Tras los mayores incendios ocurridos en nuestro país, a fines del año pasado, los distintos actores involucrados reforzaron el plan de contingencia para la actual temporada estival que amenaza con altas temperaturas y pocas lluvias. El presidente de la Sociedad de Productores Forestales, Nelson Ledesma, conversó con La Mañana sobre los aspectos que se han mejorado, tanto en el equipamiento para la detección como en la coordinación interinstitucional.
A principios del verano pasado Uruguay sufrió los incendios forestales más grandes de su historia, con más de 22 mil hectáreas de terreno afectadas por el paso de las llamas.
Para evitar un acontecimiento de similares características, los diferentes actores involucrados en la prevención de incendios forestales intercambiaron sus experiencias en una Mesa de Análisis de Incendios Forestales y Quema a Cielo Abierto (MAIF), un espacio de trabajo interinstitucional que fue generado en el ámbito del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) a partir del decreto 436/007. Del grupo de trabajo participa la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca, Ambiente, Interior, de Defensa Nacional, Vivienda y Ordenamiento Territorial. otras dependencias del Estado como el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los actores privados nucleados en la Sociedad de Productores Forestales (SPF).
En la presentación del Plan Nacional de Prevención de Incendios forestales para la temporada 2022-2023, realizado a mediados de noviembre, se detallaron los avances y las principales medidas de acción que incluyeron la instalación de 20 cámaras de detección temprana de humo, cinco ubicadas en la zona este por parte de la DNB y 15 en la zona del litoral por parte de la SPF; que son monitoreadas por una central ubicada en el departamento de Durazno que fue inaugurada en diciembre de este año.
También se contará con la emisión diaria por parte de Inumet del índice de riesgo de incendios forestales medidos a través del Fire Weather Index (FWI), un índice que se basa en observaciones meteorológicas para estimar el peligro de incendios forestales, por diferentes términos que tienen en cuenta los efectos de la humedad de los materiales combustibles y del viento en el comportamiento y la propagación del fuego.
Por otra parte, se llevó a cabo la construcción y el mantenimiento de 12 cortafuegos en Rocha y cinco franjas de seguridad adyacentes a los cerros del Toro, Pan de Azúcar, en Maldonado; la incorporación de 250 bomberos zafrales y el apoyo con bomberos voluntarios; aviones de la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aero-agrícolas (Anepa); y la instalación de cinco destacamentos temporales en el este del país, ubicados en Punta del Diablo y La Esmeralda y La Barra, José Ignacio, Solanas y Punta del Este.
Sociedad de Productores Forestales detallaron los avances logrados
Nelson Ledesma, el presidente de la SPF, destacó en conversación con La Mañana que a pesar de los grandes incendios forestales del año pasado en Paysandú y Río Negro, “hay que reconocer que no se quemó ni una sola casa y que no hubo ni una persona herida”. “Obviamente eso habla también de que no está todo descontrolado y todo hecho al azar”, dijo. “Hay una organización, hay un ordenamiento y hay equipamiento e infraestructura para poder combatir”.
“Obviamente, no le saca la dimensión a lo que fue y el impacto que tuvo, y somos conscientes de la sensibilidad que eso tiene. No queremos que nos vuelva a pasar”, agregó.
Sobre lo sucedido el año pasado, explicó: “Obviamente nos sorprendió una condición del clima que no se había dado nunca. Con muchos días con temperaturas por encima de 38 grados, humedad relativa de menos de 20% (eso es raro) y vientos de más de 30 km/h”, detalló. Y además se dieron “dos fuegos simultáneos en la misma región, y con estas condiciones la velocidad de propagación fue exponencial y no nos dio el éxito de controlar el momento cero”, reconoció el presidente de la SPF.
Ledesma indicó: “Desde la SPF hemos tomado conciencia de que nosotros debemos ser quienes cuidemos el activo forestal y de la sociedad, porque bomberos tiene recursos escasos y tiene otras prioridades que es cuidar a la población de las ciudades”. Es por que este año el consorcio de empresas forestales invirtió casi US$ 4 millones remarcó Ledesma.
Auditorías externas
La SPF contrató a auditores internacionales para que analicen los incendios forestales del año pasado y determinen los aspectos perfectibles del sistema de prevención.
Según Ledesma, las conclusiones de las tres auditorias fueron iguales. En primer lugar, “vieron oportunidades de mejoras del sistema de detección y su velocidad”, dijo.
Ante esa observación, se instaló un nuevo sistema con 15 cámaras de detección que están montadas en torres, en el litoral, que funcionan con inteligencia artificial. Además, se reforzaron las torres de control ubicadas en Tacuarembó y Rivera.
“Esto mejora en la detección. Funciona con algoritmos de inteligencia que van identificando distintos tipos de humo, entonces empezás a descartar humos que corresponden a pasaje de camiones en caminería rural que levantan humo, que son falsas alarmas. Se empieza a generar todo un software que detecta lo que realmente sería humo proveniente de un foco de incendios”, explicó.
Otra observación de las auditorías fue la “necesidad de mejorar la coordinación”, indicó. En función de eso, Ledesma sostuvo que han trabajado estrechamente con el Sinae y con la DNB en la capacitación de las personas de las distintas comunidades. También “hemos capacitado, a través de la DNB, a 130 técnicos de las empresas en lo que se llama el sistema de comando de incidentes”, informó. Es un sistema internacional que se usa para coordinar eventos de catástrofes o de siniestros.
Con respecto a las recomendaciones que hacen los productores forestales, contestó: “Lo que insistimos en la interna es tener el mantenimiento de los cortafuegos en condiciones, que es un punto importante. La legislación uruguaya es bastante exigente en lo que tiene que ver con el distanciamiento de los cortafuegos internos y externos dentro del predio. Entonces, lo importante es tener en condiciones esos cortafuegos”.
Según explicó Ledesma, “las auditorías no han reparado mayormente en ese tema”. No solo eso, sino que “comparan a nivel internacional las exigencias en distancias y el tamaño de los rodales de Uruguay y lo ponen como un ejemplo”, destacó.
Proyecto de ley
Respecto al proyecto de ley impulsado por legisladores de Cabildo Abierto y el Frente Amplio que preveía nuevas acciones, medidas y facultades a la hora de la prevención de incendios forestales, Ledesma lamentó no haber sido invitados a concurrir a la discusión parlamentaria. “Nos llamó mucho la atención que no nos hayan citado en ningún momento y nos hayan escuchado, sabiendo que era un proyecto que afecta directamente, cualquiera sea la definición del mismo, al sector forestal”, señaló.
Sobre el contenido y las disposiciones del proyecto, en primer lugar, cree que no tiene sentido el carácter de urgente puesto, que, en realidad, “el proyecto no tiene ningún efecto sobre esta temporada… Porque tanto en las distancias de los centros poblados como en las correcciones de distancia, que están planteadas en el proyecto, de corta fuegos internos, son para replantaciones en el futuro o nuevas plantaciones”, explicó. Hizo énfasis en que “la ley no es retroactiva, entonces uno no puede salir a cortar todos los árboles para cumplir con la distancia que hoy se está planteando en el proyecto”, dijo.
También manifestó que le llamó la atención que el proyecto desconozca “los aportes que hizo la DNB, respecto a las distancias del cortafuego” y que “no se consideró tampoco un trabajo de surgió de un grupo interdisciplinario e interinstitucional que se trabajó durante cinco meses en lo que fue la definición de distancias entre los bosques y los centros poblados, donde participó el Ministerio de Ambiente, la DGF, la DNB y SPF, producto del acuerdo voluntario que hubo en enero pasado”, recordó. Resaltó que, en ese acuerdo, “la SPF voluntariamente comprometió el corte de varias hectáreas forestales para ampliar las fajas de distancia a los centros poblados, especialmente en la zona donde ocurrieron los incendios” el año pasado, indicó Ledesma.
“No nos oponemos a que se legisle; no nos oponemos a que nos controlen. Lo que sí nos parece que no está bien es que el proyecto tiene algunos errores técnicos que de alguna forma afectan la superficie que puede forestar un productor y no resuelven el problema”, cuestionó. Hizo hincapié en la relevancia de lo dicho por la DNB y por los expertos del exterior, de que “más que ampliar las distancias de los corta fuegos internos o perimetrales, lo importante es que esas distancias estén limpias de malezas y de material combustible que propague… Ese es el énfasis que hay que dar”, indicó.
“Nos enfrentamos a un conflicto claro: el interés económico de las forestales y por otro lado la seguridad de la población”
Consultado por La Mañana, el representante frenteamplista, Ubaldo Aita, manifestó que “no se puede decir que nosotros no hayamos tomado alguna de las recomendaciones”.
Aseveró que fueron tenidos en cuenta algunos de los planteos realizados por la Dirección Nacional de Bomberos y de la Dirección General Forestal.
“Excepcionamos la distancia de los 500 metros a las zonas urbanas y suburbanas determinadas por las disposiciones de ordenamiento territorial de los departamentos”, explicó. Allí “se excepcionó el sistema de silvopastoreo de esa distancia y también se excepcionó la producción de madera de calidad, que con el raleo termina con una densidad mucho menor en los bosques”, detalló Aita.
“También tomamos alguna otra recomendación que tenía que ver con las distancias a las poblaciones en el medio rural. Se estableció la excepción de montes de hasta 40 hectáreas”.
El diputado aseguró que todas las delegaciones interesadas fueron recibidas en el Parlamento y acreditó que el presidente de la SPF concurrió a la comisión del Senado el 21 de diciembre.
“Nosotros nos enfrentamos a un conflicto claro: el interés económico de las forestales y por otro lado la seguridad de la población; y en ese sentido uno establece una definición que es de tipo política y nuestra opción es clara”, expresó el legislador.
Aita dijo que la idea era “comenzar a trabajar lo antes posible algunas medidas que contiene el proyecto de ley”.
“Nosotros hacemos un mea culpa de que tendríamos que haber tratado con mayor urgencia el proyecto porque yo creo que se podría haber ido instrumentando alguna de las medidas, más allá de los períodos de transición necesarios que hay que respetar”.
Por ejemplo, la instrucción a los vecinos por parte de los bomberos, son medidas que se pueden ir instrumentando”, afirmó el diputado.
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