Una investigación descubrió condiciones deplorables en un residencial ubicado en la zona de Rincón de Tranqueras, en Tacuarembó, con denuncias de trato violento y negligente hacia adultos mayores y jóvenes con distintas problemáticas. El director del Área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Lezama, en diálogo con La Mañana se refirió a la gravedad de la situación y las medidas adoptadas.
Tras viralizarse un video de un residencial, con imágenes impactantes –personas viviendo en espacios inhumanos, privados de agua, y recibiendo castigos físicos– la Fiscalía y el Ministerio de Salud intervinieron clausurando el local. Además, la Justicia condenó a cinco personas a varios años de cárcel por la comisión de diferentes delitos entre los que se cuentan los propietarios, un hombre y una mujer oriundos del departamento de San José, en un caso que reaviva la urgencia de fiscalización y regulación en residenciales del interior del país. Federico Lezama se refirió a este episodio: “Son personas que no son autónomas y por lo tanto requieren asistencia para poder realizar las actividades cotidianas”.
¿Cuál fue el trabajo de la Dirección de Discapacidad del Mides con las víctimas de esta explotación, descubierta en el departamento de Tacuarembó?
Lo primero que realizamos con nuestros equipos sociales que trabajan en los temas de alojamiento a personas con discapacidad fue relevar el estado de situación, desde el punto de vista de su funcionalidad y su discapacidad, junto con el Ministerio de Salud Pública y ASSE, que valoraron los aspectos sanitarios, porque son personas que no son autónomas y por lo tanto requieren asistencia para poder realizar las actividades cotidianas”.
Cada uno de ellos presenta una problemática diferente, ¿cómo lo encaran ustedes? ¿Hay una suerte de atención individual para ellos?
Sí, se hace un relevamiento caso a caso, para ver la situación personal y particular. Por un lado está la intervención sanitaria y después lo social, que tiene que ver con la identificación de sus vínculos familiares, en caso de que existan, y darles la contención que se necesita para que puedan procesar y salir de esa situación en la que estaban y estar en un establecimiento en buenas condiciones”
¿Cómo se maneja el Mides en ese caso? Porque estamos hablando de personas que fueron trasladadas a Montevideo, pero tienen que volver a su departamento para no perder la cercanía familiar.
No necesariamente, porque no eran personas que fueran del departamento, eran de distintos departamentos, incluso muchos de Montevideo; aunque estaban en este alojamiento, no por estar en Tacuarembó eran de allí.
Y en ese caso, por ejemplo, cuando son de diferentes departamentos, ¿cómo se arma la estructura para después volverlos a sus lugares de origen?
Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos no tienen vinculación familiar. Por lo tanto, no están insertos en una comunidad. Parte de su situación es justamente la ruptura con los ámbitos familiares y comunitarios.
Por lo que usted menciona, llegan al lugar por un quiebre familiar. ¿Cuánto tiempo se le garantiza de atención a esta gente o es una atención permanente?
Nosotros vamos a garantizar de manera permanente la asistencia. En caso de que puedan regresar o que puedan construir algún proceso distinto de reconstitución familiar, ahí podrán regresar. Pero si no, el Ministerio le va a garantizar el alojamiento como permanente.
¿Están aún con casos muy graves?
Sí, hay situaciones de muchísimo deterioro de personas, de salud, de falta de tratamiento. Bueno, la verdad que es una situación muy difícil. También ya todos están en un proceso de recuperación con la asistencia médica y también con el acompañamiento social. Y ahora en los establecimientos donde fueron derivados van a tener también la inspección de la dirección de discapacidad para ver cómo es su evolución.
¿Esto los preocupa a ustedes? Atento a que de repente se escapan del control este tipo de lugares, donde lejos de alojar a esta persona se las termina explotando.
Lo que pasa es que hay establecimientos que no están regulados. No se presentan como establecimientos ante una institucionalidad. No existen para el Estado. Existen cuando se denuncian, cuando se evidencian estas situaciones y ahí es donde se interviene.
¿Tenemos un número aproximado de establecimientos que estén debidamente regulados para poder atender este tipo de situaciones?
Ese dato se lo puede brindar seguramente el equipo de Inmayores, quienes son los que regulan los residenciales. Deben tener en cuenta que aquí no había personas mayores de 60 años. Eran todos menores de 60. Eran entre 18 y 60 años. Y la característica era que se trataba de personas con trastornos de salud mental crónicos. No existe un registro de establecimientos de este tipo porque no están regulados. Digo que ese es parte del problema, y nosotros ahora que asumimos estamos abordando la creación de figuras que puedan contemplar estas necesidades que tiene la población y que establezcan parámetros de funcionamiento que respeten la dignidad de las personas.
¿Se apunta a ir generando algún tipo de lugares en el interior del país para que estas cosas no se puedan repetir y que estén bajo el control del Ministerio?
Nosotros tenemos pensada la regulación de servicios en el marco de las leyes que hay y apostamos a que haya una menor cantidad de personas institucionalizadas. Vamos a intentar que las personas estén en sus comunidades, con su familia, o que estén, dentro de la autonomía que tengan, agrupadas e insertas en la comunidad. Vamos a tratar de ir en contra de instituciones cerradas y de aislamiento. Y obviamente vamos a estar muy atentos a fiscalizar cualquier tipo de establecimiento de este tipo donde se vulnere el derecho y la dignidad de la gente.
Entendemos que la familia que reciba al paciente de repente tiene algún inconveniente de tipo económico. ¿El Ministerio está en condiciones de aportar algún rubro para poder ayudar a la contención y atención de estas personas?
Ese sería un instrumento concreto de trabajo. Hoy no está previsto un aporte económico más allá del aporte que reciben las personas por la seguridad social. Muchas veces el Estado tiene pensiones que son recursos que la persona cuenta y por lo tanto la ayudan a solventar a sí misma y a la familia. No estamos hablando de un recurso nuevo, por lo menos por ahora, porque estamos atendiendo estas situaciones de emergencia y lo que sí está haciendo el Ministerio es costear el alojamiento de estas personas y de otros establecimientos que también hemos detectado y en los que hemos hecho intervenciones similares.
Por lo que menciona, además de lo ocurrido en Tacuarembó, se han encontrado con situaciones parecidas no iguales en otros departamentos.
Sí, es así. Y estamos trabajando en las que vamos detectando a través de denuncias para su superación rápida. En algunos casos se puede reorganizar el servicio y en otros no, como esta, que es una situación totalmente irregular.
¿El Ministerio activa denuncias por este caso ante la Justicia?
Sí, ya lo hemos hecho en los casos que corresponden y generamos la denuncia. Y le damos paso a la Justicia y a la Fiscalía, como fue en este caso que intervino, que ya venía interviniendo, además venía haciendo una investigación porque acá se cruzaron otros temas. Como establece con el tema del trabajo, además del maltrato, lo que tipificaron en la Justicia como trata de personas.
En octubre del año 2008, Federico Lezama ocupó el cargo de coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Gestión Social de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Uno de los proyectos más importantes de su gestión fue la resolución e implementación que estableció que el 100% de las unidades del transporte colectivo debían ser accesibles. Por otra parte, y entre otros proyectos, logró la publicación de la Revista Pampa, única revista especializada en temas de discapacidad en Uruguay. En la actualidad ocupa el cargo de director del Área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
