navieras y de la industria naval uruguayas”, apunta la nota.
Mientras espera respuestas del Poder Ejecutivo, el IPIN recibió con “entusiasmo” la invitación por parte de la Comisión de Industria del Senado, comentó Ramallo.
“Nuestra expectativa era que en esta Ley de Rendición de Cuentas se pudiera incluir algo, o por lo menos mencionar o discutir algo sobre la Ley de Astilleros y la Ley de Fomento de la Industria”, señaló Ramallo. Además, se planteará que para el 2024, los planes de gobierno de los partidos “incluyan algún incentivo” para el sector, adelantó.
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