El programa Liberados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) busca reducir la reincidencia delictiva facilitando la inserción laboral de exreclusos. Fue pensado desde los valores cristianos y trabaja en alianza con actores públicos y privados, según dijo a La Mañana su coordinador, Eduardo Ottonelli. El empresario explicó que este proyecto promueve segundas oportunidades para aquellos que han cometido errores y terminan en la cárcel, pero quieren dar un nuevo rumbo a sus vidas.
¿Cómo surgió el proyecto Liberados de ACDE y en qué consiste?
El proyecto Liberados de ACDE se enraíza en los valores cristianos y humanos de la asociación, a partir de la dolorosa realidad nacional de nuestra población carcelaria y los liberados del sistema carcelario. Uruguay es uno de los países del mundo con más personas privadas de libertad per cápita, fruto de penas exigentes y de una policía muy eficiente en el combate del delito y aclaración de los crímenes que se cometen. Lo que a veces nos olvidamos es que toda persona privada de libertad cumple su condena y sale. Y allí lo que es terrible es el alto nivel de reincidencia que tenemos: casi 70% de los liberados vuelve a la cárcel en los primeros tres años. Más de 9000 personas recuperan su libertad cada año, unas 30 por día, y ¿cuál es su perspectiva? Los que quieren cambiar el rumbo de su vida, ¿tienen opciones para trabajar y reinsertarse laboralmente? Son pocas.
Liberados es una manifestación concreta de nuestra creencia en segundas oportunidades. Trabajamos para hacer posible la inclusión de quienes quieren redimirse de sus errores. En ACDE reconocemos plenamente nuestra responsabilidad como empresarios y líderes de empresas, y es precisamente por este compromiso que abrazamos el desafío de abordar este tema. Lo que ACDE hace es colaborar con la generación de procesos de reinserción sostenible de los liberados mediante la participación del sector público y el privado. Nuestro rol principal es sensibilizar a las empresas a que den oportunidades laborales a personas que estuvieron privadas de libertad. Buscamos romper la puerta giratoria invisible que hay en los establecimientos carcelarios y que quienes quieren cambiar tengan oportunidades. Y el trabajo es imprescindible para el sustento personal y familiar y la dignidad de la persona.
¿Cómo ha sido la respuesta de los beneficiarios de esta iniciativa?
Los privados de libertad y los liberados tienen la esperanza de conseguir trabajo. En general se involucran y se esfuerzan en formarse para integrarse al mercado laboral. Tenemos una asociación estratégica con la empresa Manpower para la capacitación de personas liberadas o privadas de libertad. Desde hace más de un año realizamos cursos en el Comcar de Santiago Vázquez y este mes estamos comenzando en la Unidad 6 de Punta de Rieles.
¿Cuál es la importancia de trabajar en políticas de egreso como esta, que apunten a la reinserción laboral de los privados de libertad?
El foco es la capacitación en habilidades blandas que permitan mejorar la empleabilidad. Hay que tener en cuenta que es una población que tiene baja cultura e historia de trabajo y que, salvo excepciones, la reclusión no ayuda.
¿Cuáles son los efectos que se esperan de un programa de este tipo? ¿Se ha visto un impacto en la reincidencia, por ejemplo?
El objetivo es bajar la reincidencia. Si bien nosotros no tenemos una cantidad aún para hacer una evaluación estadísticamente significativa, puedo asegurar que somos testigos de historias personales de cambio cuando se abren oportunidades. Cada día nuevas empresas se abren a contratar personas liberadas y en general tienen excelentes resultados. Nosotros estamos dispuestos a desafiar y cambiar prejuicios arraigados en nuestra sociedad, reemplazándolos con oportunidades genuinas para aquellos que han cometido errores en el pasado. Nos proponemos construir puentes y crear un entorno donde la inclusión y la equidad sean los cimientos sobre los cuales edificamos un Uruguay más justo y solidario.
La exsenadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, en el quinquenio anterior trabajó en el tema de la inserción laboral de los exreclusos, y al finalizar el período se aprobó una modificación presentada por ella a la Ley de Promoción del Empleo, con el objetivo de incluir a personas de 30 a 44 años liberadas del sistema penitenciario, otorgando a sus empleadores un subsidio del 80% del salario. ¿Cómo vio esta medida?
Es una medida excelente. Antes había beneficios que excluían a las personas de ese rango etario y en nuestra experiencia, si bien hay muchos jóvenes menores de 30 años privados de libertad, muchas veces los que hacen un “clic” y quieren cambiar son mayores de 30. La realidad es que la motivación para contratar a esta población no es la económica, sino que el empresario que lo hace está movido por la voluntad de generar un cambio positivo en la sociedad, pero sin dudas es una ayuda.
¿Este programa está dirigido a todos los presos, sin importar qué delito hayan cometido, o hay alguna excepción?
Nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación del delito cometido. Porque, en definitiva, independientemente de cuál haya sido el delito, cuando salen es porque ya cumplieron su condena, y salvo limitaciones naturales que tienen algunos delitos para hacer determinados trabajos –eso lo impone la ley–, no hacemos distinción. Quien está liberado es porque ya cumplió lo que la sociedad a través de la justicia resolvió que tenía que cumplir.
¿En qué rubros suelen trabajar?
Son rubros muy variados. Obviamente que sabemos que el nivel educativo de la población privada de libertad es bajo y entonces, en general, hay algunos rubros en los que tienen más experiencia, por ejemplo, la construcción. Hay muchas personas que están preparadas y han trabajado en construcción. También hay operarios de fábricas, hay trabajos administrativos, o sea, es una variedad muy grande. Hay empresas de la construcción como Teyma o Ingener que ya han tenido muchísimas experiencias y excelentes resultados en la contratación de personal liberado.
¿Cómo es el funcionamiento? ¿Ustedes buscan empresas interesadas?
Lo que ACDE hace es contactar a empresas a través de su red, les presenta este programa y busca convencerlas de que se abran a contratar liberados. Cuando una empresa está abierta, ahí empezamos a trabajar en general con Manpower, que tiene una base de datos importante a partir de los programas que se han llevado adelante, y se presentan, de acuerdo con la necesidad de la empresa y el tipo de puesto, uno o varios candidatos para que contraten. Una vez que la persona empieza a trabajar, también hay una cosa importante que es el trabajo de los voluntarios. Nosotros tenemos una cantidad de voluntarios en ACDE que están interesados en acompañar a estas personas. Ese acompañamiento puede ser desde que sale de la cárcel o como mínimo desde el momento en que empieza a trabajar. Es una persona que pone su oreja, su escucha, para estar al lado del liberado, y a su vez está en contacto con un referente de la empresa por cualquier dificultad o desvío que pueda surgir.
¿Los voluntarios tienen que ser de las empresas en las que los liberados van a trabajar, o no necesariamente?
No, son voluntarios que llegan de distintos lugares, de diferentes empresas. Tenemos bancos que tienen programas de voluntariado, también empresas públicas, y se han acercado a trabajar con nosotros. En ACDE estamos abiertos a recibir gente como voluntaria que quiera trabajar con esta población.
Si hay una persona interesada en ser voluntaria, ¿cómo puede hacer para acercarse?
Se puede contactar a través de las redes sociales de ACDE, Facebook, Instagram, o en nuestra página web. Si hay alguien interesado en hacer voluntariado en este programa, se lo contacta y empezamos a trabajar.
¿Se prevé implementar el programa en otras cárceles?
Nosotros ya tenemos un año y pico trabajando en el Comcar, ahora comenzamos en Punta de Rieles, y a medida que vayamos teniendo posibilidades la idea es incrementar el trabajo. Ya estamos en contacto con las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con la directora Ana Juanche, y vamos a trabajar en conjunto. Una de las posibilidades es, a medida que tengamos voluntarios –porque esto se hace en base al trabajo de voluntarios–, ampliar el trabajo a otras unidades penitenciarias.
¿Qué opinión tiene sobre la propuesta que se ha hecho en varias oportunidades por distintos sectores del sistema político de que debería ser obligatorio el trabajo en las cárceles?
Yo no sé si el problema es que sea obligatorio. El problema es que hoy realmente hay pocas oportunidades de trabajo. Sí estoy convencido de que hay que aumentar las oportunidades de trabajo en la cárcel. No todo el que quiere trabajar puede trabajar, entonces hay que incentivar eso. O sea, el trabajo es una cosa importante en la vida del individuo, que dignifica. La verdad es que muchas personas que han caído presas tienen en la cárcel su primera experiencia laboral. Me consta que en el polo industrial del Comcar, donde se hacen trabajos de herrería, de carpintería, de aluminio, mucha gente tiene su primera experiencia laboral, y en muchos casos salen con un oficio que antes no tenían. Es buenísimo tener posibilidades de que los privados de libertad trabajen. Hacerlo obligatorio puede ser un camino, pero todavía hay gente que está dispuesta a trabajar a la que no se le ofrecen las posibilidades.
¿Qué mensaje les daría a esos empresarios que son un poco más reticentes a contratar personas que tengan antecedentes penales?
Nuestro pensamiento es que esto hay que hacerlo por misericordia, por ayudar a las personas, o también, lo dijo el presidente Lacalle en su momento, puede ser por egoísmo, porque la persona que sale y que no encuentra una oportunidad vuelve a reincidir y puede ser un delincuente que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nos crucemos en la calle cuando vuelva a delinquir. Entonces, en la medida en que damos oportunidades, estamos ayudando a eliminar delincuentes, a darle una oportunidad a esa persona para que cambie.
“La cárcel se transformó en parte del problema de la inseguridad y no en la solución”, afirmaron a La Mañana los integrantes del sindicato de funcionarios penitenciarios Sandra Pereira y Julio Boffano. ¿Qué lectura hace al respecto?
Estoy parcialmente de acuerdo con eso, porque si bien el sistema carcelario tiene una cantidad de dramas, la sociedad requería y reclamaba claramente una mayor severidad en la respuesta policial. Y hay, sí, un poco más de penas, pero en realidad las penas en Uruguay no son lo especialmente grave. Lo que también se da es que la policía fue muy eficiente en el período pasado y en realidad puso a muchos delincuentes bajo rejas. Es verdad que faltarían más medidas sustitutivas y eso es un debe, pero la eficiencia policial no se puede negar, y el apoyo que recibió el instituto policial tampoco. Por otro lado, las unidades penitenciarias de Uruguay que dependen del INR son muy variadas. Hay algunas que están realmente muy bien, otras con carencias y muy sobrepobladas, excediendo la capacidad para la cual fueron hechas. Lo que pasa es que el aumento de la población carcelaria fue enorme.
De todas formas, la parte positiva es que se han hecho proyectos, por un lado, para aumentar la capacidad carcelaria, hay varios proyectos en curso, y también hubo algunas medidas relevantes en términos de mejorar la atención de las personas liberadas. La Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, y eso está funcionando muy bien. Y con respecto al sistema carcelario, el gobierno anterior impulsó la creación del “libro blanco del sistema penitenciario”, donde están esbozadas las políticas que hay que llevar adelante para mejorar el sistema. Creo que eso no es una opinión solo del gobierno anterior, sino que el actual gobierno también ha coincidido en que es lo que hay que llevar adelante para mejorar la situación de la cárcel.
