De acuerdo a su definición, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) son sociedades cuyo único objeto es el desarrollo de actividades deportivas y la participación en competiciones oficiales, siguiendo el régimen general de las Sociedades Anónimas Comerciales pero sujetas a las particularidades establecidas en la normativa.
Proyecto en el Parlamento
En la actualidad hay un proyecto de ley a estudio en el Parlamento que incluye varios aspectos normativos para regular el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas. En el artículo 86 la Rendición de Cuentas están los cambios anunciados. En el texto del proyecto se establece que las SAD pasen a ser consideradas como sujetos con la obligación de controlar el lavado de activos dentro del sector considerado “no financiero”, además de ser obligadas a reportar transacciones consideradas como inusuales o sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero dependiente del Banco Central del Uruguay. El proyecto establece que sean administradas por una comisión directiva que esté compuesta por al menos dos integrantes en lugar de cinco como es en la actualidad. A su vez, indica que deberán inscribirse ante la Secretaría Nacional del Deporte luego de su aprobación por parte de la federación respectiva. También limita hasta un máximo de un 25% las acciones de los clubes deportivos constituidos como asociaciones civiles en las SAD.
En la actualidad, varios clubes del fútbol profesional han adoptado esta forma: Plaza Colonia, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Boston River, Racing, La Luz, Sud América, Miramar Misiones, Rentistas, Juventud de Las Piedras y Cerrito.
Dr. Costa: “Hay que exigirles más”
El Dr. Leonardo Costa es un reconocido abogado cuya especialidad se centra en el derecho tributario, corporativo y bancario además del asesoramiento en la prevención del lavado de activos.
Al ser consultado por la prensa, Costa expresó que se trata de una iniciativa interesante para un tema que requiere “un cambio urgente”. “El fútbol es un sector de riesgo”, agregó, “y creo que cuando más sano esté, mejor será”.
Por otra parte, dijo: “Hay algunas SAD que ya tienen por definición propia políticas de prevención e incluso oficiales de cumplimiento. Muchas veces los bancos, cuando procesan transferencias, lo exigen, (pero también) algunos lo incluyen por políticas corporativas propias. Esto es una buena cosa, y hace bien que se lo incluya, porque pone en el mismo pie de igualdad actividades similares”.
Costa reconoció que, a pesar de lo mencionado, es un tema que requiere un mayor grado de profundidad, refiriéndose en particular a la rebaja del número de directores que pueden tener las SAD, que de aprobarse baja esta cantidad de cinco a dos.
“Creo que es una rebaja regulatoria, una flexibilización. Sí es cierto que los titulares de muchas de estas sociedades anónimas deportivas son personas físicas que, de formas legítimas, pero de manera indirecta, están teniendo derechos sobre jugadores (contratistas). ¿Por qué bajarles esa categoría? ¿Cuál es el objetivo? Habría que pedirles más exigencias, no menos”.
Para Costa lo único positivo del proyecto es que las SAD pasen a ser “sujetos obligados”.
¿De quién dependen las SAD?
Los clubes ya mencionados líneas arriba que trabajan en esta nueva modalidad viven realidades muy distintas. El club Montevideo City Torque integra el Grupo City, que es dueño de clubes en varios países y financiado por un Jeque de los Emiratos Árabes Unidos. En nuestro país el CEO del grupo es el exsenador y exinterventor de la AUF, el Dr. Pedro Bordaberry. El club Boston River del cual es hincha el presidente Lacalle Pou es financiado por el empresario libanes nacionalizado venezolano Edmundo Kabchi de Racing. Se menciona al exfutbolista argentino Fernando Cavenaghi y a Juventud de Las Piedras, un grupo empresarial cuya cabeza visible es su actual presidente, Yamandú Costa. Del resto de las instituciones se desconocen las empresas y quienes las financian.
La AUF y los millones sin dueño
Mientras en el proyecto a estudio en el Parlamento se incluye la obligación de controlar el lavado de activos o reportar las operaciones consideradas como inusuales o sospechosas, la AUF hace un anuncio que generó reacciones diversas. Su presidente, Ignacio Alonso, anunció la llegada de US$ 10 millones para distribuir entre los clubes que la integran con una finalidad: no estar obligados por la necesidad económica a aceptar la renovación de los derechos de televisión con la empresa Tenfield. Al ser consultado sobre la procedencia de los fondos, Alonso se limitó a informar que los mismos no procedían de la Conmebol. El dirigente no dio explicaciones al respecto y tampoco las condiciones en las cuales las instituciones recibirán el dinero.
En el programa Punto Penal que se emite por Canal 10, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio declaró: “De ninguna manera voy a aceptar un dinero que no voy a poder explicar. ¿Es un préstamo, de quién? ¿A cuenta de qué? Si no soy reelecto, ¿qué explicación le voy a dar a quien me suceda en el cargo?”.
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