El periodista e investigador argentino José D’Angelo presentó ante la Justicia de su país una denuncia penal por estafa contra un grupo de ciudadanos uruguayos que habrían cobrado irregularmente millonarias indemnizaciones por su detención en la época de la dictadura. “La República Argentina le ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay», dijo en entrevista a La Mañana.
En primer lugar, ¿qué fue lo que le llevó a comenzar esta investigación?
Los años ’70 han sido objeto de estudio desde hace muchos años. Yo sostengo que en Argentina se produjo una apropiación de la historia y de los derechos humanos por parte de las izquierdas que en esos años plantearon la guerra revolucionaria. En un pacto político posterior con la clase dirigente, en especial con los Kirchner, les fue entregado el manejo de la interpretación de la historia reciente de los argentinos y lo simbólico y no tan simbólico de los derechos humanos.
Esas izquierdas derrotadas en los ’70 manejan ingentes recursos y hay instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que son absolutamente herméticas. Eso me llevó a investigar los listados de víctimas de la represión ilegal del Estado y las indemnizaciones que recibieron.
Dentro de estas investigaciones usted ha escrito dos libros al respecto. En ellos habla de indemnizaciones fraudulentas. ¿Cómo llega a esta conclusión?
El juez Ariel Lijo, ante la denuncia que yo presenté, caratula la denuncia como estafa. Nadie puede negar en la Argentina la tragedia de los desaparecidos, pero eso no es una autorización para contar cualquier cosa con respecto a la década del 70, sino que estamos obligados a decir toda la verdad. Está en esto el pago irregular de las indemnizaciones a partir de las leyes que se dictaron durante el gobierno de Carlos Menem.
Y en esos pagos usted encuentra a un grupo de uruguayos.
Quiero aclarar que no hago hincapié en esta denuncia respecto a la militancia o no de estos ciudadanos uruguayos. Lo que obtengo del listado, que está en el Ministerio Público Fiscal de Argentina, son detalles de las peripecias que pasaron un grupo de unos 25 ciudadanos uruguayos que fueron detenidos en Argentina en julio de 1976, traslados al centro clandestino de detención automotores Orletti (donde están detenidos por algunos días) y a los pocos días son trasladados a Uruguay. Entonces me fijo en mis registros sobre los pagos por la ley de indemnización 24.043 de 1990. Esta señala que el Estado deberá pagar a aquel que hubiera estado detenido la treintava parte del sueldo más alto de la administración pública, por día detenido.
En un caso, un detenido uruguayo estuvo en Argentina, entre que lo detuvieron y lo enviaron a Uruguay, 10 días, por lo tanto, debería haber cobrado por la ley, por esos diez días, unos 50 mil pesos argentinos, a valores actuales. Pero el Estado le pagó más de 25 millones de pesos. Esto fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. En otro caso también estuvo diez días detenida y de acá se exilió en Suecia. El Estado le pagó 22 millones de pesos. ¿Por qué estas cifras? Se debe a que para los pagos se tomó también el tiempo que estuvieron detenidos en Uruguay y en algunos casos el tiempo de exilio, como en el último que mencioné. En otro caso estuvo detenido 11 días en Buenos Aires en julio de 1976 y fue enviado a una cárcel uruguaya donde permaneció en cautiverio hasta 1981. Estuvo 11 días en Argentina detenido y 5 años en Uruguay. El Estado le tendría que haber pagado los 11 días de detención en Argentina (unos 50 mil pesos), pero le paga 24 millones de pesos.
¿En qué basa la decisión para hacer estos pagos?
Acá en Argentina no existen causas judiciales para estos pagos, son decisiones administrativas. El pago lo ordena la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que ahora le pregunta el juez a esta Secretaría son los argumentos para efectuar estos pagos por esos montos. Lo que también me pregunto es si este grupo de personas tienen en Uruguay leyes reparatorias que los indemnicen porque, si la tienen, pueden haber cobrado dos veces por el mismo período de detención: o sea, haber cobrado en Uruguay por haber estado preso y también haber cobrado a Argentina por haber estado preso en Uruguay. A esto se agrega que aquellos que estuvieron detenidos, además de la indemnización, tienen el derecho de cobrar una pensión mensual por la ley reparatoria 26.913, que en Argentina son unos 70 mil pesos (233 dólares). O sea que estos ciudadanos uruguayos, además de cobrar las indemnizaciones multimillonarias, están en condiciones de también de estar cobrando esta pensión.
En los detalles sobre las cifras de las indemnizaciones a los uruguayos, existen como diferentes criterios tomando en cuenta el tiempo de detención y los montos. ¿A qué se debe esto?
Eso lo desconozco. Lo va a aclarar la Justicia.
¿Cómo sigue el proceso y qué puede pasar con estos ciudadanos uruguayos?
Estos ciudadanos uruguayos van a tener que dar explicaciones a la Justicia argentina respecto a por qué cobraron una indemnización que no les correspondía, ya que no pueden alegar desconocimiento de la ley. La ley dice que el Estado argentino debe pagar los días que estuvieron presos bajo jurisdicción argentina. Que le reclamen a Uruguay los días que estuvieron presos en Uruguay. Por lo tanto, en mi opinión cometieron un delito, porque cobraron plata que no tenían que haber cobrado.
No piensa que, si Argentina pagó algo que no tenía que haber pago, ¿el demandante no tendría la culpa?
Eso se lo tendrá que explicar al Juez y también tendrán que explicar los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, en qué concepto realizaron esos pagos. La ley es clara: páguese la treintava parte por la cantidad de días que estuvo detenido.
El periodista Álvaro Alfonso podrá acceder parcialmente a los “archivos Castiglioni”
El periodista Álvaro Alfonso tendrá acceso parcial a los denominados Archivos Castiglioni según lo dictaminó la juez Penal de 23 Turno, Dra. Isaura Tortora. Estos archivos estaban en cajas en poder del coronel retirado Elmar Castiglioni y se encontraron en su casa tras fallecer este en 2015. Castiglioni había sido subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. Las cajas contenían documentación de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID).
Alfonso había pedido acceder a dichos documentos, ya que está trabajando en dos libros, para los cuales necesitaba información que presume están en estos archivos. Pero la Justicia se lo negó en diferentes ocasiones. Como había informado La Mañana, en una comparecencia ante la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado, el periodista, junto a su abogado, el Dr. Carlos Bustamante, habían indicado que con la decisión de negar el acceso a los mencionados archivos se estaba “coartando la libertad de trabajo”. No obstante, la sentencia dictada ahora indica que no podrá acceder a todos los archivos, sino a partes de estos. Quedan fuera aquellos que se considere contengan “casos sensibles”.
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