El pasado jueves 18 de marzo el Parlamento aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece una serie de medidas relativas a mitigar el impacto económico de la pandemia por covid-19, especialmente, en las micro y pequeñas empresas. Desde Cambadu aseguran que se basó en un esquema similar al utilizado en 2002 aunque advierten que algunos sectores “quedaron afuera”.
Poner el foco en el apoyo a las micro y pequeñas empresas, por ser el motor de la economía nacional y generar la mayor parte de los puestos de trabajo del país -al igual que las medianas-. Ese es uno de los principales fundamentos de la ley aprobada recientemente en el Parlamento.
En conjunto, estas empresas aportan el 40% del Producto Interno Bruto (PBI) de Uruguay y el 77% de sus exportaciones, y las que tienen entre uno y nueve empleados representan el 95% de las unidades productivas del país y reúnen de 60% a 65% de la mano de obra privada.
Con el nuevo paquete de medidas desde el gobierno se procura seguir el camino comenzado en marzo de 2020 e incluso dar un paso más, para que estas empresas puedan sobrellevar y afrontar el contexto de dificultades. También apunta a facilitar el proceso de formalización de estas empresas y comercios, de manera que cuenten con todos los beneficios legales que las amparan.
La ley prevé una caída de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) a causa de las nuevas medidas, así como la generada por otras medidas que busquen mitigar el impacto económico de la pandemia. Estas serán financiadas por el Fondo Solidario covid-19.
Consultado por La Mañana, Antonio Ameijenda, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservistas y afines del Uruguay (Cambadu), aseguró que parte del proyecto aprobado se basa en un documento que presentó la gremial en agosto de 2020, tanto al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, como a la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Daniela Barindelli. En ese entonces, el proyecto buscaba poner sobre la mesa planes de refinanciación de deudas con el BPS y DGI para las pymes.
“El proyecto tiene otros elementos que se le fueron agregando, pero la base es nuestra”, explicó el entrevistado. Dijo que el primer documento fue utilizado en 2002, Cambadu lo retomó y le hizo modificaciones. Luego de demora en la respuesta por parte del actual ejecutivo y tras el reclamo de los partidos socios de la coalición e incluso de la oposición, el gobierno avanzó en la aplicación de aquellas medidas. “Estamos conformes con la aplicación, pero vemos que algunos sectores quedaron por fuera”, remarcó.
Aunque se trató de contemplar empresas de hasta cierto número de empleados y montos de facturación, Ameijenda sostuvo que “faltó un poco porque quedan afuera algunos negocios que fueron muy perjudicados con la pandemia y no van a poder restablecerse. Quienes tienen más número de personal del que contempla la ley, también son fuentes de trabajo que deben reactivarse para que los empleados no queden afuera”.
“Las empresas que quedan en el clearing suelen no tener vuelta atrás”
El presidente de Cambadu destacó que se ve con agrado el proyecto porque cumple con fines de interés y contempla a gran parte de los comerciantes. Destacó que, en agosto de 2020, cuando se presentaron con su proyecto frente al MTSS y la DGI, las autoridades estaban de acuerdo con lo establecido. “Nos comentaron que luego de que las empresas quedan en el clearing, suelen no tener vuelta atrás. Y nuestra idea era que pudieran refinanciarse y seguir funcionando formalmente, sin ejecuciones ni multas, pero sí con los recargos pertinentes, razonablemente”.
Ameijenda indicó que el proyecto original tuvo varias modificaciones para ser aprobado, “además quedan fuera del alcance del proyecto varios comercios que se han visto muy afectados, por eso esperamos que se pueda ampliar”. En ese sentido, el entrevistado dijo que, de forma permanente, Cambadu está presentando soluciones a problemas que surgen, y parte de estas soluciones fueron contempladas en el proyecto, como seguros parciales o descuentos especiales. “Hubo patrones que quedaron sin seguro social por tener adeudos en el BPS y los certificados se liberaron, no se produjeron ejecuciones, se han postergado”, señaló.
El entrevistado dijo que es necesario contemplar a los comerciantes que están trabajando poco y nada, principalmente los vinculados a la parte turística y otros con baja facturación que están acumulando deudas. “Vemos que está largo el tema, no se avizora una pronta recuperación de esto, va a llevar un tiempo porque quienes viven del turismo de la frontera están con muchos problemas de un lado y del otro”, sostuvo.
Indicó que la situación se va viendo momento a momento y que no es posible anticipar nada, “se trata de algo nuevo y que no sabemos cuándo terminará. Pero vemos con buenos ojos que la gente se vacune y empecemos a trabajar con más tranquilidad mientras nos cuidamos, así podremos recomponer medianamente el país”, puntualizó Ameijenda.
Medidas contemplan baja de facturación
Entre las medidas que contempla el proyecto aprobado están las exoneraciones -de enero a junio de 2021- para micro y pequeñas empresas de Industria y Comercio. Se trata del 50% de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social de empresas que en el último ejercicio (previo a la aprobación de la ley) hayan facturado menos de UI 10 millones y tenido, durante el 2020, un máximo de 19 empleados.
Se establece la exoneración del 50% de los aportes patronales jubilatorios entre el 1° de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, para aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad que se vieron fuertemente afectados por la interrupción de actividades debido a la emergencia sanitaria, que no se encuentren comprendidas en el artículo 1 de la ley. En este caso, no se considera el número de empleados ni la facturación, y entran en juego servicios de transporte, de eventos, congresos, hoteleros, entre otros.
Se prevé la aportación gradual de nuevos monotributistas que hayan iniciado actividades el 1° de enero de 2021. Con el 25% los primeros 12 meses, el 50% los segundos 12 meses y el 100% a partir de los terceros 12 meses.
También se establecieron medidas y facilidades de pago en BPS para estas empresas, con el mismo régimen dispuesto que para el monotributo social Mides: cuando tengan dos meses de atrasos en los pagos, el BPS deberá suspender automáticamente su registro y la empresa podrá darlo de alta cuando lo estime conveniente, evitando que se generen deudas excesivas que resulten una carga pesada y dificultad para su viabilidad.
Se facultó al BPS a otorgar facilidades de pago en los aportes de empleados dependientes, incluyendo los aportes al Fonasa, con deudas desde el 1° de mayo de 2018 a la fecha. La deuda se podrá pagar hasta en 72 cuotas mensuales, con un interés del 2% anual, o en 60 cuotas mensuales con una gracia de 12 meses en el pago.
También, se le permitió al BPS brindar facilidades de pago a los monotributistas que tengan deuda en los aportes del titular, sin importar la fecha en que se generó. El pago se podrá realizar hasta en 72 cuotas, con un interés anual del 2%, sin multas y sin recargos.
Por otra parte, se exonera del pago de IRAE mínimo a las empresas de industria y comercio que en último ejercicio facturaron menos de UI 915 mil ($4.378.000 aproximadamente), por el período de enero de 2021 a junio de 2021. Al mismo tiempo, se amplía la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para aumentar el porcentaje máximo de abatimiento del Impuesto al Patrimonio generado en el ejercicio (hasta el 50%). Se establece la posibilidad de disminuir el porcentaje en forma general, o disponer excepciones.
Se prevén también facilidades para refinanciar deudas con DGI, facultando al Poder Ejecutivo de otorgar la posibilidad a cualquier tipo de empresa a refinanciar su deuda con la DGI, cuyo plazo de pago sea hasta el 28 de febrero de 2021. Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá incluir dentro de este régimen de facilidades las obligaciones tributarias vencidas entre el 1° de marzo y la fecha de finalización de la declaración de emergencia sanitaria, pudiendo considerar la naturaleza de la actividad, la caída en el nivel de ingresos y otros índices.
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