Después del reciente caso de la confiscación de siete máscaras de madera de colección que estuvieron a punto de ser destruidas, han surgido objeciones por la “arbitrariedad” del marco legal sobre el ingreso de productos culturales al territorio uruguayo.
En la madrugada del sábado 4 de diciembre, cuando el economista y coleccionista uruguayo Claudio Rama intentó ingresar al país por el Aeropuerto de Carrasco, un funcionario del MGAP le confiscó siete máscaras de maderas procedentes de México que tenían como destino el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI).
La razón de la confiscación fue que las piezas estaban elaboradas en madera sin tratar, así como una pieza de cuero que no presentaba tratamiento tampoco. Se le brindó un acta a Rama que debió firmar en donde se indicaba que las máscaras serían retenidas en Barreras Sanitarias del MGAP y se ordenó, a su vez, la destrucción de las mismas.
El hecho llevó a que el economista le explique al funcionario del Ministerio que se trataban de elementos con más de 80 años de historia y que, antes de ser trasladados a Uruguay, pasaron ocho meses resguardados. Incluso, Rama ofreció coordinar el tratamiento correspondiente de las piezas, ya que por su rol de coleccionista conoce los procedimientos correspondientes y las técnicas.
“Se discutió con el funcionario a cargo que esa madera es muy vieja y que estuvieron ocho meses en cajas con cuidado. Dijo que él debía cuidar su empleo y llamó al respectivo subgerente, su superior. Pero esa persona dispuso seguir el procedimiento”, relató el entrevistado a La Mañana.
Comentó, además, que las piezas fueron confiscadas, y que pudo tomarles unas fotos cuando las embolsaron y no le habilitaron ninguna opción o amparo ante el hecho, por lo que considera que la norma no es constitucional. “Le dije al funcionario que me extrañaba que el marco institucional de Uruguay no estableciera el derecho de amparo, recurso, revocatorio o proceso administrativo”.
Fue entonces, a la mañana de ese mismo sábado, que Rama inició un proceso en busca de apoyo a través de redes sociales y contactos con distintas autoridades. Llegó al director del Aeropuerto de Carrasco, quien dialogó con el funcionario inicial del MGAP, llegando así al director de Ganadería, quien detuvo el proceso de destrucción.
En ese momento comenzaron las comunicaciones para que Rama pudiera recuperar las piezas históricas. Se le indicó que se les haría un tratamiento con sulfato de aluminio, acción que debía llevarla a cabo una empresa privada sugerida por el Ministerio. Tres días después el coleccionista recuperó sus máscaras en conjunto con un acta que notificaba que las mismas no tenían ningún tipo de infección.
La arbitrariedad de las decisiones
Rama describió los hechos vividos como “surreales” y los identificó en dos partes: “una es que haya tenido que recurrir a los medios y a las redes sociales para que me devuelvan las piezas, debido a que no hubo un sistema de protección o amparo. Y la otra es que cuando revisé el decreto y la norma en la que se avalan para retener las máscaras, noté una amplitud tan grande que, considero, pone a todos los ciudadanos que ingresen cualquier cosa en riesgo de que se las decomisen y destruyan”.
Ejemplificó que un cinturón de cuero podría ser retenido, así como zapatos del mismo material, por entenderse que no está tratado. “Una vez traje unos barbijos que compré en México y que no sé si tienen tratamiento. Es decir que deja librado al funcionario que decida, generando un escenario de riesgo enorme en términos de arbitrariedad”, agregó.
La norma es amplia y nombra a todas las cosas que tienen tejidos, maderas, artesanías, cualquier elemento de origen animal o vegetal, “y dice que esos elementos deben ser automáticamente confiscados o destruidos”, subrayó el coleccionista. Añadió que durante los días que duró el proceso de devolución de las máscaras escuchó “de muchos casos de personas a las que les han destruido sus materiales”.
Esta no es la primera vez que el entrevistado ingresa piezas históricas, en ocasiones anteriores fueron vistas por un técnico y pudo pasar con ellas. “El tema es que no hay derecho de amparo del ciudadano, es muy arbitrario el marco. El funcionario del MGAP repitió varias veces que tenía que cuidar su trabajo y ser rígido, por lo que no fue un análisis objetivo, sino que las acciones se dieron debido a su situación laboral”, reflexionó el coleccionista.
El director de Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey, le expresó a Rama que debería existir una norma que indique que los productos notoriamente culturales no puedan ser destruidos. “Incluso me dijo que estoy trayendo elementos patrimoniales al país en un momento en que se están yendo. Hace 30 años que estoy construyendo un museo, porque me gusta, lo hago sin beneficio económico”, explicó.
Las máscaras de Rama, como se dijo anteriormente, tienen unos 80 años, y cuando se hizo el análisis por parte del laboratorio, se verificó que se trata de piezas sin infecciones. “Al ciudadano se le pueden destruir las cosas sin ‘tu tía’, no hay defección a pesar de que se trate de elementos notoriamente patrimoniales y culturales”, aseguró el entrevistado.
“Es necesario cambiar la norma”
Durante las instancias de recuperación de las piezas actuaron diferentes funcionarios estatales, entre ellos el subsecretario de MGAP, Juan Ignacio Buffa, el ministro Fernando Mattos, más las tres personas que firmaron documentación en el aeropuerto y posteriormente.
También actuó el director de Patrimonio Cultural de la Nación, Rey, quien llamó a Rama durante el proceso de recuperación, así como el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que le dijo que era “una locura y llamó al ministro de Ganadería, quien resolvió que no se confiscara”.
El coleccionista relató que el director de Educación, Gonzalo Baroni, le explicó que se estaban trayendo a Uruguay unas piezas de leche especial para niños recién nacidos y, efectivamente, la leche se pudrió porque no dejaron ingresarla ni analizarla. “Es decir que tengo la impresión de que esto es un iceberg, debido a la cantidad de gente que me hizo comentarios de los que les ha pasado”, analizó.
A su vez, Rama relató que una funcionaria le dijo que los elementos decomisados se destrozan para que las personas no crean que se los roban. “No sé si esa destrucción tiene un aval legal, creo que hay miles de personas que han sufrido en el aeropuerto o en las aduanas estas cosas. Y que esto es resultado de una norma imprecisa que no da derechos y de funcionarios, que hay de todo”.
Considera que la norma debe ser cambiada, que debe haber mayor consideración y que la lista de productos que dice “artesanías” debe diferenciarse de un producto cultural. “Es necesario capacitar al personal, cambiar la norma, reglamentar excepcionalidades, que se determine en el momento si es un producto que puede ingresar. Más allá de mi circunstancia, creo que es un tema para seguir”, puntualizó.
TE PUEDE INTERESAR
