La idea es construir tres complejos carcelarios del mismo tenor y envergadura de los de Rivera. Por su parte, el ministro Martín Lema argumentó que las acciones relacionadas a la reinserción del liberado van a ser “mucho más eficientes” con el Mides debido a que el 54% de las personas que están en situación de calle estuvieron privadas de la libertad en algún momento.
La noticia de que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) pasará a ser gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue anunciada por el ministro Martín Lema a través de sus redes sociales: “Junto con el ministro Luis Alberto Heber vamos a promover en el proyecto de Rendición de Cuentas que Dirección Nacional de Apoyo al Liberado se traslade del Ministerio del Interior al Mides. Esta iniciativa fortalece el trabajo conjunto para una mayor inserción social”.
Esta decisión va en línea con las recomendaciones realizadas por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien había sugerido la conveniencia de que Dinali cambiara de cartera para una mejor gestión.
El jueves pasado, en la comisión que discute el proyecto de Rendición de Cuentas, Lema presentó el aditivo para que el traspaso se incluya en esta instancia legislativa. Expresó que luego de varias reuniones con el ministro del Interior, decidieron dar este paso “muy importante”, porque “tiene que ver con dar mayor apoyo social y seguimiento cuando la persona recupera la libertad”, aseveró.
“Si tomamos en cuenta los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, vemos que el 54 % de las personas en situación de calle estuvieron privadas de libertad alguna vez”, explicó el titular del Mides. “Esto habla también de que es una puerta giratoria; cuando las personas recuperan la libertad muchas veces terminan encontrándose en situación de calle. Por lo tanto, ya que son personas a las que, tarde o temprano, el Ministerio de Desarrollo Social debe brindarles ese amparo, es mejor tomar contacto con ellas cuanto antes”, argumentó Lema.
Por este motivo, luego de los intercambios entre los equipos técnicos y los propios ministros, se decidió dar este paso entendiendo que “la focalización de las acciones va a ser mucho más eficiente estando en la órbita del Mides”, dijo Lema.
El día anterior, en la misma comisión parlamentaria, el ministro del Interior manifestó que el Gobierno tomó la decisión del traspaso de la Dinali tras una iniciativa que nació del ministro Lema. “Para nosotros es muy importante aprovechar el material humano y la experiencia de los funcionarios del Mides a efectos de darle apoyatura a la labor tan importante que tiene la Dinali en nuestra sociedad”. En ese sentido se destacó la labor que viene desarrollando el Mides en la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar) en un trabajo que está enfocado al egreso de las personas, que es coordinado por la Dirección de Gestión Territorial.
Además, el ministro del Interior anunció que se trabaja en poder “generar algún beneficio fiscal para aquellas empresas que tomen personas liberadas que pretenden reinsertarse en la sociedad, dándoles la posibilidad de tener un trabajo”. Vale mencionar que existe legislación vigente que promociona estas acciones, pero por diferentes motivos tenido escasa aplicación en la práctica.
Heber apuntó a “la necesidad de apoyar al sistema carcelario”. Señaló que el ministerio tiene dos funciones muy importantes: “Tenemos la necesidad de combatir la delincuencia en sus formas modernas y cada vez más especializadas y, también, la difícil tarea de reeducar, reinsertar y devolver a la sociedad a un ciudadano que realmente pueda integrarse y no se sienta excluido de ella”. Para esta función volvió a mencionar que “debería haber un ministerio de justicia que se ocupara, entre otras cosas, de la labor educativa de reinserción social”.
El ministro hizo hincapié en que entre los grandes roles que tiene el Ministerio del Interior “hay uno que repercute en otro”. “El éxito que se ha tenido en el combate al delito y en dar más seguridad a la población tiene como contracara una situación de hacinamiento, que se venía dando ya de antes, pero que se ha recrudecido en función de que tenemos 2.000 presos más en nuestro sistema carcelario”, indicó Heber.
Sostuvo que “esta situación, requiere de una acción inmediata, pronta y contundente del Estado”. Si bien no ahondó en detalles –ya que este martes 28 (al cierre de esta edición) el ministro compareció ante el Parlamento, interpelado por la oposición sobre la gestión carcelaria–, expresó que “situaciones puntuales que se vienen dando –de horror muchas veces–| son producto de un problema estructural que tiene nuestro sistema carcelario y debemos resolverlo”. En ese sentido, el titular de Interior presentó propuestas.
Nuevos módulos penitenciarios en predio de Libertad e interior del país
Tras no llegar a un acuerdo en la interna del Gobierno sobre crear un fideicomiso para la construcción de cárceles en la instancia de la Cámara Baja, el ministro presentó un nuevo proyecto para combatir el hacinamiento en las cárceles.
Heber anunció que ya tiene el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas para la construcción, bajo la modalidad CCC (Contrato de Construcción de Complejos Carcelarios con la financiación de capitales privados que el Estado pagará en diez años, con intereses), de tres módulos en el penal de Libertad y otros tres barracones en el interior del país para presos de baja peligrosidad.
“La idea es construir tres complejos carcelarios del mismo tenor y envergadura de los de Rivera (en la cárcel de Cerro Carancho)”, afirmó el ministro. “Queremos reproducir estos tres módulos en el predio de Libertad”, y “tres barracones para poder sacar cárceles que hoy están en el centro de las ciudades del interior, como es el caso de Artigas, de Tacuarembó y de Treinta y Tres”, detalló el jerarca. La urgencia en construir los tres módulos en el Penal de Libertad y los barracones, responden a la necesidad de “aliviar la tensión que muchas veces se produce por la superpoblación que tenemos sobre todo en el Compen”, aseguró el ministro.
“Debido a la urgencia que tiene el país de construir los mencionados centros carcelarios, estos serían factibles de ser financiados a diez años con recursos de nuestro presupuesto, más dineros que se comprometen en futuras rendiciones de cuenta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas”, anunció Heber. Estos nuevos seis centros penitenciarios tendrán un costo de alrededor de US$ 60.000.000. De esta forma se cubrirían 460 plazas en cada uno de los tres módulos del Penal de Libertad, más los 160 de los tres barracones, indicó Heber. Además, anunció que se precisarán entre 200 y 300 funcionarios por módulo.
Por otra parte, el ministro del Interior informó que se instrumentaron las dos comisiones aprobadas en la LUC: el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria y la Comisión de Estrategia Carcelaria. “Uno se ocupa de ayudarnos técnicamente en el manejo de las políticas que estamos instrumentando en la actualidad, y la Comisión, de alguna manera, establece una política carcelaria a mediano y largo plazo”, dijo Heber que, a su vez, recordó que “en el país no tenemos política carcelaria, y ello fue motivo de crítica por parte del comisionado parlamentario porque desde hace muchos años se viene pidiendo y no se ha elaborado”.
Heber indicó que “precisamente, estamos en plena elaboración de esa política”, motivo por el que ya mantuvo tres reuniones –una con la Comisión y dos con el Consejo–, para ir “instrumentando planes de reeducación que evalúan a las personas, y, sobre todo, proyectos que pueden ser bienvenidos de modo tal de que esto no quede únicamente en las manos del director del INR ni de su cuerpo de oficiales, sino que también participe (en el Consejo) gente del Ministerio de Educación y Cultura, la fiscalía y el Poder Judicial”. “En la Comisión hemos apelado a personas de larga trayectoria, quienes están pensando junto a nosotros en una política carcelaria del Uruguay a mediano y largo plazo, de modo que las acciones que tomemos hoy tengan una dirección en el futuro”, expresó el jerarca.
Renunció el fiscal de Corte Jorge Díaz
Este martes en conferencia de prensa Díaz señaló que la decisión no es de ahora, sino que la tomó a fines de 2020. Cabe señalar que el fiscal de Corte y procurador general de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo y debe contar con la venia del Senado con tres quintos de votos, y en caso de no haber acuerdo el Dr. Juan Gómez podrá continuar hasta 2025.
Durante la conferencia de prensa Díaz repasó su actuación en el cargo que ocupa desde abril de 2012. “El objetivo más importante fue la reforma procesal penal e instalar en Uruguay un proceso acusatorio, adversarial, oral y público”, indicó. “Los hechos, porfiados ellos, destruyeron el relato que se instaló por parte de algunos sectores de que éste era un código prodelincuentes que ataba de manos a la Policía y fomentaba la inseguridad”, opinó Díaz.
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