Crisis comparativas

La pandemia ha venido a agravar profundamente una situación económica nacional que ya se encontraba en decadencia por una combinación de tipo de cambio real deprimido, altos costos internos y la finalización del superciclo de los productos primarios.

El desafío está en revertir esta tendencia a la brevedad. Por más que el actual gobierno haya recibido como datos el actual detonante sanitario y la gestión previa de tres administraciones frentistas, la historia tiende a hacer caso omiso de los rezagos en el impacto de las políticas.

Lo que sí puede hacer la historia es ofrecer ejemplos de episodios similares en el pasado que – como mínimo – pueden servir para identificar aspectos esenciales de la situación y sugerir posibles caminos a analizar. También pueden ofrecer nociones de la magnitud y complejidad de los problemas a enfrentar. Las comparaciones son odiosas, pero la historia insiste en repetirse.

Los dos antecedentes comparables más recientes del Uruguay fueron las salidas de las crisis de 1982-84 y 2002. Por tratarse de una crisis de liquidez más que de solvencia y por la salida rápida que tuvo la economía en aquel entonces, creemos que la crisis del 2002 tiene menos aspectos en común con la actual y la de 1982-84. Además, el ingrediente sanitario de la actual situación agrega un elemento de incertidumbre mas parecido al contexto político-institucional de 1985 que a la salida quirúrgica del 2002.

Marco económico de 1985

Como escribe Sanguinetti acerca del comienzo de su primer quinquenio, “si no se crecía hacia fuera todo se haría ilusorio”. Estaba en juego nada menos que la institucionalidad, cuyo afianzamiento dependía de una vigorosa recuperación económica. El modelo de crecimiento se basaba en la expansión de las exportaciones y su efecto positivo sobre el resto de la economía.

Pero internamente la economía era un campo minado con sobrendeudamiento de los sectores productivos, gran fragilidad de la banca comercial nacional y la constante presión fiscal del servicio de la deuda externa. La meta era poner en marcha la economía sin detonar crisis. Para ello fue esencial la concertación política y el apoyo brindado por Ferreira Aldunate y Seregni.

Pascale a su vez cuenta de la peculiar coexistencia de altas expectativas y baja confianza de la gente con relación a la coyuntura. Se asociaba al retorno a la institucionalidad una esperanza de gratificación material casi milagrosa, al tiempo que cualquier paso en falso hubiese convalidado el descreimiento en el gobierno.

La refinanciación de 1985

El atraso cambiario atenta contra la producción, pero la devaluación súbita pone en juego la estabilidad del sistema bancario. Esto se debe especialmente a quienes optan endeudarse a tasa menor en moneda extranjera. Si no generan ingreso en dicha moneda, la devaluación vuelve impagable su deuda y la creciente morosidad bancaria pone en jaque al sistema.

Así sucedió en los meses previos y posteriores a la caída de la tablita en noviembre de 1982. Ya desde antes las refinanciaciones se fueron sucediendo y a su vez creando expectativas de nuevas refinanciaciones. Las deudas impagables iban acumulando y los bancos estaban cada vez más comprometidos hasta que en 1984 las autoridades decretaron lisa y llanamente una moratoria de deuda.

En diciembre del ´85 el nuevo gobierno promulgó una ley de refinanciación que abarcó la casi totalidad de deudores – tanto agropecuarios como industriales – por un plazo de hasta 10 años

En ese mismo año los bancos extranjeros – liderados por Citibank y Bank of America – vendieron al Banco Central del Uruguay carteras de prestamos incobrables por valor de USD216 millones (4% del PBI), descontando dicho monto de un préstamo de USD540 a la institución. Los bancos extranjeros argumentaban que “enviar a jurídica” estos préstamos para su ejecución detendría la actividad económica del país. Los bancos locales, en cambio, no pudieron participar en la operativa debido a su falta de dólares.

Frente a una situación tan apremiante, en diciembre de 1985 el nuevo gobierno promulgó una ley de refinanciación que abarcó la casi totalidad de deudores – tanto agropecuarios como industriales – por un plazo de hasta 10 años. Si bien no fue un “punto final”, al menos brindó certeza jurídica a los deudores.

Los bancos locales – en cambio – poco a poco fueron rescatados y gestionados por el BROU y eventualmente la CND, con vistas a una eventual reprivatización cuyo controvertido proceso comenzaría en marzo de 1990 bajo un nuevo gobierno.

Diferencias en común

Comenzando por los elementos en común, podríamos decir que ambas situaciones (la actual y la de 1985) se caracterizan por un entorno internacional poco favorable, aunque actualmente se debe agregar el elemento pandémico como fuente de incertidumbre en cuanto a la recuperación económica global.

En 1985 la economía global ya se había recuperado de la recesión del 81-82 y la incertidumbre giraba en torno las negociaciones de la deuda externa y los problemas internos del país.

El contexto macroecónomico aparece más sólido en la actualidad que en aquel entonces, con particular énfasis en la inflación. La situación de reservas también compara favorablemente. El déficit fiscal de 1984 fue casi el doble del 5% resultante en 2019.

Para 1984 el tipo de cambio real ya había alcanzado su pico, devolviéndole competitividad a las exportaciones. En 2020, si bien ha habido una sustancial mejora en los últimos semestres, no se puede descartar que la suba continúe.

En materia de capacidad ociosa el país tuvo una respuesta dinámica a partir de 1985, llegando prontamente a su potencial productivo. No hay motivo para pensar que esto no ocurra en la actualidad, si están dadas las condiciones de rentabilidad y el apoyo crediticio.

En cuanto a la solvencia empresarial, hoy el campo disfruta de una situación patrimonial más desahogada que en el 1985, principalmente por el fuerte aumento en el valor de las tierras. El sector industrial, en cambio, aparentemente se encuentra más comprometido.

El sistema bancario en general se encuentra más saludable en el presente que hace 35 años, luego de la desaparición de la banca nacional privada a partir de la crisis del 2002. Es de esperar que participe activamente en extender crédito a los sectores productivos y participe en el apoyo a deudores cuyas circunstancias reflejen más una situación de iliquidez que de solvencia.

Es siempre preferible que las situaciones de deudores comprometidos – especialmente los grandes deudores – se resuelvan caso por caso, en contraste con medidas de índole general que recompensan tanto a santos como a pecadores.

A falta de información más detallada es difícil a priori recomendar uno u otro camino. Pero lo que sí queda claro es que no tiene sentido rescatar a empresas si no existen condiciones para que sean rentables. Los esfuerzos deberían encaminarse a reducir los costos energéticos y financieros de la producción.