Cuando los hombres cometen y padecen injusticias entre sí y experimentan ambas situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir la otra, juzgan ventajoso concertar acuerdos entre unos hombres y otros, para no cometer injusticias ni sufrirlas. A partir de allí se comienzan a implantar leyes y convenciones mutuas, y a lo prescrito por la ley se lo llama “legítimo” y “justo”. Y este, dicen, es el origen y la esencia de la justicia.
Platón, La República.
Frente al escenario que ha abierto la caja de pandora de los bonos ganaderos, no solo han sido perjudicados miles de ahorristas que apostaron su dinero en la ruleta de Conexión Ganadera, sino que también quedó en evidencia cierta parálisis del Estado en referencia a la falta de controles, en algunos casos teniendo responsabilidad sobre el tema, como fue el caso de MGAP y la trazabilidad, y en otros, simplemente, como fue el caso del Banco Central del Uruguay (BCU), por ejemplo, que independientemente de que Conexión Ganadera no estuviera regulada bajo el marco legal regulatorio del BCU, existe un montón de normativas que incluyen bancos, cambios y otras entidades financieras donde posiblemente hayan fallado algunos controles.
Igualmente, es obvio que nada de esto hubiera podido funcionar por tanto tiempo sin la anuencia de una burocracia ineficiente, porque más allá de que este tema es, al final de cuentas, un negocio entre privados, ha sido históricamente en los puntos ciegos de la institucionalidad donde esta clase de maniobras suele funcionar.
No obstante, tampoco hay que minimizar ciertas cualidades de nuestro carácter nacional que ofician de germen para que esto u otras cosas deleznables sucedan. La primera de ellas es inevitablemente la ignorancia –tenemos una sociedad cuyo capital cultural viene reduciéndose–, porque como afirmó el futuro ministro de Economía el miércoles pasado en En Perspectiva, “cualquier persona que encuentra que el retorno para el promedio de las operaciones está por debajo del 3 o 4%, y hay alguien que está garantizando operaciones del 6, 7 u 8%, tiene que saber y comprender que está exponiéndose a un riesgo de naturaleza totalmente distinta”.
Ahora bien, resulta obvio que muchísimos de los ahorristas que apostaron por este negocio no sabían a lo que se exponían, lo que muestra tristemente una desconexión con la realidad tanto financiera como productiva. Y aunque en esa misma entrevista Gabriel Oddone manifestó que “es un tema [el de los bonos ganaderos] que tiene que ser mejor regulado”, la realidad es mucho más viscosa e incómoda. Porque el segundo aspecto que oficia como un tándem para que todo esto suceda es que la población de Uruguay, al ser mayoritariamente urbana, vive de espaldas a la producción, imaginando a la ganadería y a la agricultura como la gansa de los huevos de oro. Y ese imaginario no solo fue el anzuelo, sino que también esconde el problema de haber inoculado en la ciudadanía una perspectiva ideológica de la producción y no su perspectiva real, que es el sacrifico de trabajar con la tierra y el clima para producir alimentos de alta calidad.
Por otro lado, en Uruguay parece haber la convicción intersubjetiva de que cuanta mayor regulación haya, cuanta más cantidad de leyes se aprueben sobre un problema o tema concreto, el problema o el tema en sí va a desaparecer por arte de magia. Y nada más alejado de la realidad. Porque al final de cuentas, regular y no controlar nada no parecería darle mucho sentido a la regulación. Y hemos visto en las últimas décadas muchísimos casos en los que se repite ese mismo modus operandi.
Pero, además, generalmente frente a la excesiva regulación quienes terminan siendo perjudicados son los ciudadanos de a pie y los empresarios que apuestan por emprender en este país, porque el sistema delictivo –como lo han afirmado en este medio numerosos expertos en la materia– frente a una puerta o vía cerrada buscará otra que esté abierta desde la que operar. E incluso su producto al ser prohibido o excesivamente regulado aumentará de valor y margen.
De todas formas, cuando hablamos de regulación no solo nos referimos al caso concreto de las estafas y otras maniobras delictivas que puedan acontecer. Sucede lo mismo con las normativas ambientales que cada vez más imponen a los productores agropecuarios mayores exigencias productivas y burocráticas. Sin embargo, cuando una enorme empresa como UPM 2 ocasiona un derrame contaminando recursos que son de todos los uruguayos, o de uruguayos particulares que se ven directamente perjudicados por la contaminación, el Estado nunca está ahí presente para prevenir, sino que actúa una vez que el daño ya está hecho.
Algo aún más inquietante es lo que está sucediendo con los accidentes relacionados al tren de UPM, porque más allá de las razones esgrimidas por las autoridades en la materia, la responsabilidad no siempre puede ser de la ciudadanía. Hay algo en materia de seguridad ferroviaria que no está funcionando bien: faltan medidas de seguridad o falta educación; no hay otra. Ambas son responsabilidades del Estado, y aunque haya suficiente regulación, no obstante, estamos teniendo casi semanalmente noticias de nuevos accidentes ferroviarios.
Entonces, ante tantas cuestiones, se nota que el problema de la ineficiencia es más grande de lo que creíamos. En efecto, si consideramos la presencia del Estado en el territorio nacional, hay espacios, especialmente en Montevideo, en los que la ausencia del Estado es alarmante, y pareciera que en algunas de esas llamadas “zonas rojas” hay un Estado dentro del Estado, y se sabe que las bandas que gobiernan algunos de estos territorios tienen mayor poder de fuego que la propia Policía.
En definitiva, y este es el punto de esta columna, lo que parecería fundamental –viendo los elementos sobre la mesa– es fortalecer la institucionalidad del Estado, tanto desde el punto de vista técnico, político y territorial, como también desde el punto de vista cultural, en el sentido de que se necesita generar en Uruguay una cultura del “bien común”, que no se quede en las minorías, sino en la idea y fundamento de una república, que es el bienestar colectivo a través del desarrollo individual. Pues como bien lo sintetizaba J. E. Rodó, “el deber del Estado consiste en predisponer los medios propios para provocar, uniformemente, la revelación de las superioridades humanas, dondequiera que existan”. Ya que como hemos visto a lo largo de la historia, cuando se habla de mayor regulación se termina con una mayor burocracia, y eso significa, paradójicamente, tener menor eficiencia y control.
TE PUEDE INTERESAR:
