En un diagnóstico presentado por la Universidad Claeh a raíz de un estudio sobre las mujeres privadas de libertad, se indicó que unos 2.500 niños en Uruguay tienen a su madre o referente materna en cárceles. A su vez, se estima que el 23% de sus hijos mayores de edad también están en prisión.
Unas 75 mujeres privadas de libertad de Montevideo, Rivera y Salto fueron entrevistadas para el estudio “Diagnóstico sobre la situación actual, las principales problemáticas y necesidades de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay”, a cargo de la Consultora Nómade y la organización civil Vida y Educación en el marco del proyecto Crisálidas, financiado por la Unión Europea, y cofinanciado y ejecutado por la Universidad Claeh.
Entre los datos se destaca que, en promedio, las mujeres encarceladas tienen a cargo 2,65 hijos cada una, en tanto la media nacional es de 1,88. A su vez, una de cada diez no tiene hijos y el 32% tienen cuatro o más hijos. Las proyecciones indican que unos 2.500 niños tienen a su madre o su referente materna en prisión.
Entre las mujeres privadas de libertad se presenta una tendencia vinculada a la maternidad temprana, el 42% tuvo su primer hijo en la adolescencia y una cantidad similar antes de los 24 años. Otro dato revelado por el estudio indicó que el 38% de las mujeres presas tienen hijos mayores de 18 años de edad y que el 23% de ellos también está preso.
El estudio analizó cuáles son los temores y desafíos que esperan estas mujeres al cumplir con la pena, y en primer lugar nombraron la incertidumbre acerca de si conseguirán empleo que, junto al miedo de no poder estar con sus hijos, alcanzaron al 77% de las respuestas. El temor a no encontrar un medio de vida al salir del centro penitenciario fue una respuesta común en todos los casos consultados. En tanto, un 39% dijo temer que esto la lleve a tener que vivir en la calle.
Un 29% de las encuestadas aseguró que aún no ha pensado en el futuro fuera de la cárcel. Quienes tienen entre 18 y 24 años mencionaron la necesidad de contar con becas y pasantías de estudio o de trabajo. Las que tienen entre 18 y 39 plantearon su deseo de acceder formación profesional mientras que el acceso a la vivienda se presentó como una necesidad para las mujeres de entre 30 y 39 años. El 54% apuntó al Estado como la principal esperanza para proveer esas necesidades y el 28% a la familia.
El camino hacia el récord
El aumento de mujeres presas tuvo un pico en 2021 y luego se estabilizó. El incremento fue cercano al 28% respecto al año anterior, lo que marcó un promedio tres veces mayor que el de los hombres. De ese porcentaje, casi la mitad había cometido un delito vinculado al tráfico de drogas a baja escala.
El crecimiento del número de mujeres presas sobrepasó al sistema, por lo que el hacinamiento llegó a niveles críticos. Para finales de agosto de 2022 se estimó en una densidad de 156% de las plazas habilitadas para las mujeres a pesar de que se habían realizado ampliaciones en algunas unidades.
Desde fines del siglo XIX y hasta 1989, el Estado uruguayo delegó la prisión femenina en manos de las monjas del Buen Pastor, con una primacía de la visión de la delincuencia femenina como desvío moral. A finales de los ‘80 las cárceles en Uruguay eran administradas por órdenes religiosas (Iglesia Católica Apostólica Romana) gobernada por monjas, figuras femeninas sumisas, con hábitos de castidad, con un fuerte componente maternal (nutrición, sostén, abrigo, cuidados). A pesar del paso del tiempo y de los cambios institucionales, estos aspectos se encuentran presentes, significados en los estereotipos de género femenino.
El encierro en su mayor medida los refuerza, y quienes no tienen redes de apoyo afuera, se refugian en lo que han experimentado e «inconscientemente» recaen. Identifican en compañeras figuras femeninas como madre, abuela, y se refugian en el abrigo físico-emocional brindado; y, en algunos casos, se establecen relaciones sexoafectivas femeninas, explica el diagnóstico.
En la cárcel de mujeres en 1990 había 33 reclusas, en 1993, 39 y en 1997, 96. Para el año 2000 la población de mujeres en reclusión había ascendido a 240, lo que constituyó un incremento relevante teniendo en cuenta que en 1997 eran 96 las mujeres presas en Montevideo. Hoy, según cifras de 2022, el número de presas se ubica en 1033.
Otro dato relevante que menciona el diagnóstico es el que presenta un Informe elaborado por la Mesa de Trabajo sobre las Condiciones de las Mujeres Privadas de Libertad en 2006; el porcentaje de población femenina primaria (70%) es altamente superior al de los varones primarios (38%), lo que da cuenta del incremento de la participación de la mujer en la violación a la norma.
La intervención de la LUC
En octubre de 2022, el diario El País publicó un artículo en el que se comentó que para el gobierno el aumento de las mujeres encarceladas respondía a la lógica de que las mujeres delinquían más, especialmente en el mundo narco. Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, decía que muchas de estas mujeres eran formalizadas luego de allanamientos.
Por otra parte, defensores, fiscales y jueces consultados coincidían con asociar la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con la suba de las tasas de encarcelamiento femenino, en especial debido al castigo previsto para el ingreso de droga a prisión: un delito bastante común entre mujeres, que son las que visitan a los hombres.
La LUC tomó un artículo de la Ley de Estupefacientes del año 1974, que fija una pena de cuatro a 15 años de prisión para la entrega, venta, facilitación o suministro de drogas a menores de edad, y también para mayores.
Sensibilizar a la sociedad para ayudar a la reinserción
Entre las mujeres privadas de libertad en Uruguay, cerca de 700 cumplen prisión domiciliaria o medidas similares. De las cifras obtenidas en el trabajo se destaca que el 51% de estas mujeres fueron encarceladas por delitos vinculados al tráfico de drogas, en tanto el 20% están presas por rapiña y un 7% por homicidio. Andrea Hernández es cocoordinadora del proyecto Crisálidas, durante la presentación del diagnóstico señaló que la finalidad del proceso de investigación implica “conocer la realidad para aceptarla y trabajar más acertadamente sobre ella”.
Relató que es un estudio inédito que permite acercarse a esta realidad, realizar acciones como talleres socioeducativos que toman del diagnóstico algunas cuestiones para fortalecer dentro de la privación de libertad, también el componente sociolaboral, de forma de facilitar la reinserción en el mercado del trabajo.
Hernández comentó que se busca incidir de manera positiva en la política penitenciaria, además de contribuir a mejorar sus capacidades. Uno de los resultados más significativos que se quiere lograr con el diagnóstico es que se sensibilice a las empresas privadas para que apoyen la reinserción laboral de estas mujeres.
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