Luego de la tragedia ocurrida en la cárcel de Santiago Vázquez en que murieron seis personas, Cyntia Nieves, del sindicato que nuclea a los funcionarios penitenciarios, dialogó con La Mañana y abordó la crítica situación del sistema carcelario en Uruguay. Además de denunciar las condiciones precarias del personal y de los reclusos, marcadas por el hacinamiento y la falta de recursos, exigió la declaración de la emergencia carcelaria y la concreción de una política de Estado para mejorar la dura realidad de las cárceles.
La reciente tragedia ocurrida en la cárcel de Santiago Vázquez, que terminó con seis fallecidos y un herido, volvió a poner sobre la mesa la compleja situación que atraviesan las cárceles uruguayas. En ese sentido, ¿cómo son las condiciones del personal penitenciario y de las personas privadas de libertad?
En este marco, lamentamos los hechos ocurridos recientemente. En cuanto a las condiciones, se podrían definir como paupérrimas. Nos encontramos desempeñando tareas en condiciones edilicias precarias, sin materiales de trabajo, con escaso personal. Venimos trabajando para que nuestro trabajo se declare como insalubre. Las personas privadas de libertad se encuentran en pésimas condiciones de reclusión, hacinadas, con escasas oportunidades socioeducativas.
En la misma línea, al referirnos a condiciones laborales, es importante mencionar que tenemos compañeros padeciendo acoso laboral, persecución e incluso acoso sexual en algunas unidades, de las que se ha tomado conocimiento y actuado desde el sindicato, cuando en varias oportunidades la misma administración omite.
Con respecto a las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, están relacionadas a un sistema débil, que no da respuesta, cárceles superpobladas, donde las necesidades básicas no están cubiertas. La saturación que en este momento se vive en las cárceles hace complejas las dinámicas de convivencia, se crean conflictos en sectores que muy difícilmente se logren abordar y luego desatan un suceso como el que se vivió.
¿Qué medidas concretas creen que deberían tomarse para evitar más tragedias como esta?
En primer lugar, se necesita una buena política de Estado que atienda la emergencia carcelaria que estamos enfrentando. Se requiere más personal penitenciario, recursos reales para brindar el acompañamiento adecuado, además de combatir el hacinamiento permanente en las unidades, que complejiza las dinámicas de convivencia.
Es fundamental que las cárceles tengan personal para trabajar y abordar la vida cotidiana. Reforzar los ámbitos socioeducativos sería una buena estrategia, siempre y cuando cada unidad cuente con el personal adecuado. Existe un área de tratamiento, pero es escaso lo que se puede abordar por la falta de recursos y no solo de personal, sino de herramientas para brindarle a cada interno.
¿Cuáles son los riesgos de que no se tomen medidas para mitigar esta realidad?
Los riesgos los vemos casi a diario. La tragedia ocurrida recientemente forma parte de los riesgos y carencias que tiene todo el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]. Tiene que haber un compromiso político y social. No podemos pretender –y esto lo digo por el INR– que funcione el sistema si no se tiene derecho a una reclusión digna, derecho a la salud y a la integridad física.
¿Cuál es el déficit actual de funcionarios en el sistema penitenciario y qué impacto tiene en la seguridad de los involucrados?
El personal es un punto fundamental en las unidades. Desde hace un tiempo venimos trabajando como organización para que se generen más puestos de trabajo. Hay compañeros que se encuentran solos con 800 internos. ¿Cómo se hace para sostener el trabajo así? La falta de personal se viene trabajando desde hace un buen tiempo, se han logrado llamados para cubrir la zona metropolitana, pero no se llega a cubrir todas las vacantes que se necesitan para cada unidad. Si bien las unidades tienen su particularidad, tenemos un déficit de personal tan grande que abarca hasta unidades de mínima seguridad. La población carcelaria ha crecido en los últimos años de manera exponencial, lo que provoca una crisis en el sistema.
El sindicato ha insistido en la necesidad de declarar la emergencia carcelaria. ¿De qué manera esto cambiaría el panorama actual?
Sí, hablamos de emergencia carcelaria. Necesitamos que los recursos estén enfocados en la urgencia. No podemos seguir ignorando una crisis que afecta tanto al personal como a las personas que cumplen su condena. No se puede seguir sosteniendo un sistema a base de nada, no hay una política clara que intervenga en el ámbito. No existe una mínima atención en salud, no se abordan los problemas de consumo, por ejemplo, que son un pie fundamental en la rehabilitación, ni siquiera se cumple con un estándar mínimo de las reglas Mandela.
¿Cuál es la importancia de que exista una verdadera política de Estado, como decía, para abordar el sistema penitenciario?
Como sindicato, desde hace un tiempo venimos denunciando las condiciones laborales y la falta de una política de Estado que atienda las diferentes unidades. Realmente creemos que abordar con responsabilidad el sistema penitenciario es abordar también la seguridad pública.
¿Han realizado estos planteos ante las autoridades?
Sí, hemos estado en diálogo con las autoridades, que comprenden el malestar, pero no se encuentran las acciones que reparen. Las autoridades nos reciben y escuchan las sugerencias y planteos que hemos tenido, y hemos avanzado en algunos ámbitos.
¿Por ejemplo?
Se han realizado llamados para ingresos, pero aún no es suficiente. No son ajenos a la cotidianidad de las unidades, pero aun así vemos que las carencias son las mismas y se sostienen en el tiempo. Creemos que este es el momento de actuar con responsabilidad, generar un compromiso real que atienda la difícil situación en la que se encuentra el sistema penitenciario.
¿Ha vivido alguna experiencia particular que la haya marcado mientras trabajaba con personas privadas de libertad, donde sintió que el sistema no brindaba una reclusión adecuada?
Cuando me preguntan por las condiciones de las personas privadas de libertad, me viene el recuerdo de un interno en particular, de esas situaciones que te tocan laburar donde sentís que no podés hacer más porque el sistema tiene tantos agujeros, que no podés estar ahí para garantizar una reclusión digna. Yo me encontraba trabajando, en ese momento me tocó hacer una entrevista de ingreso a un interno joven, posiblemente diagnosticado con esquizofrenia, que no cumplió con la tobillera y tenía conflictos familiares cuando no seguía su tratamiento. Ese día estuve cuatro horas intentando llenar una entrevista, tenía elevada ansiedad y un discurso verborrágico. Te ponías a pensar que una persona en esas condiciones no podía ser alojada con el resto de la población. Aun así, le hice un seguimiento: grandes conflictos en la celda y maltrato de sus compañeros. Necesitaba su medicación que por algún motivo no tomaba. Luego se trasladó al interno hacia la zona metropolitana para una mejor atención en salud integral. Ese interno era uno más, con sus características, rodeado de otros internos, que no tuvo la atención adecuada. No comprendía las normas y la reclusión, no podía entenderlas por su patología. Transcurrieron unas semanas y me enteré de que falleció en una celda. Los familiares y vecinos lo recordaron en una página de Facebook, así me enteré. Esa es la historia de un interno que estaba por un delito menor, que tenía su complejidad, pero que no merecía ser olvidado en una celda y morir después. Como estas historias hay millones, quizás no todas con este final tan triste, pero deberíamos preguntarnos dónde está la falla… en la sociedad, la Justicia, los centros de reclusión.
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