La Cámara de la Industria de la Vestimenta está en proceso de reestructuración, con un grupo de empresarios trabajando activamente para impulsar y fortalecer la industria nacional. Recientemente asumió la presidencia Sebastián Dominoni, director de la Fábrica Nacional de Sombreros. En este momento, la Cámara cuenta con 25 socios, quienes generan empleo para alrededor de 500 personas, cifra que corresponde exclusivamente a las empresas asociadas.
Fuentes de dicha cámara indicaron a La Mañana que la industria de la vestimenta en Uruguay ha experimentado una caída significativa en los últimos años, especialmente debido a la competencia de productos importados. Precisamente, en las últimas horas el Ministerio del Interior anunció la entrega de 98 mil prendas importadas de China para sus funcionarios.
Esta situación de importaciones ha provocado no solo la pérdida de empresas, sino también una considerable disminución de puestos de trabajo en el sector. “La invasión de prendas extranjeras, muchas veces de menor precio, ha hecho que la producción local enfrente serios desafíos en términos de competitividad y sostenibilidad. Una de las consecuencias más directas de esta problemática ha sido la reducción del empleo en el sector”, han señalado desde la gremial. Según un estudio del Inefop, basado en la Encuesta Continua de Hogares, en 2023 se contabilizaron 7480 personas trabajando en la industria textil, lo que representa una disminución del 18% en comparación con las 9097 empleadas en 2019. Esta caída refleja una tendencia preocupante de pérdida de puestos de trabajo, afectando tanto a la producción como a la venta de prendas nacionales.
Otro aspecto que preocupa a este sector es la existencia de colectivos en redes sociales que intercambian información referente a la industria de la vestimenta. “Esto nos muestra que estamos frente a un sector con un nivel de informalidad altísimo”, sostienen.
El problema de la informalidad
El tema de la informalidad en el sector es complejo. Se estima que un porcentaje significativo de los trabajadores está en la informalidad, principalmente debido a la falta de estabilidad laboral y la imposibilidad de cubrir los aportes sociales. En 2021, se intentaron soluciones mediante reuniones con autoridades, pero se indicó que no se lograron avances importantes.
La Cámara de la Vestimenta ve como una solución efectiva implementar un régimen de aportes a destajo, es decir, proporcional a la productividad de cada trabajador. Según sus estimaciones esto, acompañado de un sistema de exoneración parcial o total de los aportes, permitiría reducir los costos laborales y hacer a la industria más competitiva frente a la importación, sin afectar la formalización de los empleados. “De esta manera, tanto empleadores como empleados saldrían beneficiados: los trabajadores tendrían acceso a beneficios sociales y las empresas podrían mantenerse competitivas. Este tema será una propuesta para la agenda del próximo Consejo de Salarios”, anunciaron.
Lucha contra el contrabando
Desde la Cámara se espera que el nuevo gobierno, que asumirá el 1º de marzo, “continúe con el compromiso de proteger y fortalecer la industria nacional, como han expresado varios de los actores clave en campaña y tras las elecciones. Hay confianza en que se impulsarán medidas favorables, pero será el tiempo y los hechos los que definirán si las promesas se concretan”.
Entre las medidas que deberían adoptarse, según la gremial, está “un enfoque en la lucha contra el contrabando, que afecta directamente a la competitividad de las empresas locales”. Para eso plantean no solo un control más estricto en las fronteras, sino también en espacios como ferias, festivales en el interior del país y plataformas en línea, como redes sociales y aplicaciones, donde se realizan ventas de mercadería de contrabando. “Si no se controla esta actividad, los productos ilegales seguirán ingresando al mercado, perjudicando a los comercios establecidos”, manifestaron.
A esto se agrega otro fenómeno: las compras por internet. Plataformas chinas como Temu o Ali Express cada vez ponen más sus ojos en Latinoamérica. Durante el año 2024, se registraron cerca de un millón de compras realizadas a través de aplicaciones o páginas web internacionales y se estima que las compras de textiles representan un porcentaje significativo. Este fenómeno tiene un impacto considerable en el mercado interno, ya que afecta a toda la cadena productiva. Los comercios que venden productos nacionales enfrentan dificultades para competir y si no logran vender disminuyen sus compras a los fabricantes locales. A su vez, los fabricantes, al no tener demanda suficiente, reducen su producción, lo que genera la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
Compras públicas y TLC
Otro punto planteado es “revisar y ajustar las compras públicas, priorizando productos nacionales”. En este sentido, prácticamente todas las empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir en Uruguay atienden al mercado local. Consideran estos empresarios que las compras públicas “podrían ser cruciales para la supervivencia de muchas empresas y trabajadores del sector”. Sin embargo, para que esto sea efectivo, es necesario un cambio en la forma en que el Estado realiza las compras. No consideran que el Estado gaste más al optar por comprar productos nacionales. Por el contrario, sostienen que al fomentar el empleo local se incrementa el poder adquisitivo de la población y, por lo tanto, el Estado termina recaudando más a través de impuestos. Los integrantes de la cámara indican que “este es un tema que nos gustaría discutir con el presidente Orsi o con algún miembro de su equipo, ya que hay mucho por trabajar en este ámbito”. A esto acotan: “Estamos convencidos de que las compras públicas pueden ser un motor clave para la reactivación de la producción nacional, contribuyendo a la creación de empleo de calidad en nuestro sector y fortaleciendo la industria de la vestimenta en Uruguay”.
En la mira también se encuentra el reciente Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con la Unión Europea y los planteados con otros países. Para los empresarios de la industria de la vestimenta, este sería uno de los sectores más afectados. Al respecto manifiestan: “Actualmente, ya enfrentamos grandes desafíos debido a la competencia de productos importados, y un TLC podría agravar aún más esta situación. La apertura de los mercados sin restricciones podría generar una avalancha de productos extranjeros, lo que, en muchos casos, sería un golpe de gracia para varias empresas locales que ya operan en un contexto de alta competitividad y márgenes ajustados”. Para eso plantean como fundamental que, al negociar estos acuerdos, se contemple la protección de sectores vulnerables como la industria de la vestimenta, para evitar que las empresas nacionales se vean desplazadas por la mercadería importada, que muchas veces tiene precios más bajos debido a costos laborales y normas menos exigentes en otros países.
Cero exportación y propiedad intelectual
Actualmente las exportaciones no ejercen ninguna influencia en el sector. Ninguna de las empresas socias de la Cámara de la Vestimenta está exportando. Pero consideran que “esta falta de incidencia responde principalmente a la ausencia de respaldo e impulso por parte del Estado hacia esta industria. De existir una voluntad política clara, el sector cuenta con un gran potencial para destacar en mercados internacionales gracias al talento de una nueva generación de diseñadores y una mano de obra calificada”. Esta industria tuvo en el pasado una importante capacidad para competir en el ámbito global, llegando incluso a contar con empresas que fueron reconocidas con premios como el otorgado por el Banco República a los exportadores destacados.
Dentro de la industria, uno de los puntos principales es la creación de diseños en prendas. Pero una de las quejas que plantean es que el proceso para registrar los derechos de diseño en Uruguay es costoso y burocráticamente complejo, lo que dificulta que los diseñadores y las pequeñas empresas accedan a una protección efectiva de sus creaciones. Si bien es posible registrar los diseños a nivel nacional, el problema radica en que si un diseño es registrado en el extranjero y luego importado al país no existen mecanismos suficientes para evitar su reproducción sin autorización. Desde la Cámara de la Vestimenta se señala que “es fundamental mejorar los mecanismos de protección y simplificar los trámites para asegurar que los derechos de los diseñadores nacionales estén realmente resguardados”.
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