Vecinos de Empalme Olmos se encuentran en lucha por evitar la instalación de un proyecto que implicaría un nuevo vertedero en Canelones, con el fin de acabar con el de Cañada Grande. El abogado de los vecinos, César Masina, explicó a La Mañana los detalles del plan y los intereses tanto del inversor como de la intendencia departamental.
La compañía Morseloy Corporation S.A. es propiedad de José Andrés Guichón, empresario y director del Parque Industrial Olmos. En junio presentó ante el Ministerio de Ambiente (MA) los informes de viabilidad ambiental de localización de dos proyectos. Uno consiste en la construcción y operación de una planta de valorización de residuos domiciliario que pretende gestionar los residuos generados en el departamento de Canelones. El otro es la construcción de un relleno sanitario para la disposición final de residuos.
Cuando los pobladores de la zona se enteraron de este proyecto, en setiembre del corriente año y a través de la prensa local, se organizaron y contrataron al abogado César Masina, quien representa a la comisión de vecinos de Empalme Olmos, Villa Olmos y zonas aledañas, y brinda asesoramiento legal en la oposición al proyecto.
El predio en el que se estima llevar a cabo ambas instalaciones consta de 93 hectáreas que comienzan frente al camino a Minas y finaliza en las costas del arroyo Pando, y de concretarse el plan, ambas construcciones funcionarán a cargo de la empresa privada durante 20 años.
El objetivo de la construcción del relleno sanitario es cerrar el vertedero municipal de Cañada Grande, que desde 1993 se destina como depósito de toda la basura del departamento de Canelones. Se trata de un predio privado que antes era de un particular y que ahora está a cargo de otra persona, quien estuvo en conflicto con la intendencia. Ese lugar era una vieja cantera, por ende, no era el lugar adecuado para un relleno sanitario.
En el 2010, la Intendencia del departamento inició un juicio de expropiación, ya que el nuevo dueño de la cantera había solicitado el desalojo del lugar. Esa solicitud fue rechazada, pero los vecinos se movilizaron y lograron parar la expropiación de la Intendencia, de hecho, el tema sigue en proceso: primero lo heredó el exintendente Marcos Carámbula y luego Yamandú Orsi.
Es por esto que la creación de un nuevo vertedero implicaría que el gobierno departamental “se quitara un problema de encima”, en palabras de Masina para La Mañana.
Recientemente se volvió a poner sobre la mesa el asunto de la usina a partir del conocimiento de la iniciativa privada que intenta cerrar Cañada Grande. Este nuevo emplazamiento está a un kilómetro y medio de ese lugar, es decir que es la misma zona de impacto. “Las autoridades y el inversor conocen la situación, y esto generó gran indignación y rechazo por parte de los pobladores, quienes, además, son vecinos de Guichón. Les indigna que él no haya dado la cara, lo manejó de forma oculta”, explicó el abogado.
Cuando la población se enteró, se organizaron y autoconvocaron a una asamblea ciudadana informativa en el Club Uruguayo del Este y decidieron tomar acciones, formaron una comisión autoadministrada y autogestionada, empezaron a movilizarse a través de cartelería, visitas a eventos para entregar volantes, e informar a los vecinos de todo lo que se proyecta. A su vez, están en busca de los apoyos financieros del caso y siguen en busca de adhesiones.
Estado actual del proyecto
El primer paso del inversor fue elaborar el proyecto con asesoramiento de dos consultoras en ingeniería ambiental y lo presentó conforme al procedimiento que hoy está establecido por el decreto 349/2005 del Poder Ejecutivo del MA. La normativa indica que debe conseguir tres permisos: el primero es el de Viabilidad Ambiental de Localización, el segundo es la Autorización Ambiental Previa y el tercero es la Autorización Ambiental Operativa. Hoy se encuentra en proceso el primero.
Al final de cada permiso hay un período de manifiesto en el que se hace público el proyecto y se da un plazo de 10 días administrativos donde el MA es el que tiene que ordenar que se publique en el Diario Oficial y en un diario local de la zona, un aviso abreviado de que está de manifiesto el proyecto en tal expediente. Fue así como los vecinos tomaron conocimiento del plan.
Los pobladores se presentaron dentro del período de manifiesto e hicieron sus descargos, los que no son vinculantes, pero sí tienen la intención de que sean tomados en cuenta por las autoridades del Ministerio. El proyecto se encuentra en estudio de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) que dirige Eduardo Andrés. Se encuentra a estudio de varios técnicos que serán quienes “tomarán en cuenta a los vecinos”, dijo Masina.
“No se trata de que el proyecto sea bueno o malo, la comisión de vecinos que se formó está en contra de la instalación del mismo. Es inconveniente y el emplazamiento es ilegal”, comentó el entrevistado y agregó que el lugar elegido por el promotor está ubicado a 4.000 metros de la ciudad de Pando, y a un kilómetro del barrio Estadio que es la periferia de esa ciudad. Frente a la entrada de la planta industrial y del relleno sanitario, a 20 metros, está la Villa Quico. A su vez hay un barrio nuevo a 200 metros, que tiene terrenos recientemente adquiridos para viviendas.
“En los dos padrones donde se pretende instalar las construcciones hay forestación, entonces la gente compró y se fue a vivir muy cerca, pero no es lo mismo tener un vertedero que solo vegetación”, señaló. Además, el lugar dista a menos de 3 kilómetros de Empalme Olmos y a menos de dos del centro de Villa Olmos. “Existe un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 33/2020, que establece en su artículo 36, que ningún sitio de disposición final de residuos puede estar a menos de 4000 metros de centros poblados. Acá esa distancia no se respeta”, aseguró el abogado.
“Solo con ese argumento, más allá de los posibles impactos en el ecosistema, ya inhabilitaría ese lugar”, sostuvo.
En materia de posible contaminación, el promotor solicita calificarlo tipo A. La normativa establece que los proyectos pueden ser A, B o C en cuanto a los efectos nocivos sobre el ambiente. El A no produce ningún efecto, el B produce efectos que se pueden mitigar y el C es altamente nocivo. Los A no requieren audiencia pública y es lo que el inversor está sugiriendo al MA, “es decir que no le interesa la opinión de los vecinos, ni de las autoridades del municipio”, explicó Masina.
El alcalde de Empalme Olmos junto al concejo municipal tomó conocimiento del proyecto cuando los vecinos se autoconvocaron en asamblea. “El alcalde dijo que el proyecto no depende de él ni de la intendencia, y es cierto. Hoy quien adjudica o no es el MA, y los vecinos están tomando acciones y haciendo trámites para reunirse con autoridades”, puntualizó el entrevistado.
“Piensan que la intendencia estará a favor”
Ya que la intendencia departamental puede manifestarse al final del proceso sobre si aprueba o no la instalación de la planta, Mesina fue consultado acerca de qué posición se entiende que podría tomar en caso de que el MA apruebe cada instancia. “Por ahora no puede decir ni que sí, ni que no, solo podrá opinar una vez que expida el último permiso, aunque pudo adelantarse con este primer permiso que está en proceso”. El MA exigió al promotor un primer pronunciamiento preliminar de la intendencia de Canelones, y esta dijo que, “conforme a una normativa específica, los sitios de disposición de residuos pueden establecerse en zonas rurales”.
Es por esto que “los vecinos piensan que la intendencia estará a favor, porque es una forma de solucionar el problema con Cañada Grande”. Masina dijo que, si el proyecto se instala, dejará de funcionar el anterior al que la Intendencia le está pagando un alquiler al propietario para que el vertedero funcione. “La estrategia es muy inteligente, porque no es la intendencia la que va al frente con los vecinos, es un promotor privado”, aseguró el abogado.
Cabe recordar que la otra parte del proyecto prevé una planta industrial de valorización de residuos, donde la basura se dividirá en tres, una parte a relleno sanitario que es la que no sirve más, una parte se compostará al aire libre, y otra se llevará a una planta industrial que todavía no está diseñada. “Allí la valorización de la energía se convertiría en metano, en CO2, que se le vendería al Parque Industrial Olmos, propiedad de Guichón.
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