Con presencia en todo el territorio nacional, los supermercados Ta-Ta siguen creciendo con un claro objetivo: ser más eficientes para ofrecer productos de menor precio y mayor calidad. El CEO de la empresa conversó con La Mañana sobre los desafíos a futuro y se refirió a la diferencia de precios que existe con los países vecinos y el impacto que tendrá la apertura de fronteras. Además, Christopher Jones opinó que el sistema político debería cambiar algunas normas que a su entender perjudican a los comerciantes.
¿Cuál es la estrategia de Ta-Ta en el territorio, especialmente en el interior del país?
Ta-Ta está en Uruguay desde 1956, cuando abrió su primera sucursal en Montevideo, en Roxlo y 18 de Julio. Luego empezó un proceso de expansión y hoy el 55% de nuestro negocio está en el interior. Nos llena de orgullo estar en los 19 departamentos con presencia física y cada vez más a través del canal digital, llevándoles a nuestros clientes una ecuación de valor.
El propósito que nos mueve todos los días es bajar el costo de vida del país. Para lograrlo, trabajamos fuertemente en ser muy eficientes. Con el fin de mantenernos estables, firmes y balanceados, queremos ser el mejor lugar para comprar, para trabajar y para invertir, de modo que nuestros fundadores sigan creyendo y reinvirtiendo en Uruguay, como lo vienen haciendo hace décadas. Más que nada, aspiramos a impactar positivamente en todas las comunidades en las que estamos.
Hoy nos aseguramos de llevar el mejor precio a todo el país. Una de las formas de hacerlo es con nuestras marcas propias, que hace cuatro años representaban el 5% de la facturación y hoy alcanzan el 25%. Los clientes las están aceptando muy bien, porque están comprando productos de excelente calidad que cuestan muchísimo menos que las marcas más conocidas.
A su vez, para poder llegar con esos productos a todo el país, tenemos una red logística muy importante que nos permite distribuir la mercadería todos los días a los 19 departamentos con tres temperaturas: productos congelados, fríos y a temperatura ambiente.
El BID anunció hace poco una inversión en la empresa. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos de las partes en esta asociación?
El BID tiene un área que se llama BID Invest que hace inversiones estratégicas en compañías que tienen un propósito muy claro, que no es únicamente un resultado financiero, sino también un impacto social importante, ya sea en colaboradores, desarrollo del negocio de sus proveedores o en las comunidades donde operan.
El organismo estuvo estudiando la forma en la que hacemos nuestros negocios y observó los distintos impactos que eso tiene, y decidió hacer un aporte de capital de un poco más de 10 millones de dólares, lo que se suma a la contribución por parte de los accionistas actuales de la compañía de unos cinco millones de dólares. El BID también nos abrió una línea de crédito de 35 millones de dólares en pesos uruguayos por los próximos 10 años.
Con ese capital vamos a continuar la fuerte inversión en nuestra gente para que se siga capacitando. Por otro lado, continuaremos invirtiendo en sistemas de tecnología digital y en la red logística, de tal manera de seguir llevando productos al mejor precio y de la mejor calidad a lo largo y ancho del país. En los próximos cuatro años, la inversión total va a estar por encima de los 120 millones de dólares, lo cual nos llevaría a tener cerca de 1500 puestos de trabajo adicionales a los que tenemos actualmente.
¿Cómo pueden ayudar los supermercados como Ta-Ta a que la población uruguaya acceda a precios más competitivos?
Constantemente buscamos la forma de trabajar con nuestros proveedores en todo el país para bajar los costos de los productos y trasladar esa reducción a los clientes. Es un trabajo continuo, de todos los días, y es una de las principales fuentes de motivación que tenemos.
Ta-Ta encomendó estudios a CPA Ferrere al respecto. ¿Podría compartir alguno de los resultados?
Nosotros queríamos entender por qué los precios de los productos son tan diferentes de un lado de la frontera y del otro. Hay productos que del lado de enfrente están al público a un dólar, por ejemplo, y ese es el costo con el cual nos llegan a nosotros por importadores, o a veces incluso es más alto.
El estudio concluye que la normativa vigente actúa como un resguardo del importador que registra un producto para, de esa forma, ser el único que lo puede importar legalmente al Uruguay. Entonces, la ley hoy le impide al comerciante cruzar la frontera y traer libremente un producto que ya fue inscripto por otro importador.
Esa es una explicación de por qué el mercado ajusta y existe todo el contrabando que hay, porque hay gente que está dispuesta a tomar los riesgos y romper la norma para llegar con productos a mejores precios. Es interesante cómo la normativa incentiva el contrabando.
¿Qué se debería hacer desde el Estado ante esta problemática?
Yo soy un fiel creyente de que no se puede ir contra las reglas económicas, entonces, sería mucho más simple permitirles a los comerciantes cruzar, comprar la mercadería, pagar IVA en la entrada y venderla libremente, en vez de lo que está ocurriendo, que pasa eso, pero no pagan IVA. Tendrían que pagarlo y dejar que el comercio ajuste, y claramente va a bajar el costo de vida de todo el país.
¿Cómo cree que afectará la apertura de las fronteras en las ventas de supermercados en zonas limítrofes?
Va a pasar lo que pasa siempre, pero ahora con una diferencia cambiaria todavía más profunda, sobre todo, con Argentina. El público se va a volcar a comprar mercadería que tiene muy buenos precios, que es ingresada al país libremente, pero sin pagar lo que debería ni cumplir con toda la normativa. Aquellos que cumplimos con las normas nos veremos en una posición donde nuestros precios, por una cuestión de costo, van a estar diferenciados de los que entran libremente por las fronteras.
Comerciantes del litoral han advertido que al abrirse los puentes con Argentina los uruguayos van a volver a cruzar para comprar todos los días como hacían antes.
Es un proceso natural de los seres humanos, ni se me cruza por la cabeza combatirlo porque es la libertad de la gente que puede ir a buscar productos a mejor precio para alimentar a su familia y ahorrar. Eso va a suceder y no va a haber forma de pararlo. Van a cruzar las familias y toneladas de mercadería –algo que hoy está pasando en Brasil-. Lo que digo es: naturalicemos el proceso y que se pague impuestos a la entrada, y que cualquier comerciante lo pueda hacer. Eso va a beneficiar a toda la población.
¿Qué esfuerzos se pueden hacer desde las cadenas comerciales para favorecer la oferta de alimentos producidos localmente?
Cuando empezamos con este proceso de marcas propias, hace unos cuantos años, lo primero que buscamos fueron productores uruguayos, para ahorrarnos el tener que importar y toda la burocracia. Hoy les está yendo muy bien con nuestras marcas y están abasteciendo los 19 departamentos.
Al comienzo de la pandemia vimos que el desempleo empezó a aumentar y pusimos en marcha el programa “Primero Uruguay”, donde invitamos a los productores nacionales a anotarse en la página web para tratar de integrarlos a nuestra cadena tanto física como digital. Hoy estamos trabajando con unos 120 productores que estarían en condiciones de incorporarse a la mayor velocidad posible.
Sin embargo, nos encontramos con que la gran barrera que tienen los productores son las normativas internas. Por ejemplo, un productor de miel de Florida, no la puede vender en Colonia o en Tacuarembó; tiene que pasar por Montevideo para que le aprueben la única inscripción que es admitida a nivel nacional. Nuevamente, la ley lleva a que al productor se le haga cuesta arriba comercializar sus productos.
¿Se debería unificar la normativa a nivel nacional?
Hay un proyecto desde hace como 10 años para tener un registro único de productos alimenticios, pero es un tema político. Los productores van a poder vender libremente si las autoridades se ponen de acuerdo y cambian las normas vigentes.
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