En 2018 fueron abatidas por la policía un total de 17 personas y en lo que va de 2019, faltando cinco meses para que finalice el año, el número creció a 25. En 2018 hubo 5 policías muertos por delincuentes, en 2019 ya son 4 y un funcionario gravemente herido con un tiro en la cabeza y pérdida de masa encefálica en un hecho ocurrido a mediados de mes.
“Nos sentimos desprotegidos como nunca”, comentó un policía con casi 30 años de servicio que pidió mantener su nombre en reserva. “Los delincuentes se han fortalecido, cuando participamos de una detención sentimos que ante cualquier problema que surja somos el lado fino por el cual se corta la piola, y eso la delincuencia lo sabe, por eso están envalentonados”, sostuvo.
“Hasta hace algunos años el uniforme era respetado, pero ahora hay compañeros que prefieren trasladarse de particular y uniformarse cuando llegan a la unidad”, explicó el oficial. “Los compañeros que tienen los años y las condiciones económicas para jubilarse lo hacen, pero otros seguimos para sumar una mejor jubilación”, agregó. Lo que pasa es que “no solo no nos respetan, nos buscan para robarnos” porque saben que estamos armados y “es el arma lo que quieren, además que en su mundo delictivo robar a un policía les da importancia”, advirtió.
El director del Observatorio Fundación Propuestas (Fundapro), Dr. Guillermo Maciel dijo en entrevista con La Mañana que el Ministerio del Interior “tiene una gran falla en la gestión” que derivó en una situación de “caos en materia de seguridad”. Destacó también el grado de “impunidad” que hay en la sociedad, lo que oficia como “un incentivo para aumentar la inseguridad”. La solución no es una sola, pero definió como “fundamental generar un plan de emergencia contra la inseguridad” para implementar a partir del 1º de marzo.
Maciel señaló que “en las calles hay más delitos de los que se denuncian y eso ha generado más enfrentamientos con los policías dándose estos fenómenos” de crecimiento del número de policías muertos y el de los delincuentes abatidos.
También se da “un fenómeno relativamente nuevo que se incrementó mucho el año pasado y lo que va de éste, y es que la delincuencia se anima a robar a policías para hacerse del chaleco, del equipo de comunicación y del arma. Eso sucede porque la delincuencia se siente impune totalmente”.
Para Maciel el crecimiento de la delincuencia tiene varias causas, pero el más importante es “la impunidad” que se ha convertido “en un incentivo que aumenta la inseguridad”, dijo en consonancia con sociólogos que vinculan la impunidad con el crecimiento de la violencia.
Para Maciel, el Ministerio del Interior “tiene una gran falla en la gestión” que derivó en una situación de “caos en materia de seguridad”
La impunidad se da cuando “una persona comete un delito y no es capturada” y si la capturan “no termina en la justicia. O si es capturada y termina en la justicia no se consiguen las pruebas para procesarla y condenarla; y a veces se captura, se encuentran las pruebas y se llevan a la justicia, pero la condena a veces es simbólica”, explicó.
Los delincuentes “no son tontos, evalúan las posibilidades de delinquir” y no sufrir penalidad por ello. Sabe que es difícil que lo agarren y si lo hicieran las probabilidades de cumplir una pena de prisión son escasas. “Eso incentiva el delito”, dijo Maciel.
La caída de la tasa de aclaración y el fracaso del PADO
Otra situación que favorece la delincuencia es la baja tasa de aclaración de delitos, un factor que se vincula directamente con la eficacia policial. Maciel subrayó que de las rapiñas denunciadas sólo se aclara entre el 5 % y 10 %, o sea que en un análisis optimista el 90 % queda sin aclarar. En 2012 se aclaraba el 78 % de los homicidios, ahora el 50 %, un total muy bajo en comparación a con otros países como “Chile que tiene tasas de aclaración superiores al 80 %”. En Uruguay “la mitad de los crímenes donde se mata a una persona no se aclaran”, concluyó.
La falla en la gestión se explica en opinión de Maciel por la frustración de “dos pilares del trabajo policial: la inteligencia y la investigación”. Añadió que esta última fue perjudicada por el ministro del Interior Eduardo Bonomi cuando suprimió la Dirección de Investigaciones y creó las Zonas. “Es fantástico descentralizar, pero ese modelo descentralizador fracasó”, dijo Maciel.
En tanto, del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que fue anunciado como “la estrella” de los operativos policiales “ahora no se habla porque se vieron los números” en los cuales “Casavalle que es el barrio con mayor presencia de PADO tuvo la tasa más alta de homicidios”, sentenció el titular de Fundapro.
Según datos oficiales del Ministerio del Interior, Montevideo es el departamento con mayor número de homicidios y rapiñas. Dentro de Montevideo el barrio Casavalle tuvo la mayor cantidad de esos delitos durante todo 2018 con 27 homicidios (un homicidio cada 15 días) y 1.108 rapiñas (tres rapiñas por día).
La falla en la gestión se explica en opinión de Maciel por la frustración de “dos pilares del trabajo policial: la inteligencia y la investigación”
11.000 presos en 27 cárceles de todo el país
Uruguay registra en todo el país 27 cárceles que oficialmente se denominan Unidades Para las Personas Privadas de Libertad. Montevideo posee la Unidad de Ingresos, Diagnósticos (ex Cárcel Central) y las Unidades 1 y 6 (Puntas de Rieles), 4 (Santiago Vázquez), 5 (de mujeres), 8 (Domingo Arena) y 9 (para mujeres con hijos). San José posee tres unidades, Canelones 2 y los restantes departamentos una Unidad cada uno.
Periódicamente las autoridades realizan inspecciones generales dentro de las cárceles. Se trata de requisas sorpresivas que concluyen con la incautación de objetos que los presos no deberían poseer, incluso armas y sus municiones.
El 12 de julio el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que en varios operativos realizados en distintas unidades carcelarias, dentro como en sus perímetros, se incautaron más de 5 kilos de diferentes tipos de drogas, 579 celulares, 2.275 cortes carcelarios, 7 armas de fuego y 44 municiones.
Dos días después en un operativo nocturno realizado en la Unidad 3 (Libertad, San José) y que se extendió por varias horas, se incautaron cortes de fabricación carcelaria, droga y celulares en un número no precisado.
Las cárceles son “otra punta de la seguridad”, dijo Maciel. Uruguay posee 11.000 presos de los que cada año recuperan la libertad seis mil con una “tasa de reincidencia del 60 %” lo que demuestra que las personas privadas de libertad “no tienen rehabilitación”, comentó.
Desde el gobierno el ministro Bonomi aseguró que este mes se termina el hacinamiento carcelario porque se han construido nuevas unidades penitenciarias en los departamentos de Soriano, Lavalleja, Rocha, Florida, Montevideo, Cerro Largo, Maldonado y Rivera.
Maciel destacó que en 2010 había 8.500 presos en 6.000 plazas, pero eso ahora cambió. Con casi 11.000 recluidos tenemos 11.900 plazas. Fundapro considera que las políticas de rehabilitación también fallaron, no solo por la reincidencia sino porque en las cárceles ocurren hechos de violencia extremos que no deberían suceder.
