En marzo de este año la COMAP aprobó un proyecto de inversión por US$ 12 millones a una conocida cadena de farmacias local. Esto habilita a la firma a obtener exenciones fiscales por aproximadamente US$ 6 millones.
Esto significa que el Estado sacrifica recaudación futura a cambio de algunos empleos –decimos algunos porque es uno de los misterios del funcionamiento de la COMAP– y otros criterios de elegibilidad. En algunas tiendas políticas circula la interrogante de si no es más conveniente para el Estado invertir estos preciados fondos fiscales en el mantenimiento del empleo en el sector de pymes. Parecería ser que esa es la dirección en la que van los países desarrollados.
Llama especialmente la atención cuando los comercios de frontera vienen reclamando desde hace más de un año beneficios fiscales que empalidecen ante la magnitud de las exenciones que se otorgan a sectores que en nada contribuyen a un aumento de la producción nacional.
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