La situación del sistema carcelario en Uruguay es crítica y requiere cambios para cumplir el artículo 26 de la Constitución, que indica que, además de que a nadie se le aplicará la pena de muerte, “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
El informe anual sobre la situación del sistema carcelario y de medidas alternativas, realizado por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, fue presentado en el Parlamento y ante los candidatos a la Presidencia. Consta de 288 páginas y examina no solo la situación en general, sino también de cada establecimiento carcelario y los diferentes gastos.
Uruguay tuvo en 2023 una tasa de prisionización de 435 personas presas cada 100 mil habitantes. Esto representa un récord nacional, que ha continuado aumentando en 2024. A nivel internacional, Uruguay está entre los 10 lugares del mundo de mayor prisionización por cantidad habitantes y en el primer lugar en América del Sur. La mayor prisionización a nivel global está en El Salvador con 1000 cada 100 mil habitantes, seguido por Cuba (794) y en un tercer lugar Ruanda (637). Esta tabla, realizada por el Instituto de Investigación en Política Criminal de la Universidad de Londres, tiene otro detalle interesante: Estados Unidos está por encima de Uruguay con 531 detenidos cada 100 mil habitantes y ocupa la sexta posición en el ranking global.
El promedio anual de detenidos en Uruguay se ha triplicado en los últimos 14 años. Pasó de 8324 en 2009 a un promedio de 14.968 en 2023. Este crecimiento ha sido constante, y en la última década solo bajó en 2017-2018 de 11 mil a 10 mil por el nuevo Código del Proceso Penal, que aumentó las penas alternativas. Pero continúa subiendo a un promedio de casi 1000 personas por año. En 2023, si bien el promedio se ubicó en 14.968, el año cerró (diciembre) con 15.407 personas privadas de libertad según el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Al analizar 2023, los egresos fueron 9931 y los ingresos 10.850. Esos ingresos son en muchos casos reincidentes. El crecimiento global de la población privada de libertad en 2023 en relación con 2022 fue de 3,9%. Sin embargo, este crecimiento esconde un comportamiento muy diferencial en términos de género. Mientras que en la población masculina fue, en promedio, de 3,7%, la femenina se ubicó en 6,9%. En el año 2018 las mujeres representaban el 4,6% de la población privada de libertad y sobre mediados de 2024 se estimaban en 8%.
Para diciembre de 2023, la cantidad de hombres presos alcanzaba 14.250 y las mujeres era 1157. El 40% de las personas presas (unas 7500) tiene penas menores a dos años y el 10% (1.500) penas menores a un año.
Cárceles repletas de jóvenes
La población carcelaria es esencialmente joven. El 45% (6750) es menor de 30 años. De ese total, unos 3000 tienen entre 20 y 24 años, y 3750 entre 25 y 29 años.
Sobre las denominadas “plazas disponibles de reclusión”, el comisionado parlamentario señala que no se puede estimar a ciencia cierta cuántas son, pero indica que “la situación de hacinamiento general en el 2023 ha empeorado dos puntos porcentuales respecto al año anterior, superando el 120% de la capacidad nominal”.
La densidad promedio masculina medida con plazas nominales representa a 118 reclusos por cada 100 plazas y en el caso femenino hay en promedio 146 mujeres privadas de libertad por cada 100 lugares. Esto en un marco de situaciones totalmente dispares, “con unidades y módulos en los que la situación es especialmente crítica, y otras en las que se aloja a mucha menos población de lo que indicarían sus posibilidades”, aunque la situación es de hacinamiento crítico en la mayoría de los establecimientos. Por ejemplo, el Centro de Ingreso está a un 171% de su capacidad y la Cárcel de Mujeres (Unidad 5) en 128%. Otras situaciones muy problemáticas se observan en Santiago Vázquez con 128% y la cárcel de Canelones (125%). Estas dos últimas tienen 1250 personas más que lo que indicaría su capacidad nominal. En el extremo opuesto se encuentran las Unidades 10 (Juan Soler) con 54%, la Unidad 25 (Módulo 12 del Comcar) con 48% y la Chacra de Libertad con 41%.
En el informe hay un hecho que se destaca. En la zona metropolitana se contaron en el 2023 más de 700 plazas nominales sin ocupación y se estimaba a mediados de 2024 que el hacinamiento crítico continúa y las plazas nominales libres son más de 1000. Las posibilidades son dos: que haya una sobreestimación de plazas disponibles o, por las características de los prisioneros, exista hacinamiento y a la vez otros centros con lugares disponibles.
En el interior hay 11 unidades en situación de hacinamiento crítico, “y se destacan como particularmente preocupantes” los casos Artigas (189%), Paysandú (182%), Durazno (171%) y Salto (170%).
Gasto de 187 millones de dólares por año
El gasto por cada preso en Uruguay se estimó en 42 mil pesos por mes (unos mil dólares o 12 mil dólares al año). Esto incluye los presupuestos tanto del mantenimiento de cárceles, reformas, construcción, así como los servicios de salud, alimentación, educación, etcétera. El gasto ha disminuido, habiendo alcanzado en 2018 los 59 mil pesos por cada detenido. Esto se debe a que si bien el gasto general se ha mantenido constante desde 2018 a la fecha (unos 187 millones de dólares por año), se ha incrementado el número de personas privadas de libertad. El gasto diario de alimentación por persona privada de libertad se calcula en $ 88. El informe indica al respecto “es impactante cómo desde 2015 venimos reportando situaciones que no logran mejorarse y que están por debajo de los estándares mínimos esperables para un país del nivel de desarrollo de Uruguay. Ejemplos de esto son la pésima calidad de alimentación en varias unidades penitenciarias, en particular Comcar, Libertad, Canelones y Maldonado”, o sea más de la mitad de la población carcelaria.
Condiciones de reclusión
Petit también hace una clasificación sobre los tipos de reclusión. En el capítulo “Panorama de las condiciones de rehabilitación del sistema penitenciario según cantidad de población en el 2023”. Estima que en el 43% de los centros hay “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, en el 40% “insuficientes condiciones para la integración social” y solo en 17% “oportunidades de integración social”. Dentro de un mismo establecimiento hay situaciones diferentes y pueden estar en un extremo u otro. Entre los que hay oportunidades de integración social, están la Chacra Libertad (parcialmente), los Módulos 7, 9 y Pre-Egreso del Comcar, Punta de Rieles, Unidad 9 (Mujeres con hijos) y algunas unidades el interior.
Las situaciones se han degradado con el incremento de la población carcelaria. En 2016, “tratos crueles, inhumanos o degradantes” había en 33% de las cárceles y ahora llega a 43%, y en “oportunidades de integración social” bajó de 26% a 17%. Si bien los tratos crueles están en constante crecimiento, en 2021 las oportunidades de integración social estaban en 10% y ahora pasan a 17%. En resumen, a partir de 2022 se verifica un proceso por el cual algunas unidades, tras la pandemia, volvieron a recuperar su valoración con oportunidades de integración social, al mismo tiempo en que crece de manera continua el volumen de la población dentro de las unidades y sectores con tratos crueles inhumanos o degradantes. Se estima que, para terminar con el hacinamiento, hoy faltan unos 3000 cupos, o sea unas seis cárceles de 500 personas.
Muertes bajo custodia
En 2023 hubo 51 muertes bajo custodia, nueve más que el año anterior. Representa el tercer año con más cantidad de muertes desde que se tiene registro, luego de 2021 con 86 y 2010 con 53. Los decesos ocurridos en 2023 se corresponden a 17 homicidios, 13 suicidios, 2 muertes accidentales y 19 no violentas. Treinta de las 51 muertes se dieron en Santiago Vázquez y Libertad. Si bien son grandes unidades, que alojan al 39% de la población del sistema, ocurrieron en ellas el 59% de las muertes. En Libertad, que aloja menos del 8% de la población privada de libertad, ocurrieron el 22% de las muertes de 2023.
Por otra parte, se examinaron casos de suicidios “con evidencia de falla asistencial o negligencia institucional”, señala el informe. Por ejemplo, W. B., 27 años, cursaba un cuadro depresivo y se infirió una lesión por arma blanca en el tórax. “Se trataba de una persona privada de libertad de alto riesgo bien conocido por el sistema. Pese a ello, el paciente logró concretar una sucesión de atentados contra su integridad física hasta consumar el suicidio”, señala el dictamen. M. E. F., 40 años, y según los testimonios recabados, “requería medicación que no se le estaba administrando, por lo que se descompensó y provocó el incendio del lugar donde estaba. Fue encontrada muerta en el baño”. Y. S, 49 años, se suicidó por ahorcamiento dentro de las 24 horas del ingreso. Estaba imputado de un delito de abuso sexual y “no surge de la documentación que se le hubiera realizado la valoración de salud mental y riesgo suicida”.
E. B., 47 años, presentaba antecedentes de múltiples autoagresiones, algunas con ingestión de cuerpos extraños. El día previo a la muerte tuvo una consulta por dolor abdominal, por lo que recibió tratamiento sintomático y psicofármacos. Según la Policía “le suministraron pastillas psicofármacos y él mismo las ingirió todas”. Al día siguiente fue trasladado al sector médico con paro cardíaco. La autopsia evidenció “shock séptico, peritonitis fecaloidea, perforación intestinal por cuerpo extraño” (un cepillo de dientes).
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