Yanira Vargas es abogada, doctora en Derecho, con postgrado en Derecho Internacional Aplicado y maestría cursada en Derecho Procesal Penal. En entrevista concedida a La Mañana, analizó los pros y los contras del Código de Derecho Penal y sus modificaciones propuestas.
¿Qué opinión le merece el anuncio de cambios en el tan cuestionado Código del Proceso Penal, aprobado en el 2017, siendo que quien propone los cambios es el mismo que lo creó?
Para nosotros esto es una especie de déjà vu o algo que se repite. Nos deja un gusto amargo toda esta situación y nos parece que afecta al principio de separación de poderes. Además de la preocupación de lo que podría ser la reforma, porque si bien podría ser algo para mejor, también podría ser algo para peor y esto podría ser perjudicial para todos. Entonces hay una cierta incertidumbre con relación a esto, una preocupación con relación a la afectación del principio de separación de poderes. Y sí, estoy de acuerdo en que el código necesita ser no solamente reformado, sino que debería ser hecho nuevamente porque tiene problemas estructurales bastante graves.
Se habla de aumento de penas y desprisionalizar, ¿qué análisis se hace desde el punto de vista legal de eso?
Me estás hablando exclusivamente del derecho penal y no del derecho procesal penal. Las cuestiones de la pena es un diálogo exclusivamente con profesionales o estudiosos o abogados del derecho penal en el sentido de si aumentar o disminuir la pena puede causar algún efecto en la ciudadanía en lo que significa, por ejemplo, la disminución de la criminalidad. Desde mi punto de vista esto ya es una cuestión más penal, y asimismo no creo que el aumento o la disminución de pena puedan afectar en sí la política criminal del Estado. Es mi opinión con relación a eso. Pero me parece que las reformas que se plantean, que más o menos hemos leído, las reformas presentadas al Poder Legislativo por el Colegio de Abogados del Uruguay, también algunas reformas al proceso abreviado presentado por el Dr. Zubía. Hay muchas reformas y parece que este año comienzan varias comisiones y en todos los ámbitos.
¿Cuál es el aspecto más importante de todo lo que se ha presentado desde su punto de vista?
A mí me parece que los aspectos más importantes tienen que ver con la estructura del proceso penal, porque hubo un error técnico, digamos, un error técnico legislativo muy grave que fue poner la indagatoria y la indagatoria preliminar, que es una cuestión más administrativa dentro del libro 2 del Código del Proceso, que tiene que ver con el proceso de conocimiento. Creo que esto es gravísimo porque afecta lo que tiene que ver con la jurisdicción, afecta lo que tiene que ver con el proceso penal propiamente dicho. Porque la indagatoria preliminar es hoy en día el mayor problema. O sea, no hay un problema procesal penal –eso quiero dejarlo claro–, no verifico un problema procesal penal en nuestro país, más sí se verifica un problema en la política criminal, un problema en la indagatoria criminal que está en la dirección de la Fiscalía General de la Nación, función que corresponde al Ministerio Público y Fiscal.
Hay un problema de seguridad ciudadana que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la Policía, que son los auxiliares de la Fiscalía. Entonces hay un problema en lo que tiene que ver con la fase administrativa procesal previa al proceso penal propiamente dicho. En ese sentido sí me parece correcto que el Poder Ejecutivo o desde la Presidencia de la República o desde la iniciativa del prosecretario de la Presidencia se pueda realizar o proponer una reunión y presidir también una comisión para discutir aspectos como la política criminal del Estado o abordar incluso aspectos específicos de la persona jurídica del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. Pero no en aspectos de lo que tiene que ver el proceso penal porque hay que dejar muy claro la separación de poderes y desde el Poder Ejecutivo existe una competencia que podría complicar un poquito lo que tiene que ver con la separación de poderes.
¿Qué rol juega en todo esto la Fiscalía General, en la que sigue una fiscal subrogante y sin designación de un titular a corto plazo?
Este es un problema de muchos años, pero nosotros, consultando el espíritu de la ley, ya que existen varias posiciones doctrinales con relación a esta confusión, digamos, un poco legal. Entonces desde mi punto de vista la solución ya fue planteada –incluso en diversas versiones taquigráficas cuando se discutió en 2015 la ley de la Fiscalía General de la Nación– y es que la elección del Fiscal de Corte tendría que ser como la del director general de la Fiscalía General de la Nación como Servicio Descentralizado.
¿Algo más que quiera agregar respecto a este tema? Porque ha hecho unas publicaciones muy intensas relacionadas con esto…
A mí lo que me une al derecho procesal penal es el estudio que realicé en la Universidad Católica en el año 2017 y continué porque, en definitiva, esto es algo que nos afecta a todos. Porque la implementación del sistema acusatorio, que es digamos un trasplante legal para decirlo de una forma más leve –porque la importación de leyes es también una forma de imposición de políticas públicas–, se trajeron los problemas que este sistema tenía inherentes. Y los problemas que causó justamente tienen que ver con la política criminal y con la política de seguridad ciudadana, algo que nos afecta a todos. Entonces creo que se debería realmente realizar una comisión como propone el prosecretario de la Presidencia para tratar estos temas específicamente, cómo resolver los problemas que tienen los cometidos la Fiscalía General de la Nación, como por ejemplo el diseño y ejecución de las políticas públicas de criminales, las políticas criminales del país.
¿Es necesario un Ministerio de Justicia?
Hay un problema conceptual con este tema, que es un problema estructural con relación a impartir justicia o a hacer justicia. Acá no existe un nuevo sistema de Justicia Penal. Lo que sí cambió fue el sistema acusatorio que se implementó en nuestro país. Porque la Justicia sigue siendo del Poder Judicial, o al menos es lo que se espera de una sentencia del tribunal, que haga justicia. Me parece que no sería adecuado un Ministerio de Justicia, porque sería como desjudicializar al Poder judicial, a la Justicia, digamos, a la jurisdicción penal. Es confundir a las personas, como sucede ahora que gran parte de la ciudadanía piensa que desde la Fiscalía se hace justicia. O que acá hay un sistema de justicia nuevo, cuando hay un sistema acusatorio nuevo. Es una cuestión de léxico, más que nada técnico. Pero la Justicia es lo que se espera del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia, con el que –creo– todos los partidos políticos, lamentablemente, están de acuerdo, no me parece una buena opción.
La población entiende que la situación ya es insostenible.
El código no solamente necesita ser reformado, sino que debería ser hecho nuevamente, porque no solo necesitan ser modificados algunos artículos del código, también tiene que ser modificada la estructura del código, que por mala técnica, digamos legislativa, se colocó la indagatoria criminal en el libro 2. Y esto es una equivocación, porque debemos defender la jurisdicción penal, que tiene que ver con el Poder Judicial en este caso, y por otro lado también en este momento, insólitamente, defender las competencias del Poder Legislativo, que es donde se discuten las leyes.
