La cantidad de vínculos laborales con el Estado uruguayo al cierre de 2024 fue de 300.893. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, solo 112.000 (poco más del 37%) son presupuestados. Si bien el Estado abarca desde funcionarios en intendencias, empresas públicas y diferentes poderes, la mayoría se concentra en la educación, con un 29% del total (más de 87.000 personas), el Ministerio del Interior (31.000) y las Fuerzas Armadas (26.000 efectivos militares).
Cuando se observa cómo se procesa la distribución de empleados públicos en Uruguay, el Poder Legislativo reúne el 0,4%, el Poder Ejecutivo el 25,5%, los organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados) el 51,3%, los del artículo 221 (entes industriales o comerciales del estado) el 9,9% y los gobiernos departamentales el 12,9%.
Es interesante destacar que el Poder Legislativo tiene 1074 presupuestados, siendo el único organismo que reporta exclusivamente vínculos de funcionarios presupuestados. Esto se debe a que en otras reparticiones del Estado es más común encontrar diversos tipos de contratos no presupuestados.
Aunque se podría pensar que los 13 ministerios concentran la mayoría de los funcionarios públicos dentro del Poder Ejecutivo, esto no es así: el 75% de los vínculos en este poder corresponde a efectivos y contratos policiales y efectivos militares.
Lo opuesto sucede en los entes comerciales e industriales (organismos del artículo 221), donde los presupuestados representan el 94%, mientras que el 5% son contratos permanentes, el 0,8% corresponde a zafrales y eventuales y el 0,1% a otro tipo de contrato.
En los gobiernos departamentales predominan los vínculos de presupuestados, con un 51%, los contratos permanentes 34%; un 11% corresponde a zafrales y eventuales, y un 3% a otros funcionarios públicos.
También es interesante observar cómo el Estado distribuye a sus más de 300.000 empleados públicos. La mayoría está en el área de educación, cultura y deporte, con un 37%, con un fuerte peso de maestros y profesores. A este grupo le siguen los gobiernos departamentales (13%), seguridad (11%), salud pública (10%) y defensa (9%).
Cuando se observa dónde se encuentran geográficamente, el 49% está en la capital (151.000), seguido por Canelones, con un 10% (31.000). El resto de los departamentos tiene cifras que van entre el 0,9% y el 4,3%, dependiendo de la población. También se destaca el peso del empleo público en cada departamento. En relación con la población ocupada, el mayor porcentaje está en Treinta y Tres, donde el 25% de los ocupados son empleados públicos, es decir, uno de cada cuatro. Otros departamentos con cifras elevadas son Durazno (23%), Lavalleja y Río Negro (22%). Los valores más bajos se encuentran en Canelones (10%) y Maldonado (12,5%). Esto es coherente con la alta presencia del empleo privado en esos departamentos. En Montevideo, dos de cada diez empleados trabajan en el sector público.
Presupuestados y métodos de selección
En 2024, el número de funcionarios aumentó en 3225 respecto a 2023. ASSE presentó el mayor incremento (1171), principalmente en contratos de suplentes y presupuestaciones provenientes de la Comisión de Apoyo. Muchos funcionarios de la salud que estaban bajo este tipo de contrato pasaron a ser funcionarios de ASSE. En conjunto, el Poder Ejecutivo registró un aumento de 1.463 vínculos laborales nuevos. Los mayores incrementos se dieron en el Ministerio del Interior (433), el Ministerio de Defensa (233) y el Ministerio de Desarrollo Social (198). En cambio, el Ministerio de Educación y Cultura registró una disminución de 77 vínculos. Otras variaciones en organismos del Estado con bajas fueron Antel (-147), AFE (-139) y BPS (-93), mientras que hubo incrementos en el BROU (121) y en el BSE (110).
El año pasado se presupuestaron 4609 funcionarios. La mayor cantidad está en ASSE (2243), seguido por el Poder Judicial, INAU, Fiscalía y la UTEC. En los gobiernos departamentales se presupuestaron 839 funcionarios.
Como indicábamos párrafos arriba, el incremento de funcionarios en 2024, en comparación con 2023, fue de poco más de 3000. Esto es producto de altas y bajas. Las bajas (45.000) fueron más que compensadas con la incorporación de funcionarios adicionales.
Las altas se realizaron en un 54% por concurso, un 31% a través de listas de aspirantes (forma utilizada principalmente por ANEP y Udelar), un 8% por designación directa, un 1% por sorteo y el resto por otros mecanismos de selección. La designación directa está prácticamente concentrada en las intendencias. Estas informaron que en 2024 realizaron 4650 altas, de las cuales el 44% fueron por concurso, el 39% por designación directa, el 10% por lista de aspirantes y el 6% por sorteo.
Las razones de las bajas son variadas, pero se concentraron mayormente en el fin de contrato (casi 30.000 de las 45.000 registradas, es decir, un 65%). En el resto, las mayores cifras fueron por jubilación (6507), renuncia (5576), rescisión de contrato (1529), fallecimiento (523), destitución (493), ineptitud física o psíquica (397) o por límite de edad (75 años) (138). El resto corresponde a otras causas.
Subas y bajas en los vínculos laborales
Al analizar la evolución de los vínculos laborales desde 1995, se observa que estos disminuyen progresivamente hasta 2004, pero en 2024 el número es significativamente mayor (300.893). En 1995 había 261.122 funcionarios públicos. Se registró una baja entre 1995 y 2005 como producto de diversas medidas implementadas desde principios de los años 90, tendientes a restringir el ingreso de funcionarios a la Administración Pública. Sin embargo, desde 2006 se observa un crecimiento. La Oficina Nacional del Servicio Civil señala que la evolución de estos vínculos “se ve fuertemente afectada por las contrataciones del MSP hasta 2006 y de ASSE a partir del siguiente año. El comportamiento es creciente hasta 2005, luego desciende durante los tres años siguientes y vuelve a aumentar significativamente en 2009, año en el que, además de un aumento en ASSE, la ANEP comienza a informar una importante cantidad de estos vínculos”. En las últimas décadas hubo varios cambios, como pasantías, contratos de obra, becados, contratos a término, arrendamientos de servicio y casos como el del Mides, que en 2010 informó contratos mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil, registrados como arrendamientos de servicio o, en otros años, como “otros no funcionarios”. Por ejemplo, los becarios pasaron de 3422 a 1497, pero los pasantes, que en 1995 eran 566, ahora son 2727.
Al realizar el análisis evolutivo según incisos, en el período de 1995 a 2013, el Poder Legislativo reduce su cantidad de vínculos de funcionarios, comenzando a aumentar a partir de 2014 hasta 2017, disminuyendo nuevamente entre 2018 y 2023. En 2024, se mantiene casi igual, con un aumento de 9 vínculos respecto al año anterior. El informe analiza que el Poder Ejecutivo también reduce su cantidad de funcionarios hasta 2012, luego tiene dos años consecutivos al alza, dos a la baja, tres al alza nuevamente, cuatro a la baja y en 2024 aumenta nuevamente. Los organismos del artículo 221 (entre otros, empresas públicas) han reducido su cantidad de vínculos hasta 2005 y luego presentan oscilaciones no muy pronunciadas, descendiendo en los últimos diez años. Por otro lado, los organismos del artículo 220 (que incluyen la educación, Fiscalía y ASSE) han incrementado considerablemente su volumen de vínculos. Contrariamente a lo que se podría pensar, los vínculos de funcionarios públicos de los gobiernos departamentales se han mantenido constantes, con algunas oscilaciones. En 1995 eran 38.523 y en 2024 llegaron a 38.906. En el Poder Legislativo, la reducción de los vínculos de funcionarios públicos es continua a lo largo del período, representando una disminución del 40% entre 1995 y 2024.
En resumen, los funcionarios disminuyen en empresas públicas y en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este último, un hecho clave es que en 2007, cuando se crea ASSE como servicio descentralizado, la mayor parte de los funcionarios del MSP pasa al nuevo organismo, explicando gran parte de la disminución. También han salido del Poder Ejecutivo para pasar a los organismos del artículo 220 el Inumet, la Jutep y la Fiscalía General de la Nación, y al artículo 221 pasaron las unidades reguladoras Ursea y Ursec. En los organismos del artículo 220 se registra un crecimiento del 110% de los vínculos de funcionarios públicos entre 1995 y 2024, producto de la creación de ASSE y del hecho de que ANEP comienza a informar a los maestros suplentes, que antes no eran registrados (ubicados en la categoría de zafrales y eventuales).
