En un contexto regional desafiante y con la mira puesta en consolidar el crecimiento económico, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en entrevista exclusiva para La Mañana analizó los ejes clave de la gestión: el nuevo Presupuesto Nacional, medidas económicas para la frontera con Brasil, las reformas destinadas a atraer inversiones, y la estrategia del gobierno para sostener la estabilidad fiscal y responder a las demandas sociales.
Transcurrida la transición, ¿con qué realidad económica se encontró el Ministerio?
La de un país que está en crecimiento, pero que presenta algunas fragilidades, sobre todo en materia fiscal. O sea, la situación es una situación auspiciosa en términos del nivel y la trayectoria de la inflación, que con la acción del Banco Central hemos estado reafirmando, con un nuevo objetivo definido ahora en 4,5%, con una economía que venía de un año positivo en términos de crecimiento, y que para este año la idea es que también crezca por encima del 2,5%, en torno al 2,7%, pero con un escenario fiscal, como decía antes, fragilizado. En el año 2024 los tres pilares de la regla fiscal no se cumplieron, el resultado fiscal estructural estuvo fuera de la meta, el nivel de gasto también estuvo por encima de lo establecido, y finalmente también el nivel de endeudamiento superó el límite originalmente previsto, a pesar de que sobre diciembre del año pasado el gobierno había pedido un aumento del tope de deuda. O sea, una situación con claros y oscuros desde el punto de vista macro. También con una situación que, como todos sabemos, en materia de pobreza, sin mayores cambios de lo que venía siendo en los últimos diez años, a pesar de que ahora conocimos el dato de pobreza con la nueva metodología que nos indica que es sustancialmente mayor a la que teníamos estimada. Eso obedece estrictamente a un cambio en metodología, que en todo caso refleja mejor los números. La tendencia de esa nueva estimación sigue siendo la misma, o sea que el escenario de pobreza es tan preocupante como lo era con la metodología anterior, que básicamente lo que dice es que la pobreza se redujo hasta aproximadamente 2015, luego se estancó y retrocedió un poquito en el período anterior. O sea que este es un capítulo que nos preocupa porque desafía a la política económica en términos de abrir espacio para atender algunas emergencias, sobre todo en infancia y adolescencia. Y luego una economía cuyo empleo se recuperó, digamos que en el período anterior claramente el desempleo y el empleo fue favorable y al final del período el nivel de salario estuvo por encima del de 2019, pero eso no quiere decir que en materia salarial la pérdida que ocurrió durante el período anterior se haya recuperado totalmente.
Lo que usted menciona en relación con los índices de pobreza, ¿cómo incide en el gasto público social?
En realidad, lo que hace, como usted se imaginará, es restringir el funcionamiento. O sea, ¿lo que usted me está preguntando es cuánto incide el gasto público social o cuánto va a incidir en las prioridades del gobierno?
La pregunta apunta a cuánto va a incidir en las prioridades del gobierno, teniendo en cuenta el aumento significativo de la pobreza.
Este es uno de los desafíos que tenemos ahora planteados en el marco de la Ley de Presupuesto, justamente algo que, habiendo entregado la Rendición de Cuentas hace una semana, estamos totalmente concentrados en preparación del marco presupuestal y por lo tanto el proyecto que va a ser remitido al Parlamento el 31 de agosto. Y esto es en lo que estamos en este momento precisamente tratando de conciliar. Por un lado, los desafíos que en materia de pobreza, en particular de pobreza infantil, están planteados sobre la mesa y por lo tanto la necesidad de redireccionar políticas y eventualmente de direccionar gasto. Pero, en el marco de esta restricción fiscal –esto es algo en lo que estamos trabajando–, claramente la prioridad va a ser infancia y adolescencia, en particular los hogares donde habitan niños y adolescentes, niños y niñas. Esa va a ser la prioridad presupuestal, pero todavía estamos trabajando para encontrar ese espacio.
Sin dejar de lado la realidad del país en nivel general, la semana pasada hicieron un anuncio importante para la frontera norte, sobre temas muy reclamados. Este análisis, ¿cómo impacta en el resto de la economía? Más allá de los objetivos de, por ejemplo, disminuir la informalidad y tratar de potenciar el comercio, ¿cuál es la línea que ustedes quieren seguir?
La línea que queremos seguir es plantear soluciones donde hay problemas, con la precaución de tener equilibrios para no generar inconvenientes que superen los beneficios que se obtienen de esa medida. Por supuesto que la medida que se está poniendo sobre la mesa genera una alteración de equilibrio respecto de la situación previa, pero también somos todos conscientes de que, con la diferencia de precios que hay planteada entre Uruguay y Brasil, es imprescindible tomar medidas que de alguna manera procuraron retener parte de las ventas en territorio uruguayo y a su vez faciliten a los ciudadanos uruguayos el acceso a productos de primera necesidad y sin tener la necesidad de cruzar la frontera. Por lo tanto, efectivamente, la medida provoca desequilibrios en el sentido de que no todo el mundo sale beneficiado de igual manera, pero nosotros lo que entendimos es que la situación que estaba planteada en la frontera requería de una acción clara, evaluada en función de la evidencia y de los números que teníamos, que permitiera paliar esta situación tan particular, que por supuesto no es de carácter permanente. Como señalamos la semana pasada en Artigas, estas medidas se ponen sobre la mesa, vamos a poder evaluarlas en los próximos seis meses para evaluar si es necesario introducir modificaciones y cambios al respecto.
¿Hay algunas de las medidas que deben tener discusión parlamentaria, por ejemplo, la exoneración, el aumento del Imesi por decreto, o sea que en cualquier momento puede variar o puede quedar en suspenso?
Lo que requiere iniciativa legal son tres medidas. La primera es la modificación del IVA, la segunda es la habilitación al Poder Ejecutivo para disponer del accionar en materia de las micro importaciones y los cambios que tienen que ver con los aportes patronales. Las otras dos, que son la del POS y la modificación del Imesi, no requieren iniciativa legal. Pero, en cualquier caso, lo que va a hacer el proyecto de ley que vamos a remitir esta semana al Parlamento es habilitar al Poder Ejecutivo a tomar decisiones en el marco de estas iniciativas. Por lo tanto, en principio nosotros también pretendemos tener cierto grado de flexibilidad para poder prender o apagar alguna de estas iniciativas que pusimos sobre la mesa.
Se ha hablado mucho del déficit fiscal y usted habló también de una reestructuración tributaria. ¿Están vinculados?
Sí, por supuesto. La situación fiscal uno tiene que resolverla combinando distintas herramientas. La primera es el aumento de la recaudación que deriva de mejoras de eficiencia en el proceso recaudatorio. La segunda tiene que ver con la forma en que uno prioriza el gasto, en la forma en que uno asigna el gasto, en qué orientación tiene. Y la tercera tiene que ver con eventuales cambios tributarios que fuera necesario introducir para enfrentar la situación fiscal que tenemos. Por ahora, cuál es la combinación de esos tres instrumentos, no los tenemos definidos porque estamos trabajando para el Presupuesto. Eso lo vamos a poner sobre la mesa en la Ley de Presupuestos.
¿Le preocupa la situación de las cajas paraestatales, en especial la Caja de Profesionales? Entra al Parlamento un proyecto que generó una discusión al entenderse que era una solución para pocos meses y esto generaría una inversión del Estado de más de 100 millones de dólares por año. ¿Nos puede dar detalles del proyecto presentado?
Presentamos un proyecto de ley hace unas tres semanas que ingresó por Cámara de Diputados. Era una solución sostenible y de largo plazo que combinaba las contribuciones de los beneficiarios, activos y pasivos, y contribuciones de los ciudadanos a través de Rentas Generales y a través de modificaciones en pago de timbres por los usuarios de distintos servicios profesionales. Este proyecto en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, sufrió modificaciones. Ese es el proyecto que pasó a Cámara del Senado, que está en discusión, y sobre ese proyecto, que fue aprobado por Diputados, pero no es el que el Poder Ejecutivo remitió, es el que nosotros dijimos que era un proyecto que no era una solución para el problema, entre otras cosas porque no daba financiamiento al problema que la caja enfrenta.
¿Cómo podemos entender un régimen de aportantes, un número que supera 170.000, de los cuales la mayoría pertenecen al Banco de Previsión Social y pocos eligen la caja? ¿Cómo se puede manejar para que se establezca un equilibrio?
La razón por la cual las personas que son profesionales aportan al Banco de Previsión Social es porque trabajan en relación de dependencia. No hacen uso del ejercicio libre de la profesión, y por lo tanto están obligadas a tributar, a ser contribuyentes del Banco de Previsión Social. Eso no es una opción en el marco de la legislación vigente.
Se entiende que esto no tiene ningún tipo de modificación, ¿se va a mantener así?
Tiene que ser así porque todas las personas que trabajan en relación de dependencia en Uruguay, no importa si son profesionales o no, tienen que contribuir al régimen general que es el Banco de Previsión Social. La caja es un instituto creado precisamente para atender el régimen jubilatorio y de retiro de las personas que hacen uso del ejercicio libre de la profesión, no para otra cosa.
Le traslado la inquietud de algunos profesionales: ¿no se podría establecer un aporte mínimo, de esas personas que trabajan bajo régimen de dependencia?
Acá hay dos cosas distintas. Una cosa es el hecho de que un profesional se haya constituido como profesional y disfrute, digamos, de algún ingreso extraordinario precisamente por ser profesional, me refiero a extraordinario respecto al resto de la población, porque los ingresos de los profesionales en promedio están por encima del resto de la población, en cuyo caso lo que existe es el Fondo de Solidaridad, que es lo que paga, de algún modo, de manera diferida, esa formación que recibió el profesional. Pero otra cosa diferente es cómo se financia el sistema de retiro, y en la medida en que haga uso del ejercicio profesional, lo que corresponde es que lo haga a través del instituto que fue creado específicamente con ese fin. Cualquier otra derivación de recursos utilizados del sistema general o del sistema previsional de ese instituto, constituirá un subsidio cruzado, y hay que tener en cuenta cuando uno define subsidio cruzado que el régimen de prestaciones del instituto de la Caja Profesional paga jubilaciones que son superiores a la media, por lo tanto, nosotros creemos que eso no corresponde.
Desde el comienzo de la transición se habló de las deudas contraídas por la gestión anterior, como ejemplo, las deudas de ASSE. Se manejaron muchos números, y el mutualismo sigue a la espera, por ejemplo, el Casmu, que declara una deuda de ASSE de más de 550 millones de pesos. Hay otras mutualistas también que están en lo mismo, como el caso del Cudam, que está negociando con algunos inversores, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con el fondo de garantía aprobado y que hasta el momento no hubo respuesta?
Estamos regularizando la situación financiera de ASSE. Como lo hemos puesto de manifiesto, cuando ASSE asume, encuentra que había un conjunto de facturas que habían sido emitidas en 2024 y que no habían sido pagadas, por tanto, habían quedado para este período. Y, por otro lado, había un conjunto de facturas que habían sido presentadas a ASSE, pero que no habían sido registradas en el sistema. Con esa situación, lo que hemos estado haciendo a lo largo de este año es darle refuerzos a ASSE con el propósito de poder hacer frente a esas obligaciones. En el marco de esos dineros que han ido siendo entregados a ASSE, aunque todavía faltan pasos por hacer, y por eso que en la remisión de cuentas estamos pidiendo un aumento del crédito presupuestal para ASSE específicamente, que está resolviendo los pagos que tiene con sus proveedores pendientes. El detalle de qué es lo que está ocurriendo a nivel de la relación entre ASSE y sus proveedores no lo conozco, lo que sí conozco es cómo estamos dándole los recursos necesarios a ASSE para que vaya enfrentando esta situación.
Desde el inicio, usted dijo que el corazón de la economía es la inversión. Y habló también de establecer cambios en el régimen de inversiones. ¿Por dónde irían y cómo impactarían?
Lo que nosotros estamos haciendo es adaptar instrumentos de promoción de inversiones que están disponibles en Uruguay, de manera tal de promover y facilitarla. Los que ya hemos puesto de manifiesto con claridad son esencialmente dos. Estamos preparando para remitir al Parlamento y a la Ley de Presupuestos los cambios necesarios para que aquellas compañías que quieran ser contribuyentes del Impuesto a la Renta Mínima Global que está instalado en Uruguay lo puedan hacer. Y esa es una iniciativa por la cual compañías que hoy tienen algunos beneficios de tipo tributario, como puede ser que sean usuarios de la zona franca, nosotros les damos la posibilidad de poder enfrentar este tributo haciendo pagos en Uruguay, lo que va a suponer que a cambio de eso Uruguay va a ofrecer algunos beneficios específicos. Ese es un esquema sobre el que estamos trabajando. Lo segundo lo estamos revisando y vamos a tener noticias, yo hubiera deseado que fuera esta semana, no sé si será esta semana o la que viene, y cambios en el régimen de promoción de inversiones que está en manos de Comap. En particular vamos a transmitir información sobre la agilización de procesos y a su vez para poder dar cumplimiento a una serie de proyectos que están pendientes de respuesta que se fueron acumulando en el período anterior y que generaron una suerte de abarrotamiento de la Comap. A su vez y al mismo tiempo, vamos a anunciar algunos cambios que van a permitir ser más ágiles y claros en cuanto al régimen de promoción de inversiones. Eso es algo que va a ocurrir en las próximas dos semanas. Lo que también vamos a estar haciendo es una revisión un poco más profunda en materia del régimen general de promoción de inversiones, pero eso también va a estar incluido en la Ley de Presupuestos que el Parlamento va a tener que discutir a partir del 31 de agosto
Esa suerte de calificación que hay para las empresas que realizan inversiones, ¿se va a equilibrar sur-norte? Porque de acuerdo con lo manifestado en el pasado por legisladores norteños las empresas que invertían en el sur tenía una calificación y tenía más ventajas que las que invierten en el norte. En el momento en que ustedes están trabajando contra la informalidad y el desempleo, ¿pueden corregir está inequidad?
El régimen Comap, que es un régimen de larga instalación en Uruguay, no está concebido para beneficiar a una zona del país y perjudicar a otra, sino que está concebido de forma general. Lo que sí es cierto es que por el tipo de tejido empresarial que existe en distintas zonas del país, existen resultados de esa política que no son simétricos. Esa es la razón por la cual el propio régimen a lo largo del tiempo ha ido mutando, tomando en consideración elementos que tienen que ver con generación de empleo, elementos que tienen que ver con niveles de facturación y demás, para poderlo adaptar. Es evidente que eso no ha sido suficiente y, por lo tanto, esas son unas de las razones por las cuales queremos dar una mirada más general, de manera tal que el acceso a ese tipo de beneficios sea más general, incluso volviéndolo menos complejo, por nivel de empresa. Aquellas empresas que son más sofisticadas y que tienen mayores capacidades profesionales instaladas o de gestión instaladas, están en mejores condiciones de presentar proyectos a este tipo de instituciones como la Comap que otras que son más pequeñas. Entonces, parte del objetivo que pretendemos desarrollar con estos cambios es precisamente simplificar el acceso y hacer más democrático, de inversión, de manera tal que si lo hiciéramos y si fuéramos exitosos deberíamos también afectar la dimensión geográfica, evitando que haya un sesgo como el que usted señala.
Gabriel Oddone París es Doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República (Uruguay). Profesor titular de Política Económica en la Universidad de la República, Investigador de Cinve y de la Universidad Católica del Uruguay. Presidente del Directorio de Ágora Sociedad Civil. Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Programa de Desarrollo de América Latina (PNUD) en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay. Ha publicado trabajos sobre economía política, crecimiento económico y comercio internacional.
